Protocolo interinstitucional para la detención domiciliaria
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobó el Decreto Supremo N° 001-2026-JUS, que establece el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la detención domiciliaria. Esta medida busca garantizar la presencia efectiva del procesado durante el desarrollo del proceso penal, asegurando su custodia en el domicilio autorizado.
El protocolo define roles y responsabilidades para cada institución del Sistema de Justicia Penal, incluyendo Policía Nacional del Perú (PNP), Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, estableciendo procedimientos estandarizados para la ejecución de la medida.
Custodia policial y control del domicilio
Entre los lineamientos más relevantes se encuentra que la PNP tiene un plazo máximo de 72 horas para verificar la vivienda donde se cumplirá la medida, con la posibilidad de solicitar una ampliación excepcional por el mismo periodo. La custodia policial puede ser permanente o itinerante, según el riesgo de fuga o de obstrucción del procesado.
En la modalidad itinerante, se aplicarán mecanismos de control como visitas inopinadas y, de ser necesario, vigilancia remota del domicilio, generando alertas que garanticen la efectiva aplicación de la medida. Además, si el juez impone restricciones de comunicación con determinadas personas, la policía deberá registrar las visitas al domicilio y remitir la información al fiscal o autoridad judicial de manera mensual.
Situaciones especiales y coordinación institucional
El protocolo también contempla situaciones extraordinarias, como emergencias médicas del procesado o familiares directos. En estos casos, el custodio policial acompañará al procesado adoptando las medidas de seguridad necesarias y dando cuenta al juzgado correspondiente.
Asimismo, el Decreto Supremo establece que las instituciones involucradas deberán formular directivas y guías que aseguren el cumplimiento integral del protocolo. Este trabajo se da en el marco de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, que integra al Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.