La primera edición de INFRACON, organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) en la Ciudadela de Salud Vidawasi de Urubamba, tuvo todos los ingredientes de un gran encuentro. El presidente de la SNCI, Roque Benavides, su vicepresidente Carlos Neuhaus y el director ejecutivo César Candela reunieron a un auditorio de empresarios, técnicos y políticos de alto nivel. A ellos se sumaron cinco ministros de Estado, autoridades regionales y representantes del sector privado.
El marco era ideal: discutir las oportunidades y desafíos de la infraestructura como motor de desarrollo, en un momento en que el Perú arrastra una brecha superior a los USD 160 mil millones. El encuentro se planteaba como un espacio para acercar visiones y reforzar la confianza entre el sector público y la inversión privada.
LOS NÚMEROS DEL MEF
El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, presentó un panorama optimista. Resaltó que el Perú mantiene una de las deudas públicas más bajas de la región (menos del 35 % del PBI), lo que le otorga margen de maniobra para seguir invirtiendo. Subrayó la estabilidad macroeconómica: inflación controlada, crecimiento proyectado en torno al 3 % para 2025 y un esfuerzo por recuperar la inversión privada, que se había retraído tras la pandemia y la inestabilidad política.
Pérez Reyes destacó una cartera de megaproyectos en transporte, energía, salud y saneamiento que, según dijo, permitirán dinamizar la economía y reducir la desigualdad territorial. Señaló además que la confianza de los mercados internacionales en la solidez fiscal del país se mantiene, como quedó demostrado en la reciente colocación de bonos soberanos en soles y dólares por USD 5800 millones.
Su discurso, en suma, buscó enviar un mensaje claro: el Perú sigue siendo un país confiable para invertir.
Su predecesor Salardi advirtió que, “si no se honra, puede romper cadenas de pago muy importantes”.
LA SOMBRA DE LA “ARRUGA”
Pero detrás de la foto optimista, emergió con fuerza un problema que amenaza con desbordar cualquier discurso: la deuda impaga de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). En su intervención, el jefe de la entidad, Hernán Yaipén, no eludió el tema. Reconoció que la ANIN arrastra compromisos heredados de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que suman nada menos que S/ 6 mil millones.
Se trata de 194 proyectos con 54 contratos firmados que quedaron sin financiamiento asegurado. “No es un problema de planificación, sino de falta de asignación de recursos”, explicó Yaipén. “Hemos recibido contratos firmados y necesitamos un fondo especial para honrar esas obligaciones”.
Según confirmó CARETAS en Urubamba, el MEF evalúa aprobar entre S/ 750 millones y S/ 1000 millones, pero esa cifra apenas cubriría una fracción de lo adeudado. De mantenerse el actual ritmo de financiamiento, obras programadas al 2031 podrían terminar recién en 2040 o 2045.
EL RIESGO DE ROMPER LA CADENA DE PAGOS
El problema no es solo contable. Una deuda de esa magnitud pone en riesgo la cadena de pagos del sector construcción. Miles de proveedores y contratistas dependen de esos desembolsos para cumplir con sus compromisos laborales, financieros y tributarios.
Una ruptura de la cadena de pagos tendría consecuencias inmediatas:
- Paralización de obras en curso, con costos crecientes de reinicio.
- Despidos masivos de trabajadores en el sector construcción, que en 2024 generó un promedio de 155 000 empleos.
- Quiebra de empresas medianas y pequeñas, que dependen de los flujos del Estado.
- Pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para gestionar grandes proyectos, lo que se traduce en menor apetito de inversionistas privados.
En un país que dice buscar cerrar la brecha de infraestructura, la ironía es brutal: el mismo Estado que promete más inversión es el que deja de pagar las obras ya comprometidas.
SALARDI ADVIERTE
El exministro de Economía José Salardi fue directo en su conversación con CARETAS:
“Estamos hablando de una deuda gigante que, si no se honra, puede romper cadenas de pago muy importantes. Esto afectaría no solo a los contratistas principales, sino a toda la red de proveedores. El Perú ya ha vivido episodios similares de enfriamiento económico por incumplimientos en infraestructura, y no podemos repetir ese error”.
Salardi recordó que el problema estaba identificado desde hace años, y que la solución no pasa únicamente por inyecciones puntuales de recursos, sino por un cambio estructural en el modelo de ejecución. “Debemos apostar más por APP y Obras por Impuestos, que permiten distribuir riesgos y garantizar continuidad. Si seguimos cargando al Tesoro con obras públicas tradicionales sin respaldo presupuestal, la historia se repetirá”.
ENTRE LA PROMESA Y LA REALIDAD
La primera INFRACON cumplió con el objetivo de reunir a autoridades y empresarios para discutir el futuro de la infraestructura. Pero también evidenció una contradicción difícil de ocultar: mientras el MEF proyecta confianza y solidez, la ANIN reconoce que carece de recursos para cumplir con contratos firmados.
Para algunos asistentes, el balance fue claro: de poco sirve hablar de megaproyectos y cifras alentadoras si en paralelo el Estado mantiene una “arruga” de miles de millones con las mismas empresas a las que convoca como socias estratégicas.
El Perú necesita con urgencia cerrar su brecha de infraestructura. Pero para lograrlo no basta con exhibir balances macroeconómicos saludables ni anunciar nuevas inversiones. Es indispensable pagar lo que ya se debe, asegurar la continuidad de proyectos en marcha y proteger la cadena de pagos que sostiene miles de empleos.
Urubamba dejó una lección clara: la confianza se construye con palabras, pero solo se consolida con hechos. (Enrique Chávez)
