Una grave situación de riesgo financiero y operativo se ha encendido dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush), a cargo de Ernesto Álvarez.
CARETAS pudo conocer que la Oficina de Abastecimiento de dicho sector había aprobado formalmente la convocatoria pública para contratar el servicio de supervisión y rehabilitación del establecimiento penitenciario de Pucallpa.
Sin embargo, la Oficina de Inversiones de la misma institución habría solicitado de manera verbal y sin un sustento técnico, solo de manera interna y arbitraria, retrotraer todo el proceso de selección.
Esta alarmante medida amenaza con paralizar de forma definitiva un proyecto de infraestructura carcelaria clave, el cual acumula un amplio historial de complicaciones técnicas y retrasos.
Precisamente, mediante un documento al que accedió esta revista, el Consorcio Penal Pucallpa anunció formalmente que se encuentra ante un impedimento normativo insalvable para continuar con los trabajos del proyecto rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa.
Mediante la carta N° 97-2026-CPP, el consorcio dirigió un apercibimiento final de 24 horas al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, exigiendo la inmediata incorporación de una empresa supervisora o la formalización de la suspensión de la obra por causas exclusivamente imputables a la entidad estatal.
Según el documento firmado por el representante común del consorcio, Iván A. Villacorta Borges, la valorización acumulada de la obra ya superó el límite legal de S/ 4,300 000.00 establecido en el artículo 14 de la Ley N° 32513 (Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2026).
Bajo este escenario técnico-económico, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe de forma tajante que las obras continúen siendo controladas por inspectores provisionales de la propia entidad, requiriendo obligatoriamente el soporte de una supervisión especializada e independiente.
"Pretender que el contratista continúe ejecutando, asumiendo por su cuenta el riesgo de construir sin control suficiente y sin pronunciamientos técnicos oportunos, es inadmisible", señala el requerimiento, alertando que no se ejecutarán partidas que luego puedan quedar ocultas o ser rechazadas por falta de un órgano de control formal.
Asimismo, el consorcio denunció que la entidad estatal incumplió el compromiso asumido el pasado lunes 17 de agosto de 2026. En dicha fecha, ambas partes acordaron en Lima elaborar un acta para suspender temporalmente el plazo contractual de forma ordenada a partir de este viernes 21 de agosto. Sin embargo, PRONAPRES optó por el silencio, omitiendo responder las comunicaciones y eludir la firma del documento de suspensión.
El consorcio advirtió que la paralización material generará millonarios sobrecostos al Estado peruano, los cuales serán reservados y reclamados mediante los canales legales del contrato N° 016-2025-INPE-OIP. Solo por concepto de gastos generales variables, el impacto diario estimado asciende a S/ 14,803.72.
A esto se sumarán los costos directos por maquinaria y personal inmovilizado, custodia de los frentes de obra, preservación de estructuras frente a las lluvias de la Amazonía, desmovilización y extensión de seguros y garantías.
Finalmente, el documento ha sido puesto en conocimiento del Órgano de Control Institucional (OCI), la Contraloría General de la República y la Procuraduría Pública correspondiente.
Responsabilidades
El abogado penalista Humberto Abanto señaló en diálogo con CARETAS que, tras la decisión de la empresa de paralizar la obra por falta de una empresa supervisora, las consecuencias penales recaerían en funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Según el letrado, los responsables que paralizaron la contratación de la supervisión habrían cometido los presuntos delitos de omisión de acto funcional y falta grave en lo administrativo disciplinario.