EN tiempos en que los peruanos necesitamos más efectivos policiales para que nos protejan de la imparable delincuencia y el crimen organizado, José Domingo Pérez y Rafael Vela cuentan con ocho efectivos policiales que les dan resguardo a ellos y a sus familiares durante las 24 horas del día. No es que la Policía les proporciona ese beneficio voluntariamente, sino que ello obedece al cumplimiento de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según fuentes de la División de Protección de Dignatarios de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, Vela cuenta con cuatro policías y Pérez con la misma cantidad. En junio pasado, Pérez dejó de ser fiscal, pues la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no lo ratificó como tal, y Vela está suspendido de sus funciones.

Entrevistado por teléfono, Pérez admitió que contaba con ese resguardo policial. “Sí, cuento con seguridad de la Policía porque sufro amenazas de la persona que en este momento está ejerciendo la presidencia de la República”, dijo, en alusión a la mandataria Keiko Fujimori. Seguidamente agregó: “Ponga eso que le estoy diciendo. Lo estoy grabando”.

Vela también confirmó lo mismo a través de un mensaje de texto: “Tenemos con mi familia dos policías en cada turno 24 por 24 por la medida cautelar de la CIDH”.

Consultado por CARETAS, el senador y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, dijo que la medida de la CIDH no debió ser acatada. “He confirmado que tienen efectivos que los resguardan. Esto debe ser revisado por el actual Gobierno. El Estado peruano no tiene por qué estar acatando los mandatos de la CIDH, pero los gobiernos anteriores lo han estado haciendo. A ninguna de estas dos personas les corresponde seguridad policial. José Domingo Pérez ya no es fiscal, es un actor político, y Rafael Vela está suspendido de sus funciones”, declaró Rospigliosi.

El constitucionalista Víctor García Toma afirmó que “se trata de una medida exagerada. No hay ningún hecho o razón objetiva que nos pueda llevar a pensar que ellos puedan sufrir amedrentamientos o acciones físicas. No sé si este Gobierno deba tomar medidas. Ellos podrían utilizar eso para victimizarse. De hecho, indigna, pues se necesitan policías para enfrentar la delincuencia”.

Vela y Pérez tienen ocho efectivos policiales que les brindan seguridad las 24 horas.

Resulta paradójico que el organismo internacional de derechos humanos abogue por estas dos personas que, según varios casos que han empezado a conocerse, llevaron a prisión a mucha gente inocente y también enjuiciaron a otras de manera injusta, vulnerando sus derechos.

Los solicitantes

Las medidas cautelares fueron solicitadas el año 2021 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Los tres son organismos no gubernamentales (ONG) vinculados a sectores de izquierda y reciben millonarios fondos del extranjero.

Son pocos los que se han dado el trabajo de leer los argumentos que presentaron dichos solicitantes para que la CIDH pidiera al Estado peruano darle protección policial a José Domingo Pérez y Rafael Vela a fin de “proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.

De acuerdo con los textos leídos, la principal amenaza sobre ellos se debía a la investigación que hacían en el caso Lava Jato y la empresa brasileña Odebrecht, en el que estaban involucrados expresidentes de la República y también la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien recientemente asumió la presidencia del país. Ella, sin que se mostraran pruebas, fue señalada como el principal peligro.

Lamentablemente, la CIDH no tuvo el rigor de confirmar si las supuestas amenazas eran ciertas.

Las “amenazas” y Keiko

Muchas de las supuestas intimidaciones que Pérez y Vela recibieron, presentadas por las tres ONG arriba mencionadas, son inconsistentes. Lo que más sorprende es la poca rigurosidad de los miembros de la CIDH para confirmar la veracidad de las mismas y no creer en las documentadas respuestas que dieron los organismos del Estado peruano.

Leamos las más saltantes que encontró CARETAS. Según los solicitantes, en marzo del año 2021, el fiscal Pérez empezó a recibir hostigamientos luego de acusar a Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración, en el caso denominado Cócteles.

Lo que no se dice es que esa denuncia fue claramente política. Tenía el objetivo de afectar la candidatura presidencial de Fujimori, pues fue presentada a pocas semanas de la primera vuelta electoral. Lo que es peor: en ese momento estaban pendientes una docena de diligencias y esa apresurada acusación del fiscal fue rechazada hasta en 19 oportunidades por el juez que la evaluó.

Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC) archivaría ese proceso, puesto que los aportes de campaña electoral que investigó Pérez no eran delito en ese momento. Como se recordará, Keiko estuvo presa en tres oportunidades por esa investigación.

Tocan a la puerta

Los solicitantes refirieron que en octubre del año 2018, luego de que formalizó la investigación preparatoria y pidió la detención de Fujimori, la puerta del domicilio de Pérez fue violentada. Se trataba, según ellos, de una amenaza por la decisión que había tomado.

