El abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, ha expresado sus preocupaciones respecto al archivamiento de la investigación que se seguía al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuestos financiamientos irregulares durante su campaña electoral en 2011. Pérez, quien también forma parte del equipo político Juntos por el Perú (JP), cuestionó abiertamente el manejo que ha tenido la Fiscalía de la Nación en este caso.
En sus declaraciones, Pérez enfatizó que la decisión de archivar el caso Westphall es insostenible. “El caso se encuentra con una acusación pendiente de fijar fecha de juzgamiento. Existen otras investigaciones que vinculan a Kuczynski con el financiamiento de sus actividades políticas, pero lo que es innegable es que esto es consecuencia del manejo que ha tenido Tomás Gálvez”, sostuvo el abogado, refiriéndose a la situación del expresidente.
José Domingo Pérez critica el archivamiento del caso Kuczynski
El abogado explicó que el archivo definitivo de la causa se encuentra bajo la jurisdicción de una fiscalía especializada en lavado de activos, específicamente por los aportes recibidos durante la campaña electoral de Kuczynski.
Asimismo, Pérez se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo considere un indulto a favor de su defendido, Pedro Castillo. “Según lo que hemos conversado con el doctor Walter Ayala, existe la intención de trabajar de manera coordinada en esta materia. Comprendemos que hay ciertos aspectos a nivel del Ejecutivo que necesitan ser corregidos, y estaremos atentos para que se lleve a cabo el trámite correspondiente”, añadió.
¿Indulto a Castillo?
Durante su intervención, Pérez resaltó que el presidente José María Balcázar tomará las decisiones pertinentes en relación al indulto.
José Domingo Pérez, quien se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República como abogado defensor de Castillo, también abordó los decretos de urgencia que supuestamente emitió el expresidente durante su gestión. Estas acciones habrían facilitado transferencias de recursos a distintos ministerios sin la aprobación del Legislativo, lo que ha provocado un debate sobre la legalidad y la ética de dichos procedimientos.