El Gobierno acelera una de las reformas más ambiciosas del sistema penitenciario en los últimos años. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció que este martes el Consejo de Ministros debatirá la propuesta del decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y asumirá también la gestión de los centros juveniles a nivel nacional.
Según informó el titular del sector, la norma establecerá un periodo de transferencia de 90 días y permitirá que la SUNIR alcance su funcionamiento pleno, como máximo, en junio de 2026. El objetivo central, subrayó, es recuperar el control del sistema penitenciario, reforzar la seguridad interna y avanzar hacia un modelo de resocialización más eficiente frente al avance del crimen organizado.
Una reforma estructural del sistema penitenciario
La creación de la SUNIR implica la disolución del INPE y su reemplazo por una entidad con una estructura institucional renovada, mayor capacidad operativa y un diseño enfocado en la toma de decisiones estratégicas. A esta nueva superintendencia se integrarán también las funciones del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), unificando así la administración de adultos privados de libertad y adolescentes en conflicto con la ley.
Desde el Ministerio de Justicia se sostiene que la fragmentación institucional ha sido uno de los principales obstáculos para enfrentar la crisis carcelaria. La SUNIR buscará corregir esa debilidad mediante una gestión centralizada, especializada y orientada tanto al control penitenciario como a la reinserción social.
Recuperar la autoridad y enfrentar el crimen organizado
Martínez Laura afirmó que la reforma responde a un problema público claramente identificado: la persistencia de condiciones criminógenas en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles. Estas condiciones, señaló, no solo afectan a los internos, sino que tienen un impacto directo en la seguridad ciudadana.
“La decisión del Estado es firme. Necesitamos cárceles más seguras, con autoridad, y un sistema de resocialización que funcione”, sostuvo el ministro, al remarcar que la SUNIR será una herramienta clave en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que opera desde los penales.
Medidas operativas y control interno
La creación de la nueva superintendencia se complementa con acciones operativas que ya vienen ejecutándose en los centros penitenciarios. Entre ellas destacan las requisas permanentes, la reclasificación de internos y su separación según niveles de peligrosidad, así como la descentralización de servicios estratégicos como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Estas medidas buscan reducir el control informal que ejercen organizaciones criminales dentro de las cárceles y restablecer el principio de autoridad del Estado en los establecimientos de reclusión.
Bloqueo de comunicaciones ilícitas
Otro eje central de la reforma es el fortalecimiento del control de las comunicaciones ilegales desde los penales. El ministro informó que se ampliará el bloqueo de señales de telefonía celular y se reforzará el trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para detectar y eliminar antenas clandestinas utilizadas para coordinar actividades delictivas.
El Ejecutivo considera que cortar los canales de comunicación ilícita es fundamental para debilitar a las redes criminales que operan desde los centros de reclusión y que extienden su influencia fuera de ellos.
Un cambio institucional en evaluación política
La propuesta de creación de la SUNIR será debatida en el Consejo de Ministros en un contexto de alta expectativa política y social. De aprobarse, marcará un punto de quiebre en la gestión penitenciaria del país, al cerrar una etapa representada por el INPE y abrir un nuevo modelo institucional que apuesta por el control, la seguridad y la resocialización.
La implementación efectiva de la reforma, sin embargo, dependerá no solo del diseño normativo, sino también de los recursos, la capacidad operativa y la voluntad política para sostener los cambios en el tiempo.