La última cena: dos pizzas pequeñas de pepperoni con doble queso, una botella de ginger ale y dos bolas de helado de vainilla. Eran las 17:48 del miércoles 26 de junio de 2024. A la mañana siguiente, en la camilla de ejecución, Richard Rojem murmuró que no tenía últimas palabras. “Ya hice mis despedidas”. Las drogas comenzaron a fluir por su cuerpo a las 22:03. Trece minutos después fue pronunciado muerto.
La escena fue observada desde un cuarto de testigos por Mindy Cummings, su exesposa cuya hija de siete años, concluyó la justicia, fue violada y asesinada por Rojem en 1984. Al año siguiente, el atormentado padre de la pequeña Layla se suicidó. Mindy Cummings, quien se casó con Rojem un par de años antes de los hechos mientras cumplía condena por delitos sexuales contra dos adolescentes, expresó que se había hecho justicia por su hija y su exmarido.
A los pies de Rojem estaba el reverendo maestro Daishin Yalon. Rojem, que siempre negó haber cometido el crimen, se convirtió en un budista zen en prisión, y era conocido como Daiji.
Rojem fue uno de los 25 ejecutados por pena de muerte en Estados Unidos el año pasado. Su caso es particular porque de ese grupo era el que llevaba más tiempo de espera en el corredor de la muerte. Treinta y ocho años para ser exactos. Agotó todos los recursos legales posibles a lo largo del tiempo. Vivió unos años más porque en 2015 el estado de Oklahoma suspendió las ejecuciones tras reportarse que un condenado convulsionó y tragó su propio vómito tras administrarse las drogas.
El reciente asesinato del cantante Paul Flores de la orquesta Armonía 10 ha reavivado un debate que aparece cíclicamente en el Perú: la pena de muerte. La presidenta Dina Boluarte ha propuesto abrir una discusión al respecto, pese a que reinstaurarla implicaría denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), un paso que solo han dado países como Trinidad y Tobago y Venezuela. La iniciativa es, más que nada, un recurso populista sin posibilidades reales de concreción, pero sirve como un termómetro de la coyuntura política y la percepción pública sobre el crimen.
UNA CUESTIÓN POLÍTICA
El tema ha estado en el centro de la política estadounidense en los últimos años. El primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para ampliar el uso de la pena de muerte, especialmente en casos como el asesinato de policías y crímenes cometidos por inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, la aplicación de esta medida sigue siendo incierta y enfrenta importantes obstáculos legales.
Su predecesor, Joe Biden, había conmutado las sentencias de 37 reos condenados a muerte en diciembre de 2024, una decisión que Trump ha prometido revertir. En 2024, Estados Unidos ejecutó a 25 personas, aunque la mayoría llevaba décadas esperando en el llamado “corredor de la muerte”. El país ocupa el quinto lugar en número de ejecuciones a nivel global, detrás de Irán, Arabia Saudita, Irak y Corea del Norte.
Los casos de ejecuciones en Estados Unidos reflejan la diversidad de métodos de ejecución y el tiempo que los reclusos pasan en el corredor de la muerte antes de su ejecución. Es importante destacar que, aunque la tendencia general en Estados Unidos muestra una disminución en el uso de la pena capital, en 2024 se observó un ligero incremento en el número de ejecuciones en comparación con años anteriores.
Además, la mayoría de estas ejecuciones se concentraron en estados del sur del país, una tendencia histórica que persiste en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
A pesar de las políticas de algunos gobiernos, la tendencia mundial sigue siendo la abolición de la pena capital. En diciembre de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que pide una moratoria global sobre la pena de muerte, con 130 votos a favor, incluido el del Perú, en una evidente contradicción con el debate propuesto por Boluarte.
En Japón, el tribunal de distrito de Shizuoka acaba de ordenar al Estado indemnizar con 217 millones de yenes (alrededor de USD 1,4 millones) a Iwao Hakamada, un exboxeador de 88 años que pasó más de 45 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. En 1966 fue condenado por el asesinato de una familia entera, pero años después las pruebas forenses y la revisión del proceso evidenciaron irregularidades graves, como confesiones obtenidas bajo tortura. La reparación económica no borra el daño: Hakamada perdió casi medio siglo de libertad. Su caso reavivó el debate global sobre el riesgo irreversible de condenar a inocentes.
Sin embargo, el uso de la pena de muerte sigue en aumento en algunas regiones. Irán lideró el mundo en ejecuciones el año pasado, con 800 casos confirmados, seguido por Arabia Saudita y Corea del Norte. En América Latina, la pena de muerte ha sido erradicada en la mayoría de los países, con la notable excepción de casos específicos en Cuba y Guatemala.
A pesar del marco internacional que limita la pena de muerte a los “delitos más graves”, varios países la aplicaron en 2024 por crímenes que no implicaban homicidio. Entre los casos más relevantes se encuentran:
• Arabia Saudita: Aumento de ejecuciones por delitos relacionados con drogas, considerados no violentos.
• Irán: Aplicación de la pena capital por blasfemia y relaciones homosexuales consensuadas.
• Pakistán: Condenas a muerte por blasfemia, sin que mediara violencia física.
• Vietnam: Sentencia de muerte a Truong My Lan por fraude financiero de 12.500 millones de dólares, en lo que se considera la mayor estafa en la historia del país.
Estos casos subrayan la preocupación internacional por la aplicación de la pena de muerte en circunstancias que no cumplen con los estándares de los derechos humanos.
¿CORTINA DE HUMO?
El debate sobre la pena de muerte suele resurgir como una herramienta política más que como una propuesta viable. En el Perú, reintroducirla requeriría cambios constitucionales y un quiebre con compromisos internacionales. Además, la evidencia sugiere que no es un disuasivo efectivo contra el crimen, lo que la convierte más en un símbolo de mano dura que en una solución real. Mientras en el mundo la tendencia sigue inclinándose hacia la abolición, el Perú se encuentra en una encrucijada entre los impulsos populistas y sus compromisos internacionales. Lo cierto es que, más allá del ruido político, la implementación de la pena capital sigue siendo improbable.
