KEIKO FUJIMORI llegó a Palacio con un reloj imaginario en la mano. En su mensaje del 28 de julio dijo que comenzaban “exactamente 1826 días de gestión” y prometió método, disciplina, metas medibles y rendición de cuentas. Era una manera de admitir que su gobierno no tendría luna de miel.
Después de una década de crisis, los peruanos no estamos dispuestos a concederle cien días de aprendizaje: exigimos, para empezar, seguridad desde la primera noche y prevención antes de la primera lluvia del inminente Niño global. Pero, un mes después, no hay plan contra el crimen organizado que se conozca, menos resultados. Los choferes muertos y atacados a balazos no han disminuido ni la sensación de inseguridad y abandono estatal. Quizá han querido maquillar estadísticamente algunos muertos, pero es demasiado burdo para creerlo. Y, en el tema del Niño sin precedentes que se nos viene, una DANA al sur de Lima y lluvias en Arequipa demostraron que no tenemos capacidad de reacción estatal para salir de la emergencia.
EL EQUIPO NARANJA
Fujimori juramentó rápidamente a sus diecinueve ministros, pero la fotografía del gabinete transmitió más experiencia reciclada que renovación. Exministros, excongresistas, militares retirados, antiguos funcionarios y políticos que han transitado por varios partidos ocuparon las carteras principales. Algunos críticos acérrimos del fujimorismo y de Keiko Fujimori, en el pasado reciente, hoy son parte de su gabinete ministerial. La ventaja es que muchos conocen el Estado. La desventaja es que algunos también arrastran sus viejos cuestionamientos. Las declaraciones juradas revelaron investigaciones fiscales y procesos —vigentes o concluidos— consignados por quince ministros.
Luis Galarreta declaró procesos por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal; el ministro del Interior, César Astudillo, una investigación por presunto peculado; y el titular del Ambiente, Vladimiro Huaroc, decenas de investigaciones acumuladas durante su paso por el Gobierno Regional de Junín. Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, informó de una antigua sentencia por lesiones culposas.
Una investigación no equivale a culpabilidad y mezclar expedientes archivados con procesos activos puede resultar engañoso. Pero un gobierno que ofrece “tolerancia cero contra la corrupción” estaba obligado a explicar cada caso antes de que lo hiciera la prensa. La idoneidad no solo debe existir: también debe ser defendible. Debajo de los ministros apareció otro problema: la falta de cuadros. La propia presidente reconoció retrasos en la designación de viceministros. Sin esa segunda línea, los ministros pueden pronunciar discursos, pero difícilmente convertirlos en expedientes, presupuestos, decretos y operaciones. La filtración de un borrador todavía inmaduro sobre facultades legislativas —seguida de sospechas dentro del gabinete— retrató a un Ejecutivo que prometía orden mientras terminaba de organizarse.
Está con procesos activos puede resultar engañoso. Pero un gobierno que ofrece “tolerancia cero contra la corrupción” estaba obligado a explicar cada caso antes de que lo hiciera la prensa. La idoneidad no solo debe existir: también debe ser defendible. Debajo de los ministros apareció otro problema: la falta de cuadros. La propia presidente reconoció retrasos en la designación de viceministros. Sin esa segunda línea, los ministros pueden pronunciar discursos, pero difícilmente convertirlos en expedientes, presupuestos, decretos y operaciones. La filtración de un borrador todavía inmaduro sobre facultades legislativas —seguida de sospechas dentro del gabinete— retrató a un Ejecutivo que prometía orden mientras terminaba de organizarse. Está a punto de cumplir un mes en el gobierno y, hasta el cierre de esta columna, el Congreso no había recibido el pedido de facultades legislativas. Más bien, voceros del Gobierno, han negado o desbaratado algunas medidas que, se supone, eran parte de su agenda inmediata, como leyes excepcionales para perseguir tecnológicamente a las bandas de extorsionadores y mitigar los efectos del Niño global, o medidas tributarias para incentivar el empleo e inversión o anular buena parte de los feriados nuevos e injustificados que, en el balance, están perjudicando la economía nacional.
EL AMIGO DE LA PRESIDENTE
Antes de cumplir un mes en Palacio de Gobierno, la revista Hildebrandt en sus Trece puso al descubierto a Damián Valenzuela Mayer, el amigo tucumano de la presidente de la República. Al margen de que la nota periodística de Eloy Marchán no haya distinguido los temas penales de civiles o comerciales en el caso de Valenzuela, era conocido, en el primer círculo de colaboradores de Keiko Fujimori y en algunos corrillos periodísticos, que la lideresa de Fuerza Popular tenía un amigo argentino de mucha confianza cuyo criterio y consejos terminaron imponiéndose en su estrategia de campaña en la segunda vuelta, especialmente en el debate presidencial.
