La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso abrió este martes una nueva etapa en el proceso parlamentario contra el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El ex premier enfrenta denuncias constitucionales por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa y por el supuesto uso indebido de recursos del Estado.
La audiencia estuvo encabezada por Lady Camones, presidenta de la comisión y representante de la bancada de Alianza para el Progreso. La sesión se desarrolló de manera reservada luego de que la defensa del ex jefe del gabinete ministerial solicitara mantener bajo reserva el proceso, pedido que fue aceptado por el grupo parlamentario en aplicación del Reglamento del Congreso.
Aunque Alberto Otárola no asistió personalmente a la diligencia, acreditó como representante legal a su abogado Hans Maycof Casachagua Collazos, quien participó en la audiencia en nombre del ex funcionario.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa cuatro denuncias
El proceso parlamentario acumula las denuncias constitucionales 460, 462, 463 y 587, presentadas por los congresistas Elías Varas, Juan Burgos y Jaime Quito, además de la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela.
Las acusaciones contra Alberto Otárola incluyen presuntos delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias en agravio del Estado.
El principal cuestionamiento gira en torno a una presunta influencia indebida en la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez dentro del Ministerio de Defensa, durante el periodo en que Otárola ejercía funciones en el Ejecutivo.
Además, el expediente parlamentario incluye señalamientos relacionados con el presunto uso de un vehículo oficial para actividades de carácter personal.
Defensa pidió audiencia reservada
La audiencia se realizó sin acceso público luego de que la defensa del ex premier solicitara aplicar el carácter reservado contemplado en el literal d4 del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aceptó el pedido y continuó con la sesión bajo esa modalidad, en medio de la expectativa política generada por el caso.
Por la parte denunciante participaron el congresista Elías Varas Meléndez y el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera Baltasar, adscrito al área de enriquecimiento ilícito.
La defensa de Alberto Otárola estuvo a cargo del abogado Hans Maycof Casachagua Collazos, quien asumió la representación legal durante toda la diligencia parlamentaria.
Caso mantiene impacto político
El proceso contra el ex jefe del gabinete ministerial se mantiene como uno de los casos de mayor impacto político dentro del Congreso, debido a la cercanía que Otárola tuvo con el gobierno de Dina Boluarte durante los primeros meses de gestión.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá continuar evaluando las denuncias y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un informe final con eventuales recomendaciones de acusación constitucional.
Este grupo de trabajo parlamentario tiene la función de investigar presuntas infracciones constitucionales y delitos cometidos por altos funcionarios durante el ejercicio de sus cargos.
Mientras tanto, el caso de Alberto Otárola vuelve a colocar bajo discusión política las investigaciones relacionadas con presunto tráfico de influencias y contrataciones dentro del aparato estatal.