Escribe: Rodrigo Chillitupa
Un grave escándalo salpica a la gestión del ministro de Salud, Luis Dyer, quien acaba de cumplir hace poco un mes en el cargo. Mediante diversos documentos, al que pudo acceder CARETAS, enviados a la Contraloría General de la República, al Minsa y una denuncia penal ante el Ministerio Público, el Consorcio Optimus Security SAC – Guardia Civil Company SAC denunció una serie de graves irregularidades que apuntan a un esquema de presunta corrupción dentro de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte.
Esta entidad, dependiente del sector que dirige el ministro Dyer, mantiene un prolongado incumplimiento y falta de pago de las contraprestaciones económicas correspondientes a cinco meses de servicio, acumulando una deuda que asciende a S/. 8,367,232.64.
Según detalla el contratista, el servicio esencial de seguridad y vigilancia las 24 horas —regulado bajo el Contrato N° 32-2025-MINSA-DIRIS-LN— se venía ejecutando plenamente y contaba con la conformidad formal del área usuaria de la propia institución. No obstante, la DIRIS Lima Norte mostró un sospechoso "silencio negativo" ante los reiterados requerimientos de pago presentados formalmente.
Los representantes del consorcio calificaron la conducta de la entidad como un incumplimiento contractual flagrante, y abusivo que busca la "asfixia económica del contratista" para forzar su salida. Esta postura de hostigamiento contrasta abiertamente con las normas y los manejos formales internos de la entidad.
Y es que documentos oficiales revelan un presunto favorecimiento y doble estándar en la gestión de fondos públicos, ya que mediante la resolución administrativa N° D000066-2026-DA-DIRIS.LN, la propia dirección administrativa aprobó de forma directa el reconocimiento de pago por "enriquecimiento sin causa" a favor de otra empresa Grupo Seguridad Estratégica S.A.C. por la suma de S/ 1,275,015.77, del 2022, validando prestaciones ejecutadas sin que existiera un contrato vigente que lo justifique, y utilizando presupuesto del 2026 que debería servir para atender las necesidades prioritarias del presente año .
La denuncia penal identifica como los principales responsables de esta gestión de mala fe a la directora general de la DIRIS Lima Norte: Libny Betsabeth More Huamán; a la directora ejecutiva de la Dirección Administrativa, Gregoria Yojany Llacsahuanga Nuñez, quien firmó digitalmente la polémica resolución de pago sin contrato; y al jefe de la Oficina de Abastecimiento, Giancarlos Gonzales Anapan. Sobre este último, el consorcio cuestionó un direccionamiento en su nombramiento en un área tan crítica, señalando que no cuenta con la experiencia de jefatura previa exigida para el cargo y que habría sido puesto recientemente allí para resolverle el contrato ante la negativa de su antecesor.
Esta retención ilegítima de fondos ha desatado un grave conflicto social con los más de 500 agentes de seguridad que custodian las sedes administrativas y los centros de salud de la red de Lima Norte. El personal operativo, al tomar conocimiento del desinterés de las autoridades, inició varias protestas que ponen en riesgo la integridad de los pacientes y médicos.
El consorcio aclaró que, a la fecha, ha cumplido con abonar los salarios de sus trabajadores correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio empleando recursos propios, a fin de no desamparar a las familias de los vigilantes. Sin embargo, advirtieron que la situación se ha vuelto insostenible por la falta de transferencia de los fondos públicos que por ley les corresponden, mientras la entidad prefiere priorizar pagos irregulares fuera de procesos de licitación formal.
Finalmente, el contratista exigió la intervención inmediata de la Fiscalía Anticorrupción y de la alta dirección del Minsa para deponer este actuar arbitrario, cumplir con la obligación de pago y garantizar la transparencia en el resguardo de las instalaciones de salud de Lima Norte.
Fuentes de la propia DIRIS Lima Norte indicaron a CARETAS que existirían audios que demostrarían actos de corrupción a fin de favorecer a otra empresa de vigilancia y para esto buscaron a como de lugar concluir con el contrato del Consorcio Optimus Security SAC – Guardia Civil Company SAC para luego adjudicarle directamente a la empresa que está detrás de todo esto. En las grabaciones se escucharía a funcionarios de esa entidad con supuestos operadores, los cuales demostrarían que existen brazos políticos detrás y la existencia de una red criminal.
“Al cortar el contrato a la empresa de vigilancia nos permiten contratar a una empresa de forma directa y sin concurso. El ministro Dyer ya conoce sobre estos hechos y no hace nada”, dijo una fuente allegada a la alta dirección de esa entidad.