La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios llevó a cabo esta mañana un operativo de gran alcance en las regiones de La Libertad, Áncash y Lima, como parte de una investigación por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La intervención, ejecutada por orden judicial, incluyó allanamientos y detenciones preliminares contra varios investigados vinculados a un presunto esquema ilícito que involucraría la manipulación de decisiones administrativas a cambio de beneficios económicos.
El operativo estuvo liderado por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien confirmó que la investigación se encuentra en etapa preliminar y que el despliegue simultáneo tenía como objetivo asegurar documentación, celulares, equipos electrónicos y otros elementos relevantes para esclarecer la red de vínculos entre funcionarios, operadores y particulares.

Óscar Acuña Peralta bajo investigación
Abia informó que entre las personas comprendidas en la investigación figura Óscar Acuña Peralta, quien habría tenido participación en el circuito de influencias que actualmente analiza el Ministerio Público. Su presunta intervención —según fuentes fiscales— estaría relacionada con la articulación de contactos estratégicos para favorecer decisiones dentro del Estado o facilitar trámites a terceros.
Aunque no se ha detallado si Acuña fue incluido dentro de los detenidos preliminarmente, el Ministerio Público ha confirmado que su conducta es materia de verificación fiscal y forma parte del núcleo de interés en esta etapa de la pesquisa.
Operativo simultáneo en tres regiones
La diligencia ejecutada por la fiscalía incluyó intervenciones en viviendas, oficinas y otros inmuebles en las provincias de La Libertad, Áncash y Lima, donde los agentes incautaron documentos y dispositivos electrónicos que servirán para reconstruir la estructura de la supuesta organización criminal.
Según la información preliminar, la red habría operado aprovechando influencias en entidades estatales para direccionar decisiones clave, gestionar nombramientos, presionar a funcionarios y obtener ventajas ilegales a cambio de pagos.
Fuentes de la investigación señalan que los allanamientos responden a meses de seguimiento y análisis de comunicaciones, con la finalidad de identificar a los operadores de la red y los canales de coordinación que utilizaban.
Tráfico de influencias y organización criminal
La investigación fiscal se centra en determinar cómo operaba el entramado denunciado, quiénes lo lideraban y qué beneficios económicos se habrían generado.
El delito de tráfico de influencias, según el Código Penal peruano, castiga a quienes invocan o ejercen poder real o supuesto sobre un funcionario público para obtener decisiones favorables. Si este accionar se articula de manera estructurada, podría configurarse el agravante de organización criminal, que implica penas más severas.
Avances de la diligencia
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha detallado el número de detenidos, pero adelantó que se han asegurado elementos que podrían resultar decisivos en la siguiente fase de la investigación.
El fiscal Abia también confirmó que las diligencias continuarán en los próximos días con la toma de declaraciones y análisis de la documentación incautada.
Esta intervención refuerza las acciones de la fiscalía contra redes ilícitas que estarían operando dentro de estructuras administrativas en distintas regiones del país.