Hace casi seis meses y medio que la denuncia constitucional que presentó la hoy destituida fiscal Patricia Benavides en contra de la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves, está encajonada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que preside la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso). Esto, pese a que el artículo 89 del Reglamento del Congreso fija 10 días hábiles para que se elabore el informe que decidirá la procedencia o improcedencia de la acusación.
Camones Soriano reconoció a CARETAS que la denuncia que también comprende al expremier, Alberto Otárola y a los exministros del Interior, César Cervantes, Vicente Romero y Víctor Rojas está pendiente de ser calificada, sin embargo, no respondió cuando se le preguntó el porqué de la demora.
Similar suerte podría correr la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en contra de la jefa de Estado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio por recibir como “préstamos” tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con brillantes y una pulsera Bangle, como “agradecimiento” por aprobar millonarias transferencias adicionales al presupuesto del Gobierno Regional de Ayacucho.
En la sesión del martes 4 de junio, se dio cuenta de la denuncia en la sesión de la SAC y al cierre de esta nota, no se había presentado el informe de calificación respectivo. Tendrían hasta el martes 18 de junio para hacerlo.
Al parecer, los bajos índices de popularidad de la mandataria no parecen ser un factor que haga que el Congreso se cuestione, al menos de momento, su permanencia en Palacio de Gobierno. El Legislativo no solo ha rechazado siete mociones de vacancia contra la jefa de Estado, sino que también archivó por lo menos 11 denuncias constitucionales en su contra. La mayoría de ellas, se desestimaron cuando la abogada apurimeña ya se había enfundado la banda presidencial.
De hecho, la única que se archivó antes de que asumiera la Presidencia fue en julio del 2022, cuando se la acusaba de haber ejercido los cargos de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social al mismo tiempo que era presidenta del Club Departamental Apurímac. Es a partir de setiembre del 2023 que las acusaciones contra la mandataria empiezan a ser archivadas.
A Dina Boluarte se le ha perdonado, entre otras cosas, el no consignar a sus familiares -entre ellos a su hermano Nicanor- en su declaración jurada de intereses; el respaldar el toque de queda que quiso imponer el expresidente, Pedro Castillo, el 5 de abril del 2022; el haber sido jefa de una oficina de Reniec al mismo tiempo que estaba investida con la vicepresidencia y la titularidad del MIDIS; la suscripción del proyecto de ley que convocaba a una Asamblea Constituyente; y las 50 muertes de civiles en las protestas antigubernamentales que marcaron el inicio de su gobierno.
Sin embargo, desde diciembre del 2022, la mandataria tiene 13 denuncias constitucionales en curso que esperan ser calificadas, para luego iniciar con las investigaciones que lleven a la elaboración de un informe final.
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Por ejemplo, el 23 de noviembre del 2022, se presentó una denuncia constitucional contra el expresidente, Pedro Castillo y sus Gabinete en pleno -Dina Boluarte incluida- por haber respaldado la cuestión de confianza que presentó el entonces primer ministro, Aníbal Torres, para derogar la ley que precisaba los alcances del referéndum. Apenas el 31 de enero del 2023, la presidenta dio sus descargos por escrito. Ha pasado más de un año y medio y no se ha elaborado un informe final.
Están también esperando la respectiva calificación seis denuncias constitucionales contra la mandataria por las muertes en las manifestaciones contra su gestión. Una de ellas, presentada entre otros por el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Jhon Lapa Oré, pide adicionalmente, la vacancia presidencial.
La SAC que hasta el momento está en manos de APP, también deberá iniciar el trámite de la denuncia que presentó el congresista Juan Burgos (Podemos Perú) por la emisión del decreto de urgencia 006-2024, que otorgó S/ 100 000 000 al Gobierno Regional de Ayacucho, por la relación que tendría con el Caso Rolex. Por este mismo tema, Elías Varas (Perú Bicentenario) denunció a Boluarte por no consignar estos accesorios de lujo en su declaración de bienes y rentas.
El constitucionalista, Omar Cairo, explicó que las denuncias constitucionales contra la mandataria que le atribuyan un delito cometido en funciones, solo podrían seguir el trámite en la SAC y aunque fuesen aprobadas, la Comisión Permanente no podría acusarla durante su mandato, debido a la protección que le da el artículo 117 de la carta magna.
Sin embargo, si Boluarte es denunciada por infracción a la Constitución, el Pleno podría someterla a un juicio político que podría devenir en su destitución, suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.