La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó, el pasado 13 de mayo de 2026, las acumuladas denuncias constitucionales 362 y 464, las cuales señalaban a la congresista Katy Ugarte Mamani (coalición Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial) de presuntamente recortar el sueldo a trabajadores de su despacho.
El debate culminó con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, librando a la funcionaria de las acusaciones con el descontento de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso).
Katy Ugarte evade sanción por "ausencia de evidencia"
En marzo de 2024, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a la legisladora de izquierda por presunta concusión en calidad de autora, un delito contra la administración pública penada con hasta 8 años de cárcel y con hasta 365 días de multa, según el artículo 382 del Código Penal peruano, además de infringir los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Carta Magna, en agravio del Estado.
Poco más de dos años después, el Parlamento mandó al archivo definitivo esta denuncia. ¿Cuál fue el argumento? La falta de "evidencia concreta, directa y verificable". Según se explicó en el informe final, "no puede afirmarse que las conductas atribuidas configuren vulneración a los preceptos constitucionales señalados".
Por otro lado, Gladys Echaíz, congresista por la bancada Honor y Democracia, intentó revertir la decisión, solicitando una cuestión previa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que las denuncias vuelvan a debate; sin embargo, fue rechazada rotundamente por sus colegas con una votación de 6 a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
Katy Ugarte y el caso 'Mochasueldos'
En 2023, el dominical Cuarto Poder reveló una red de 'recaudación voluntaria' desde los interiores del despacho de Ugarte que habrían tenido como beneficiaria final a la misma congresista. Según la investigación, fueron chats en WhatsApp los que comprobaron los cobros a los trabajadores: S/ 300 a técnicos y S/ 400 a los asesores, así hasta lograr la suma de al menos S/ 2.000.
Al ser increpada por el caso, la legisladora siempre evadió la responsabilidad, alegando que ella no era la recaudadora ni benefactora de esto; sin embargo, el portal periodístico expuso que el nexo del dinero de los trabajadores hacia la congresista fue Yuri González, quien trabajó en el Legislativo hasta 2025.
Congresistas como María Cordero, Edgar Tello, José Arriola, María Acuña, entre otros, también fueron señalados por el mismo delito en sus respectivos despachos.