Escribe: EDUARDO BRUCE

Durante casi dos años, la relación entre el Perú y Venezuela vivió en una zona gris que mezclaba diplomacia congelada, burocracia improvisada y miles de personas atrapadas en el limbo documental. Fue una ruptura política que se sintió, sobre todo, en las colas de migración, en los consulados cerrados y en los trámites imposibles.

Ese paréntesis comienza a cerrarse. El 5 de marzo de 2026, Estados Unidos anunció oficialmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. La decisión llegó apenas dos meses después de la salida de Nicolás Maduro del poder, el 3 de enero. La señal geopolítica es clara: la región se mueve hacia una normalización acelerada de vínculos con Caracas.

En ese tablero, el Perú no puede quedarse mirando. Más allá de simpatías o antipatías ideológicas, la reapertura plena de relaciones consulares entre Lima y Caracas es hoy una cuestión práctica, jurídica y, sobre todo, humana. No se trata de un gesto protocolar: es la restauración de una red mínima de protección para cerca de 1,5 millones de venezolanos en territorio peruano y unos 75 000 peruanos que aún residen en Venezuela.

Durante la ruptura diplomática iniciada en julio de 2024, los servicios consulares quedaron suspendidos o delegados a terceros países. Brasil actuó como intermediario mediante una “sección de intereses”, un mecanismo utilizado cuando dos Estados rompen relaciones, pero necesitan mantener canales básicos. El arreglo funcionó, pero apenas. En términos simples, fue como intentar administrar un hospital desde otra ciudad.

No se trata de la restauración de relaciones políticas, que opera en el terreno de la alta política —embajadores, negociaciones, alianzas—, las cuales indudablemente hoy no pueden darse, puesto que el Estado venezolano no está en condiciones de manejar plenamente sus propias relaciones internacionales debido a su dependencia política del gobierno del presidente Trump. Estamos hablando de las relaciones consulares, que son mucho más terrenales: proteger ciudadanos, emitir documentos, registrar nacimientos, tramitar pasaportes o asistir a detenidos.

Cuando esa maquinaria se paraliza, lo que aparece es un vacío administrativo que golpea derechos básicos: identidad, movilidad, propiedad y voto. Los aproximadamente 75 000 peruanos residentes en Venezuela fueron uno de los grupos más afectados por el enfriamiento diplomático. Durante meses dependieron de un esquema indirecto de asistencia que, aunque útil, estaba lejos de ser suficiente. La reapertura de consulados peruanos —especialmente en Caracas y Puerto Ordaz— cambiaría ese panorama.

En primer lugar, permite restablecer la emisión de DNI electrónicos y pasaportes biométricos. Puede parecer un trámite menor, pero para un ciudadano en el exterior la vigencia de sus documentos es la llave para todo: operaciones bancarias, trámites migratorios, contratos laborales o, en el peor de los casos, un retorno de emergencia al Perú. Sin documentos, un ciudadano queda en una suerte de invisibilidad legal.

Otro frente crítico es el registro civil. Durante la interrupción consular, muchos compatriotas en Venezuela enfrentaron obstáculos para inscribir a sus recién nacidos y obtener la nacionalidad peruana para esos infantes. La reactivación consular permitirá registrar estos nacimientos conforme al artículo 52 de la Constitución, que reconoce como peruanos a los hijos de nacionales nacidos en el extranjero.

También se reactivarán actos notariales esenciales para la vida económica. Miles de peruanos residentes en Venezuela dependen de pensiones o propiedades en el Perú. Para administrar esos bienes necesitan poderes notariales con validez legal. Sin un consulado que los emita, el trámite se vuelve una odisea.

La presencia consular devuelve al Estado peruano su responsabilidadmás básica: proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Eso incluye asistencia a detenidos, apoyo en emergencias médicas o intervención en casos de sustracción internacional de menores.

Si los peruanos en Venezuela enfrentaron invisibilidad consular, los venezolanos en el Perú vivieron algo parecido, aunque a mayor escala. Con más de 1,5 millones de residentes, la comunidad venezolana se ha convertido en uno de los fenómenos migratorios más grandes de la historia reciente del país.

Pero su integración ha estado marcada por un obstáculo recurrente: la falta de documentación válida. Durante años, obtener un pasaporte venezolano desde el extranjero fue un proceso lento, caro y muchas veces dominado por intermediarios informales. El restablecimiento de servicios consulares cambia ese escenario. Los venezolanos podrán gestionar pasaportes a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y recogerlos en Lima. El trámite sigue siendo costoso —puede superar los 200 dólares—, pero elimina el circuito irregular que obligaba a viajar o recurrir a gestores.

Otro documento clave es el certificado de antecedentes penales, emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sin ese documento, Migraciones Perú no puede otorgar residencias laborales o estudiantiles. La reactivación consular también permitirá apostillar títulos universitarios y documentos académicos, un requisito indispensable para que profesionales venezolanos puedan colegiarse y ejercer legalmente en el Perú.

La diferencia entre tener esos documentos y no tenerlos puede determinar si un ingeniero acaba diseñando proyectos o conduciendo un taxi. En 2024, la contribución fiscalde venezolanos en el Perú superó los 530 millones de dólares, aproximadamente 0,17 % del PIB. Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía, con integración plena, ese aporte podría alcanzar 4,5 % del PIB hacia 2030.

Hay un argumento adicional, menos visible pero igual de urgente: la seguridad. La expansión en el Perú de organizaciones criminales como el Tren de Aragua ha demostrado que la cooperación policial internacional es indispensable. Sin canales diplomáticos fluidos, el intercambio de información entre la Policía Nacional y organismos venezolanos se vuelve lento o incompleto.

Con relaciones restablecidas, esa cooperación puede incluir intercambio biométrico, antecedentes penales y expedientes judiciales, herramientas clave para identificar a miembros de organizaciones criminales. En los últimos años, más de 520 integrantes del Tren de Aragua han sido capturados en el Perú. Varios fueron trasladados a penales de máxima seguridad como Challapalca.

La salida de Maduro generó especulación sobre un posible retorno masivo de migrantes venezolanos a su país. La realidad es más compleja. Para quienes sí decidan regresar, la normalización consular es esencial. Permite viajar con documentos válidos, registrar hijos nacidos en el exterior y trasladar bienes o títulos profesionales sin caer en irregularidades. En otras palabras, permite que el retorno sea ordenado y no otro capítulo de precariedad migratoria.

La política exterior suele estar cargada de simbolismos ideológicos. Pero a veces el realismo se impone. Restablecer relaciones consulares entre Perú y Venezuela no significa validar gobiernos ni olvidar conflictos. Significa algo más simple: reconocer que millones de personas dependen de esa maquinaria administrativa para vivir con normalidad.

Los Estados pueden darse el lujo de romper relaciones; los ciudadanos no. Fuentes de la Cancillería nos han informado que las conversaciones para reanudar las relaciones consulares se iniciarán cuando el gabinete ministerial esté estabilizado —léase con voto de confianza del Congreso, previsto para el 18 del presente mes—. En buena hora. Ojalá se concrete lo más pronto posible.