El jueves 23 de enero, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República convocó a una mesa de trabajo con expertos de distintos sectores vinculados a la administración de justicia. El objetivo: analizar la autógrafa de la ley observada que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que ha generado controversia en diversos ámbitos.
La sesión fue presidida por Isaac Mita Alanoca (PL), titular del grupo de trabajo, quien destacó la importancia de contar con las opiniones de juristas, funcionarios y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos para una evaluación integral de la propuesta. La mesa de trabajo se extendió por más de tres horas, en las que se discutieron las implicancias de la restitución de esta medida cautelar y se plantearon diversas recomendaciones, entre ellas, la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en procesos judiciales de este tipo.
Aportes clave para la resolución del problema de inseguridad
Isaac Mita Alanoca subrayó que los aportes brindados por los especialistas serán fundamentales para la elaboración del dictamen final, el cual buscaría dar una respuesta efectiva a la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país. En la sesión participaron, además, los congresistas José María Balcázar Zelada (PL) y Alejandro Muñante Barrios (RP), quienes también ofrecieron sus perspectivas sobre la importancia de equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos civiles.
Uno de los puntos clave en la discusión fue la opinión de Wilberd Cold Espino Medrano, representante del Ministerio Público, quien aseguró que existen mecanismos de control que impiden que la prisión preliminar se convierta en un instrumento de abuso o coacción. “El Ministerio Público actúa como defensor de la legalidad y del respeto a los derechos de las personas”, expresó.
En la misma línea, Enrique Miranda Souza Infante, de la Defensoría del Pueblo, remarcó la importancia de la detención preliminar en la lucha contra la delincuencia, pero hizo un llamado a evitar los abusos en su aplicación. “La detención debe ser usada como una herramienta legítima, pero con un firme compromiso de proteger los derechos humanos”, manifestó.
El equilibrio entre justicia y derechos
Desde la perspectiva de la abogada Guilliana Loza Ávalos, la restitución de la detención preliminar sin flagrancia como medida cautelar es crucial, siempre que se justifique adecuadamente y se garantice el respeto de las garantías procesales del imputado. Por su parte, Humberto Abanto Verástegui insistió en la necesidad de una aplicación rigurosa que respete los derechos del acusado, destacando la relevancia de la notificación clara sobre las acusaciones y las audiencias correspondientes.
Uno de los temas que generó debate fue la propuesta del congresista José María Balcázar Zelada de formar una comisión encargada de revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, frente a las quejas relacionadas con la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial. El legislador también cuestionó el uso de “argumentos suficientes” como base para la detención, y sugirió estudiar alternativas como el uso de grilletes electrónicos para mitigar el hacinamiento en las cárceles, así como la presencia de jueces desde el inicio del proceso judicial.
Diversos puntos de vista
Entre los asistentes a la mesa de trabajo también se encontraron figuras destacadas, como el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, José Neyra Flores, y los asesores de la Oficina Técnica de la Implementación del Código Procesal Penal en el Ministerio Público, quienes contribuyeron al debate con sus valiosas perspectivas.
El debate sobre la detención preliminar, especialmente en los casos que no involucran flagrancia, sigue siendo uno de los temas más polémicos en la agenda política y judicial del país. A medida que se avanza en la discusión, se hace cada vez más urgente encontrar un equilibrio entre la eficacia de las medidas de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En los próximos días, la Comisión de Justicia continuará trabajando en el dictamen final, que, según los involucrados, deberá reflejar las recomendaciones y preocupaciones de todos los actores consultados, con el fin de construir un sistema de justicia más justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos.