Un debate de alto voltaje político
La Comisión de Constitución y Reglamento se prepara para un debate decisivo este viernes 28 de noviembre, cuando discuta el dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La sesión de este lunes estuvo marcada por la sustentación del premier Ernesto Álvarez Miranda y ministros involucrados, quienes detallaron los alcances del Proyecto de Ley 13280/2025-PE.
El pedido del Gobierno plantea intervenir en tres ejes centrales: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
La jornada dejó en evidencia que el tema no solo es técnico. La discusión también genera tensiones políticas y abre una pregunta clave:
¿Debe el Congreso conceder facultades amplias al Ejecutivo en un contexto de transición gubernamental?
Interrogantes claves en seguridad y gestión pública
Varios congresistas expresaron dudas sobre la amplitud del pedido. Uno de los temas más sensibles fue la regulación de la seguridad ciudadana, que incluye propuestas para endurecer normas penales y ampliar competencias del Estado.
Entre las preguntas centrales que surgieron destacan:
- ¿Se justifican nuevas figuras penales para la extorsión cuando el Código Penal ya regula la tentativa?
- ¿La delegación permitirá realmente combatir al crimen organizado o solo ampliará la discrecionalidad del Ejecutivo?
- ¿Qué garantías tendrá el Parlamento sobre el adecuado uso de fondos y mecanismos de fiscalización?
La preocupación por el alcance de las medidas se extendió también a propuestas vinculadas con la gestión pública, el uso de recursos públicos y el funcionamiento de entidades clave.
El rol de los MERESE y el riesgo de desnaturalizar fondos ambientales
El presidente de la comisión, Arturo Alegría, subrayó su inquietud sobre el uso adecuado de los fondos MERESE (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos).
Alegría advirtió que una redistribución injustificada podría desviar recursos que hoy sostienen zonas turísticas y áreas naturales protegidas. Ante ello, propuso que se garantice, incluso con facultades legislativas, que los fondos lleguen a las regiones y no pierdan su finalidad ambiental.
El debate ambiental generó una reflexión transversal: ¿la delegación pondrá en riesgo recursos claves para la conservación del patrimonio natural y turístico del país?
Patricia Juárez: solicitud “ambiciosa” y preocupación por nuevas superintendencias
La legisladora Patricia Juárez Gallegos consideró que el pedido del Ejecutivo es “ambicioso” y excede claramente la materia de seguridad ciudadana.
Cuestionó iniciativas como:
- Creación de nuevas superintendencias, pese a ser un gobierno de transición.
- Transferencia de competencias de bienestar animal al SENASA, medida que calificó como una “reversión de la descentralización”.
- Propuesta de que SUNAT acceda a fondos de contribuyentes con deudas tributarias, lo que consideró un “exceso” y un riesgo para la seguridad jurídica.
Juárez también recordó que el agravamiento de penas no ha mostrado resultados efectivos en la lucha contra la inseguridad.
Cavero pide claridad en extorsión y critica normativas culturales
El congresista Alejandro Cavero Alva pidió precisión en la definición del delito de extorsión para evitar confusiones con el cobro legítimo de deudas. Asimismo, propuso derogar la ley vigente sobre asociaciones público–privadas en patrimonio cultural, a la que calificó de “burocrática”.
Cavero también denunció un dato alarmante:
el país cuenta con una sola fiscalía especializada para más de 25 mil sitios arqueológicos, lo que constituye una evidente desprotección del patrimonio nacional.
El parlamentario respaldó la propuesta que permite destinar el 10 % del canon a infraestructura turística y sugirió ampliarlo para restauración y conservación de bienes culturales. Mencionó el caso de Kuélap, donde mejorar accesos no basta si el sitio continúa deteriorándose.
Migración y seguridad en la mira: respaldo de Alva y Tudela
Las legisladoras María del Carmen Alva Prieto y Adriana Tudela Gutiérrez respaldaron la modificación de la normativa sobre refugiados. Indicaron que, ante el incremento de ingresos irregulares, se requiere una legislación que garantice una migración ordenada, vinculada también a los esfuerzos de seguridad interna.
Ambas señalaron que este punto no debe ser visto solo como un tema humanitario, sino como parte de un enfoque integral sobre seguridad ciudadana, especialmente en zonas fronterizas.
Echaíz: advertencia sobre reformas profundas y filtraciones
La congresista Gladys Echaíz fue una de las voces más críticas. Indicó que varias propuestas del Ejecutivo implican reformas legales profundas que requieren más análisis y no deberían aprobarse vía delegación.
Sobre los cambios planteados para sancionar la filtración de información de inteligencia, advirtió que “en muchos casos, son las propias instituciones las que filtran información”. Por ello, planteó la necesidad de una reorganización interna de la PNP antes de introducir nuevas penalidades.
Respecto a nuevos tipos penales en extorsión, recordó que el Código Penal ya regula la tentativa y señaló que crear figuras adicionales podría generar duplicidades.
Juárez Calle alerta sobre trabas a la ANIN
La congresista Heidy Juárez Calle expresó su rechazo a artículos que, según afirmó, burocratizan la labor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Criticó que todas las acciones deban pasar por el MEF, lo que, según dijo, contradice el objetivo de agilizar la inversión pública.
Recordó que existen más de 114 proyectos paralizados en el Perú, muchos con más del 50 % de avance y sin financiamiento oportuno.
Balcázar respalda inteligencia criminal como fase preprocesal
El congresista José Balcázar mostró su respaldo a la propuesta de modificar el Código Procesal Penal para reconocer la inteligencia criminal como fase preprocesal.
Sostuvo que esta medida no vulnera el artículo 159 de la Constitución y que la Policía ya realizó labores de inteligencia durante la lucha contra el terrorismo sin afectar la conducción fiscal.
Pidió también revisar plazos de interceptación telefónica, fortalecer la tecnología policial y actualizar el Código Penal, señalando que este fue diseñado para delitos individuales y no para el crimen organizado contemporáneo.