La Fiscalía de la Nación amplió por ocho meses, la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de los muertos en las protestas antigubernamentales.
Esta decisión se da a pocos días de que el plazo de la investigación culmine, ya que solo había tiempo hasta el 25 de octubre. Con esto, se da cuenta de que la investigación es compleja y que existe la necesidad de realizar diligencias que permitan esclarecer los hechos.
La investigación también alcanza al expremier, Pedro Angulo, a los exministros César Cervantes Saavedra y Víctor Rojas, así como a los actuales titulares de las carteras del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Chávez Cresta respectivamente.
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Joseph Campos, abogado de la presidenta, pidió que la investigación sea archivada y señaló que su patrocinada no tiene responsabilidad penal ni política en la muerte de más de 40 civiles en las movilizaciones que se desarrollaron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
Por otro lado, los abogados de los familiares de los asesinados, cuestionan que Dina Boluarte se haya acogido a su derecho al silencio en los interrogatorios de la Fiscalía y que no les haya permitido formular sus preguntas.
