El informe anual sobre el estado de los derechos humanos de Amnistía Internacional señala que la excarcelación del expresidente, Alberto Fujimori, constituye una vulneración al derecho a la justicia a las víctimas y deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En el informe también se indica que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) fue un desacato a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que habían ordenado al Estado peruano abstenerse de restituir los efectos del indulto que en el 2017, el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori.
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Entre los fundamentos de la Corte IDH para pedir que no se ejecute lo dispuesto por el TC estaba que el exmandatario no había cumplido con los supuestos que implica el recibir el perdón presidencial, ya que por ejemplo, nunca pidió perdón a las víctimas ni reconoció sus delitos.
Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2009 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por ser el autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones leves por los casos Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro agravado al periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.