El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría un dictamen que modifica la Ley Orgánica de Elecciones para establecer un orden de prioridad en el uso de locales destinados a la instalación de mesas de sufragio en todo el país.
La medida obtuvo 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y fue exonerada de segunda votación, por lo que podrá entrar en vigencia en el corto plazo.
Instituciones educativas como primera opción
La norma establece que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) deberá priorizar el uso de universidades, institutos e instituciones educativas —públicas y privadas— como principales locales para instalar mesas de sufragio.
Según el dictamen, esta disposición busca garantizar espacios más accesibles, seguros y adecuados para el desarrollo de los procesos electorales.
Problemas de infraestructura electoral
Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, señaló que diversos informes, incluida una evaluación de la Defensoría del Pueblo, advierten que muchos locales de votación no cumplen condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad e idoneidad.
Esto, según explicó, evidencia la necesidad de mejorar la selección de espacios donde se instalan las mesas de sufragio, a fin de asegurar un proceso más ordenado y eficiente.
Orden de prioridad para locales de votación
La norma aprobada modifica el artículo 65 de la Ley 26859 y establece el siguiente orden de preferencia para la instalación de locales electorales:
En primer lugar, universidades e instituciones educativas; en segundo lugar, locales de municipalidades y entidades públicas; luego edificios públicos no vinculados a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o autoridades políticas; y finalmente otros espacios que la ONPE considere adecuados.
Objetivo: mejorar el proceso electoral
El Congreso sostiene que la reforma busca garantizar mejores condiciones logísticas para el desarrollo de las elecciones, asegurando que las mesas de sufragio se ubiquen en espacios con adecuada accesibilidad y seguridad para los electores.
La norma también apunta a cerrar vacíos legales que dificultaban la correcta designación de locales de votación en procesos anteriores.