El congresista Hamlet Echeverría Rodríguez, integrante de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley N.º 31990, conocida como la norma que limitó el proceso de colaboración eficaz, herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La iniciativa legislativa apunta a restablecer la versión original del Código Procesal Penal antes de las modificaciones impulsadas por el Congreso entre 2023 y 2024.
Según informó Exitosa Noticias, el Proyecto de Ley N.º 13013/2025-CR fue presentado el lunes 27 de octubre a través de la plataforma institucional del Parlamento. El texto propone dejar sin efecto los artículos 473, 476-A y 481-A del nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.º 957), que fueron alterados por la cuestionada Ley 31990, calificada por diversos especialistas como una “ley pro crimen”.
Una ley bajo sospecha
El congresista Echeverría argumenta que la Ley 31990 representó un retroceso en la administración de justicia, al modificar de forma sustancial las condiciones del proceso de colaboración eficaz. En su exposición de motivos, el legislador advierte que las reformas aplicadas han debilitado una de las herramientas más efectivas para desarticular redes criminales y perseguir delitos de corrupción, narcotráfico y trata de personas.
Entre las principales observaciones, el parlamentario destaca que el artículo 473 impone un límite de ocho meses para la firma del acuerdo de colaboración, lo que en la práctica reduce la posibilidad de obtener información clave en investigaciones complejas. Asimismo, el artículo 481-A permite revelar la identidad del colaborador eficaz, lo que vulnera la reserva y pone en riesgo la integridad de quienes deciden cooperar con la justicia.
Rechazo ciudadano y comunitario
Echeverría recordó que la norma fue ampliamente rechazada por la comunidad jurídica y por sectores de la ciudadanía que advirtieron su impacto negativo en la lucha anticorrupción. Organismos especializados, exfiscales y abogados penalistas consideraron que la ley debilitó el sistema de incentivos para que los colaboradores aporten información valiosa, afectando la eficacia del Ministerio Público en casos de gran envergadura.
“La Ley N.º 31990 ha significado un retroceso en la administración de justicia, al afectar la colaboración eficaz, uno de los principales instrumentos en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción”, señala el proyecto en su exposición de motivos.
Restablecer una herramienta clave
El documento también cita a la Corte Suprema de Justicia, que ha reconocido la colaboración eficaz como un procedimiento “autónomo y reservado”, conforme al Decreto Supremo N.º 007-2017/JUS. En ese sentido, el congresista propone derogar la norma vigente y restablecer las disposiciones previas del Código Procesal Penal para garantizar un proceso más eficiente, reservado y coherente con los objetivos del sistema de justicia penal.
De ser aprobado, el proyecto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, tras su debate y votación en el Pleno del Congreso. Con ello, se busca revertir los efectos de una legislación que, según críticos, benefició a investigados por corrupción y crimen organizado, debilitando la capacidad del Estado para sancionarlos.