Escribe: Por: Freddy Salazar Luján
En los próximos meses tendremos nuevo Gobierno constitucional y nuevo Congreso de la República. Es una excelente ocasión para analizar cuáles deben ser las prioridades en materia económica de las flamantes autoridades.
Lo primero es mantener la fortaleza que ya hemos ganado en los fundamentos macroeconómicos. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP), la expectativa de inflación anual para los próximos doce meses es de 2,82 %, el nivel más bajo de la región. Si a ello añadimos un tipo de cambio estable y un nivel de reservas internacionales netas (RIN) que el 5 de mayo último superó los 100 000 millones de dólares, entonces tenemos una economía estable que genera confianza y certidumbre para la toma de decisiones y para nuevas inversiones en el país, especialmente en los sectores minero, agronegocios y turismo.
A estos resultados ha contribuido la existencia de un banco central autónomo y un manejo prudente de las finanzas públicas, aunque hay que señalar que en los últimos años el gasto público corriente se ha incrementado desproporcionadamente, poniendo al déficit fiscal por encima de los niveles que establece la regla fiscal.
El manejo responsable del gasto público ha permitido que podamos crecer en épocas de crisis económica mundial y también que atendamos las urgencias que ocasionó la pandemia. Ese fondo de contingencia no lo debemos perder ante el actual escenario internacional.
¿Por qué deshacer esta fortaleza que nos ha costado tanto lograr en más de veinte años de políticas monetarias y fiscales responsables?
Pero, por supuesto, no basta con una economía estable; necesitamos promover la inversión y el crecimiento económico sostenido para generar empleos productivos y disminuir la pobreza y la desigualdad.
La tarea principal del próximo gobierno en materia económica será entonces generar la confianza y el marco necesario para duplicar el actual nivel de crecimiento económico anual, de alrededor del 3 % a por lo menos el 5 % o 6 %.
En esa tarea, el motor fundamental lo tendrá el sector privado (desde los pequeños y microempresarios hasta las medianas y grandes empresas), y al Estado le corresponderá modernizarse y reorganizarse para cumplir su misión fundamental, la cual es proveer de bienes públicos de calidad (educación, salud, infraestructura básica, seguridad y justicia) y combatir la pobreza a través de efectivas y trasparentes políticas sociales.
La consolidación de los 23 tratados de libre comercio que tenemos con los principales mercados del mundo permitirá exportar nuestro cobre, zinc, arándanos, espárragos, café y otros productos y servicios con mayor valor agregado.
¿Cómo financiar estos objetivos? La manera de financiar este proceso de crecimiento sostenido y de gasto social es a través de ingresos corrientes provenientes de impuestos que generan los agentes privados y de la oferta de bonos soberanos en soles que se viene realizando, aprovechando la condición de “grado de inversión” otorgada a la economía peruana por las principales agencias calificadoras del mundo (Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s), condición que perderíamos automáticamente si el mercado percibiera que se van a aplicar políticas populistas y de desenfrenado gasto fiscal.
Si esto último ocurre, no solo perderíamos parte de la demanda de bonos (que financia parte del presupuesto público), sino que, además, subirían las tasas de interés para todos los peruanos debido a que aumentaría el riesgo país.
¿Es posible disminuir la pobreza y la desigualdad con crecimiento y estabilidad? Sí, y para ello se necesitan políticas de Estado y un gobierno que genere confianza y seguridad, actuando con transparencia, eficacia y oportunidad.
