Con 16 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen de la propuesta de ley que busca que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puedan ser sometidos a juicio político.
La propuesta había sido severamente cuestionada porque implicaría que las autoridades electorales sean sancionadas con la destitución, inhabilitación o suspensión en base de criterios políticos y no jurídicos.
Incluso, el JNE había dejado sentada su posición en la opinión técnica que envió al Parlamento para elaborar el documento que finalmente fue aprobado. Señalaron que la propuesta vulnera la independencia de las instituciones electorales, que por su naturaleza deben estar separadas del poder político.
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El Reniec también cuestionó que el proyecto busque que su titular sea sometido a juicio político, debido a que el trabajo institucional que realizan es técnico.
Sin embargo, el grupo presidido por Martha Moyano (Fuerza Popular) siguió adelante con el proyecto, al punto que fue aprobado y ahora deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, el dictamen debe ser aprobado con 87 votos en dos legislaturas ordinarias consecutivas o tener el apoyo de una mayoría simple y posteriormente ser sometida a referéndum.