En esta columna, el 11 de junio pasado, a manera de metáfora dijimos que, en el debate con Roberto Sánchez, Fujimori había aplicado la receta culinaria del asado argentino, poniendo en el asadero solo una pieza de carne chaucha apenas con sal gruesa y fuego lento (en alusión a que fue muy suavecita con su rival de turno) cuando la comida peruana necesita más condimentos. Sus asesores peruanos le habían preparado puyazos certeros contra el candidato de izquierda.
Keiko le perdonó la vida a Sánchez por consejo de su íntimo amigo Damián o Gerardo, como suele llamarlo en confianza. No se trata de inmiscuirse en la vida privada de la presidente, porque por más jefa de Estado que sea, tiene derecho a la intimidad. Pero la respuesta de Fujimori al ampay del semanario preocupa. Ella ha negado relación sentimental alguna con el argentino Valenzuela y, para justificar sus reuniones privadas con él, ha declarado que tiene varios amigos extranjeros que colaboraron con su campaña sin cobrar un solo centavo por su trabajo.
Ha mencionado al estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, exviceministro de Defensa del Gobierno federal estadounidense y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, y al periodista y analista político español Román Cendoya. Tanto Díaz-Rosillo como Cendoya hicieron defensas públicas de la candidatura de Fujimori en entrevistas con medios locales. Al que no se le vio jamás fue a Valenzuela. Pero los tres son conocidos asesores de empresas transnacionales y más de una vez han hecho gestión de intereses a favor de sus asesoradas.
No es sano para un régimen que recién empieza que la presidente esté rodeada de asesores ad honorem que, simultáneamente, asesoran intereses económicos de diversas empresas en la región. Su cercanía a lo más alto del poder puede prestarse a algún tipo de gestiones que pueden comprometer presupuesto público. Recordemos que el monje negro del régimen de su padre, Vladimiro Montesinos Torres, para justificar el sustancial incremento de su patrimonio, declarado ante la SUNAT, ensayó una justificación diciendo que él era contratado como asesor en seguridad por empresas extranjeras. Después se supo que eran empresas de fachada constituidas por su mujer de máxima confianza y cajera Matilde Pinchi Pinchi. No se trata de demonizar a Damián. Si el cincuentón tucumano Damián Valenzuela Mayer es o no pareja sentimental de Keiko Fujimori no debería interesarle a nadie más que a sus hijas y familia. Lo que sí es de interés público es si Valenzuela o las empresas suyas o las que representa empiezan a hacer negocios en el Perú, especialmente con fondos públicos. Lo mismo para sus dos asesores ad honorem extranjeros.
LAS LEYES PROCRIMEN
Otro tema que sí pudo atender en su primer mes el Gobierno Fujimori ha sido el de las equivocadamente etiquetadas como “leyes procrimen”. El Ministerio de Justicia ha conformado una comisión de alto nivel para revisarlas. Como lo han explicado ampliamente los penalistas más reconocidos del país, en su gran mayoría se trata de normas legales que han corregido los abusos y arbitrariedades que sistemáticamente venían cometiendo fiscales y jueces bajo el paraguas de la lucha contra la criminalidad organizada. Las leyes que regulaban la extinción de dominio, la colaboración eficaz o el concepto mismo de criminalidad organizada solo sirvieron para politizar la justicia y arruinar la vida y patrimonio de algunos políticos y empresarios que no eran de la afinidad política de los titiriteros del Ministerio Público.
Es verdad que también hay algunas normas que necesitan modificarse o perfeccionarse, pero la mayoría de los cambios le han quitado discrecionalidad a algunos malos fiscales coludidos con policías y abogados sin escrúpulos que convirtieron la persecución de algunos delitos en verdaderos mercados persas donde se compraba y vendía, al mejor postor, carpetas fiscales, archivos o colaboraciones eficaces. El informe de la Defensoría del Pueblo sobre el subsistema de lavados de activos es elocuente al respecto. También los fracasos estrepitosos de los equipos especiales Lava Jato y EFICCOP. Es necesario hacer una revisión técnica, prolija y profesional de toda la legislación penal. Concordarla y ponerla en estándares de la legislación comparada que sí ha tenido éxito. En suma, el balance de estos primeros días es desigual. Hay diagnóstico, anuncios y despliegue. Falta un equipo completamente ensamblado, una estrategia criminal que trascienda el patrullaje y pruebas de que la prevención climática ya se está ejecutando sobre el terreno. Fujimori prometió gobernar contra el reloj. El problema es que las mafias no han parado su contómetro, y las lluvias no conceden prórrogas.
