Escribe: Enrique Chávez
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció la presentación de un proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación a ceder espacio —una “franja” obligatoria— para difundir los supuestos avances del gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La iniciativa se ampara en el estado de emergencia vigente, como si ese estado excepcional suspendiera los principios esenciales del orden democrático.
No es así. La libertad de expresión y la libertad editorial no se anulan en estado de emergencia, y menos aún pueden ser subordinadas al interés político del gobierno de turno.
El Perú ha vivido etapas oscuras de control y manipulación mediática. Durante la dictadura militar, las expropiaciones y clausuras afectaron directamente a los medios, entre ellos CARETAS. Décadas más tarde, durante el régimen de Alberto Fujimori, se compraron líneas editoriales enteras y se castigó a los pocos medios independientes —como esta revista— con embargos publicitarios y asfixia financiera. Sabemos lo que está en juego.
Ahora, bajo el pretexto de la seguridad, se pretende imponer una verdad oficial a la fuerza, cuando lo que más necesita el país es claridad, transparencia y pluralidad. Si el Gobierno de Dina Boluarte desea comunicar sus acciones, tiene múltiples canales legítimos para hacerlo: conferencias de prensa, entrevistas abiertas, vocerías técnicas y políticas. No ha hecho nada de eso con la constancia ni la claridad necesarias.
La presidenta se ha limitado a lanzar acusaciones contra medios y periodistas, a sugerir golpes blandos donde hay crítica legítima, y a mantenerse en un aislamiento mediático que contradice el deber de rendición de cuentas.
Este proyecto de ley, lejos de fortalecer la lucha contra la delincuencia, golpea los cimientos de la democracia: una prensa libre y una ciudadanía informada. Además, se suma a otras propuestas peligrosas, como la impulsada por Perú Libre para agravar las penas por supuestos delitos de difamación vinculados al periodismo, en contra de la tendencia internacional hacia su despenalización.
No se trata de defender una línea editorial específica. Se trata de defender el derecho a que existan todas. Porque un ecosistema de medios plural e independiente es infinitamente preferible a una orquesta que solo entone el himno del poder.