El hecho era falso. El Estado respondió que abrió una investigación por el delito de hurto agravado, pero la indagación no logró identificar a los autores. No solo porque no había pruebas, sino porque Pérez no se presentó a dar su manifestación pese a que fue debidamente notificado. Peor aún, cuando fue informado del archivamiento, no presentó una apelación, por lo tanto, el caso quedó archivado.

Las ONG también argumentaron que tras las elecciones presidenciales del año 2021 hubo una campaña de “terruqueo” contra Pérez y Rafael Vela y que grupos extremistas, como La Resistencia y Los Combatientes, incitaban la violencia contra ellos. La respuesta del Estado fue contundente: no existía ninguna denuncia realizada en torno a esa campaña en las redes sociales ni lo relacionado a las acciones que incitaban los supuestos grupos violentistas.

Descanso médico

También se dijo que, el año 2019, José Domingo Pérez y su fiscal adjunta, luego de tomarle su manifestación a Keiko Fujimori en su celda del penal de Chorrillos, fueron atacados a su salida por una turba de simpatizantes de Fujimori. “El propuesto beneficiario (el fiscal Pérez) fue agredido físicamente, le cayó un objeto en la nuca, líquidos, fue jaloneado y acosado con empujones quedando muy adolorido, al igual que su fiscal adjunta.

El vehículo en que se transportaban sufrió daños en la parte trasera”, dice el informe de la CIDH. También refirieron que, por esos hechos, José Domingo Pérez recibió una licencia de descanso por dos días y seis días de incapacidad legal para trabajar, pero, pese a ello, el caso fue archivado.

Aquello tampoco es cierto. La División de Investigación Criminal del distrito de Chorrillos hizo una detallada indagación, con base en entrevistas de testigos, revisión de videos y otras pericias, pero no le fue posible la plena identificación de los responsables de la supuesta agresión.

El senador Fernando Rospigliosi dice que este nuevo Gobierno debe evaluar si continúa acatando lo dispuesto por la CIDH.

Lo más resaltante es que el fiscal Pérez no presentó oposición alguna cuando fue notificado del archivamiento del proceso. Tampoco dijo nada en las reiteradas entrevistas, casi a diario, que daba a los medios de comunicación que eran amigos de él que y lo endiosaban.

Oídos sordos

Las tres ONG también denunciaron que tanto Pérez como Vela sufrían hostigamiento por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, que les había iniciado procesos supuestamente por las investigaciones que hacían.

El Estado respondió que cualquier indagación realizada por el órgano de control disciplinario del Ministerio Público se encontraba dentro de sus funciones. “Por tanto, no resulta atendible (el reclamo) para interferir en el ejercicio de las competencias y atribuciones del referido órgano, máxime si se cuenta con un procedimiento con las debidas garantías y con pleno respeto al ejercicio del derecho de defensa”, se argumentó.

Por pedido de Pérez y Vela, mucha gente inocente terminó presa y otros fueron procesados injustamente.

Todos los funcionarios de la CIDH que firmaron las medidas cautelares a favor de Pérez y Vela son extranjeros. Como siempre suele ocurrir, en su decisión prevaleció, lamentablemente, su sesgo ideológico. Hay otras exautoridades que gozan de ese beneficio, pero esa es otra historia.

¿Los reglaron en Brasil?

Según IDL, APRODEH y CEJIL, una de las supuestas amenazas que sufrieron los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela durante sus investigaciones sobre el caso Lava Jato ocurrió en febrero del año 2018 en Brasil, cuando fueron a interrogar a delatores de la empresa Odebrecht. La CIDH creyó esa versión pese a que no tenía sustento y tampoco confirmó su veracidad.

Según la CIDH, “estando allí, [Rafael Vela] tomó conocimiento de un hecho de extrema gravedad, un periodista le informó que habrían estado siendo objeto de seguimientos en el marco de las diligencias”.

Sin embargo, pese a ser “un hecho de extrema gravedad”, no se hizo la denuncia respectiva en dicho país, tampoco en el Perú. No se sabe quién era el periodista que le dio la información a Vela y las pruebas del supuesto reglaje. Lo que no se dijo, y tampoco investigó la CIDH, es que, cada vez que viajaban a Brasil, ambos fiscales iban acompañados de un séquito de periodistas amigos que los seguían a todos lados.

Lo más sintomático es que los colegas recibían, en tiempo real a través de su WhatsApp, las declaraciones más saltantes de lo que estaban diciendo los testigos, especialmente cuando se referían a Keiko Fujimori. Algunos eran más privilegiados que otros, pero, al final, todos tenían la misma información.

Solo basta revisar las publicaciones de aquella época. Lo que aquí se afirma no es cuento. En una oportunidad, un colega amigo que siempre viajaba con ese grupo me mostró un mensaje escrito procedente de uno de esos dos fiscales, con el resumen de la declaración reservada de un arrepentido a la misma hora que estaba declarando. Ese era su modus operandi.