Escribe: Carlos Paredes

En Barbadillo, el tiempo debe tener otro espesor. Las horas no avanzan: se acumulan. Pedro Castillo lleva más de tres años encerrado en ese pequeño archipiélago penitenciario reservado para expresidentes. Un lugar donde la historia reciente del país parece guardar a sus protagonistas después de haberlos expulsado del poder. Afuera, en Palacio de Gobierno, José María Balcázar mira también el calendario. Entre ambos hombres hay una palabra que se repite con la insistencia de una deuda: indulto.

Castillo sostiene que existe una promesa. En una de sus solicitudes dirigidas a Balcázar, le recuerda que la posibilidad de liberarlo habría sido ofrecida públicamente durante la campaña y que aquel compromiso generó expectativas entre sus votantes. No escribe únicamente como un reo que pide clemencia, sino como un antiguo aliado que intenta cobrar una palabra empeñada. Para él, el indulto no sería un favor: sería el cumplimiento de un pacto político.

En torno a Balcázar circula una versión más dramática. Según fuentes palaciegas, el mandatario interino habría dicho a personas de su confianza que Castillo sería indultado “sí o sí”, incluso si para hacerlo debía colocar en el Ministerio de Justicia a Roberto Sánchez. La frase, imposible de verificar fuera de esos testimonios, dibuja una escena de urgencia: un presidente saliente decidido a cumplir una promesa y un aparato estatal que, lejos de facilitarla, parece levantar obstáculos administrativos.

El problema es que las gracias presidenciales, que antes eran una potestad casi monárquica de un presidente peruano, ahora tienen un reglamento que debe cumplirse correctamente. La libertad puede ser una decisión política, pero antes debe atravesar un laberinto burocrático creado por el indulto a Alberto Fujimori.

Los documentos revisados por la prensa registran hasta ocho solicitudes presentadas entre enero de 2023 y julio de 2026. Tres fueron promovidas por un dirigente religioso de 81 años que ni siquiera conoce personalmente a Castillo. Otras provinieron de abogados y representantes de organizaciones particulares. Dos fueron firmadas por el propio expresidente. Hubo pedidos de indulto común, indulto humanitario, derecho de gracia común y derecho de gracia por razones humanitarias. Los siete primeros no consiguieron superar satisfactoriamente la evaluación inicial. Hay un octavo que está en trámite. Ese está causando ruido político en estos días previos a la toma de mando de Keiko Fujimori.

La historia adquiere entonces un tono casi kafkiano. Uno de los pedidos fue declarado inadmisible porque no contenía una declaración jurada mediante la cual el solicitante debía afirmar que conocía la gratuidad del procedimiento. No faltaba una prueba decisiva de inocencia, una sentencia judicial o un diagnóstico extraordinario. Faltaba un documento que certificara que el trámite no costaba nada.

En otra solicitud, Castillo invocó razones de salud. Declaró padecer una infección en el oído, pérdida auditiva, lumbalgia crónica, ansiedad y gastritis. Pero el informe médico del penal fue poco útil para quien buscaba demostrar que su permanencia en prisión constituía un peligro. El documento lo describió lúcido, orientado, clínicamente estable y con sus parámetros vitales dentro de límites normales. Registró molestias, pero no una enfermedad aguda ni una condición de gravedad incompatible con la reclusión.

Hasta algunas visitas parecieron contradecir la narrativa humanitaria. Un visitante que había estado con Castillo declaró que lo había visto bien y saludable. En los procesos políticos, una impresión casual puede convertirse en una pieza incómoda: el preso que necesita aparecer vulnerable conserva, ante ciertos testigos, el aspecto de un hombre físicamente entero a sus 56 años.

Mientras tanto, la Comisión de Gracias Presidenciales incorporó, en su sesión del 10 de junio de 2026, una pauta para los expedientes humanitarios incompletos. El criterio estableció que, si el interno no subsana primero los documentos que están bajo su responsabilidad, el trámite no continuará, aunque todavía falten informes que deben ser remitidos por el establecimiento penitenciario. Ese mismo día, uno de los pedidos de Castillo fue declarado inadmisible. El Ministerio de Justicia negó que se hubiera cambiado la normativa y sostuvo que solo se habían establecido pautas destinadas a agilizar los procedimientos.

Allí se encuentra el centro político del caso. Para los partidarios de Castillo, las formalidades pueden ser vistas como candados colocados para impedir una decisión presidencial. Para sus adversarios, son precisamente esas formalidades las que evitan que la gracia se convierta en una orden personal, confeccionada a la medida de un aliado. Entre ambas lecturas existe una diferencia fundamental: una interpreta el procedimiento como obstrucción; la otra, como garantía.

Castillo tampoco es el único que espera. Los registros de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia enumeran 4622 solicitudes pendientes en distintas modalidades: indultos, derechos de gracia y conmutaciones. En esa multitud de expedientes hay incluso un interno que murió antes de obtener una respuesta. La maquinaria de la clemencia presidencial avanza con una lentitud capaz de sobrevivir a quienes la solicitan.

Pero el expediente de Castillo pesa más que los demás porque no contiene únicamente una petición de libertad. Contiene el destino político de dos presidentes y una posible crisis para el gobierno siguiente. Si Balcázar firma una gracia sin cumplir las exigencias legales o sin refrendo ministerial, el acto podría ser cuestionado y posteriormente anulado. Sin embargo, para entonces, Castillo podría haber abandonado Barbadillo. La legalidad llegaría después, persiguiendo los hechos.

En el Perú, las salidas presidenciales rara vez son simples. Un mandatario puede dejar Palacio para entrar en prisión; otro puede salir de prisión por la firma de quien está a punto de abandonar Palacio. La puerta de Barbadillo parece giratoria, pero solo en apariencia: cada vuelta deja detrás una crisis constitucional, una promesa incumplida o una factura política.

Castillo espera que Balcázar cumpla. Balcázar, si las versiones son ciertas, busca una ruta entre la voluntad y la ley. El Ministerio de Justicia ordena papeles. Los abogados discuten conceptos. La comisión observa expedientes. Y el calendario, indiferente a todos, sigue cerrando la única ventana que todavía permanece abierta. Se sabe que el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, no firmaría el decreto supremo para excarcelar a Castillo.

Al final, quizá la pregunta no sea si Pedro Castillo merece una gracia, sino cuánto está dispuesto a arriesgar un presidente interino para concedérsela. Porque en el Perú la palabra “indulto” casi nunca significa solamente libertad. A veces significa deuda. A veces significa poder. Y, en ocasiones, anuncia la próxima celda.