El exprocurador público de la Contraloría General de la República, Amado Enco Tirado, denunció a la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, y a otros dos integrantes del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE) por el presunto delito de abuso de autoridad. La acusación está relacionada con la decisión que puso fin a sus funciones el 9 de julio de 2026.
La denuncia también comprende a Edmundo Alberto Guardia Yzaguirre, representante de la Contraloría ante el Consejo Directivo de la PGE, y a Magno Abraham García Chávarri, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante dicho órgano.
Enco sostiene que su salida vulneró el régimen aplicable a su cargo y que se utilizó una causal que, según su interpretación, no permitía interrumpir el periodo para el que fue ratificado.
Amado Enco denuncia a procuradora María Caruajulca
Amado Enco ingresó al cargo de procurador público de la Contraloría tras obtener el primer lugar en el Concurso Público de Méritos, Convocatoria Individual N.° 09-2022/PGE. Los resultados finales, publicados el 7 de diciembre de 2022, le otorgaron 108 puntos, frente a los 88 puntos del accesitario Marco Antonio Vargas Núñez. Su designación se formalizó mediante la Resolución N.° D000037-2023-JUS/PGE-PG, publicada el 8 de enero de 2023.
La Ley 31778, publicada el 7 de junio de 2023, estableció que los procuradores públicos de organismos constitucionalmente autónomos son elegidos por los titulares de sus respectivas entidades mediante concurso público y por un periodo de cinco años. Como su designación ocurrió antes de la vigencia de esta norma, Enco fue sometido al proceso de evaluación y ratificación previsto en la disposición transitoria. El entonces contralor lo ratificó mediante la Resolución de Contraloría N.° 351-2023-CG, del 2 de octubre de 2023. Por ello, sostiene que su periodo debía culminar en octubre de 2028.
Sin embargo, la PGE emitió el 9 de julio de 2026 la Resolución N.° D000438-2026-JUS/PGE-PG, que dio por culminada su función como procurador público de la Contraloría. El documento oficial señala como causal el “término de la designación”, previsto en el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 1326. Enco cuestiona que esta disposición haya sido aplicada para terminar anticipadamente su periodo.
Ley 31778 y el periodo de cinco años para procuradores
La Ley 31778 modificó el Decreto Legislativo N.° 1326 y estableció un régimen específico para los procuradores públicos del Congreso, Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos. La norma señala que estos funcionarios son elegidos por los titulares de las entidades correspondientes mediante concurso público y que ejercen el cargo durante cinco años.
En su denuncia, Enco sostiene que el artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 1326 contempla las causales para el término de la función de los procuradores públicos. Entre ellas se encuentran la renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente, término de la designación, destitución como medida disciplinaria y el límite de edad de 70 años. Según su argumento, la “pérdida de confianza” no aparece como una causal independiente de cese en dicha norma.
El exprocurador también cuestiona que la condición de “servidor de confianza” permita una remoción discrecional en su caso. Afirma que accedió al cargo mediante concurso público de méritos y que posteriormente fue ratificado por la Contraloría, bajo el régimen que estableció un periodo de cinco años para este tipo de procuradurías. La resolución de la PGE, no obstante, sustentó su salida en el “término de la designación” contemplado en el artículo 38.
Denuncia incluye al representante de la Contraloría
Enco atribuye responsabilidad en su cese a María Caruajulca, Edmundo Guardia y Magno García, quienes integraban el Consejo Directivo de la PGE en el marco de las funciones que les correspondían. Según la denuncia, el órgano acordó por unanimidad el 8 de julio de 2026 poner fin a sus funciones. El exprocurador cuestiona que esta decisión haya considerado la denominada “pérdida de confianza” como sustento para su salida.
Durante esa sesión, según el documento presentado por Enco, se expusieron cuestionamientos sobre su desempeño en la defensa de los intereses de la Contraloría. La denuncia menciona información vinculada con miles de informes de control, procesos judiciales y resultados de casos civiles. Enco sostiene que, si existían presuntas irregularidades o faltas funcionales, correspondía iniciar el procedimiento disciplinario respectivo y garantizar su derecho de defensa.
El exprocurador señala que ya afrontaba el Procedimiento Administrativo Disciplinario N.° 043-2026, relacionado con una denuncia del congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo por un proceso judicial.
También cuestiona una actuación posterior de la Contraloría: mediante el Memorando N.° 000160-2026-CG/DC, del 3 de agosto de 2026, el contralor César Enrique Aguilar Surichaqui encargó a Guardia Yzaguirre la supervisión de la Procuraduría de la Contraloría. Enco pide que estos hechos formen parte de las diligencias para determinar si existió responsabilidad penal.