El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos ha encendido las alarmas en el panorama político y social del país. La designación, realizada el 23 de agosto en Palacio de Gobierno, ocurre apenas cinco meses después de que el Congreso lo censurara por su gestión al frente del Ministerio del Interior.
Santibáñez no solo enfrenta cuestionamientos políticos, sino también una investigación fiscal abierta por presunto tráfico de influencias, además de una orden judicial que le impide salir del país por 18 meses. Estas circunstancias ponen en jaque la credibilidad de quien ahora lidera una cartera clave para la justicia y los derechos humanos.
¿Cómo se justifica su regreso?
Tras su salida del Ministerio del Interior, Santiváñez fue asignado como jefe de la Oficina de Apoyo al Consejo de Ministros, una posición estratégica desde donde mantuvo contacto directo con altos funcionarios y congresistas. Su cercanía con la presidenta Dina Boluarte, según diversos informes, habría sido decisiva para su retorno al gabinete.
Este movimiento político abre un debate crucial: ¿Puede alguien bajo investigación y con antecedentes de censura asegurar la independencia y la transparencia que exige el Ministerio de Justicia?
Impacto y críticas desde el Congreso
El Ministerio de Justicia es responsable de reformas sensibles, como la gestión penitenciaria y la representación legal del Estado en tribunales internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La llegada de Santiváñez genera preocupación sobre un posible conflicto de intereses y el debilitamiento del Estado de derecho.
El congresista Diego Bazán, uno de los principales impulsores de la censura en marzo, calificó el nombramiento como “una burla a la justicia” y denunció que el cargo ministerial ofrece protección judicial mediante el antejuicio político, complicando las investigaciones en curso.
¿Una nueva crisis política a la vista?
El nombramiento también ha provocado que varios sectores del Congreso consideren presentar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por permitir la inclusión de Santiváñez en el gabinete. Esta decisión podría agudizar la inestabilidad política y profundizar la crisis que atraviesa el Ejecutivo.
Además, se especula sobre un reajuste de poder interno, donde Santiváñez consolidaría una posición influyente en torno a las decisiones presidenciales, posiblemente incluso sobre el propio jefe del gabinete.
¿Puede la justicia confiar en su nuevo líder?
Más allá de la legalidad, la percepción pública es clave para fortalecer la legitimidad del sistema judicial. La presencia de un ministro cuestionado y bajo investigación pone en riesgo la confianza ciudadana y el equilibrio institucional en un momento crítico para el país.
