En el periodismo de investigación existe una escena que rara vez aparece en los reportajes: dos personas conversan a puerta cerrada. Una conoce información de alto interés público; la otra posee la capacidad de verificarla y convertirla en noticia. Entre ambas se establece una relación de confianza, pero también una tensión permanente. La fuente necesita al periodista para que ciertos hechos lleguen al conocimiento público.

El periodista necesita a la fuente para acceder a aquello que el poder preferiría mantener oculto. Mientras cada uno conserve su papel y su autonomía, esa relación puede servir a la democracia. El problema comienza cuando deja de estar claro quién informa a quién, quién protege a quién y, sobre todo, si alguno de ellos empieza a intervenir en las decisiones del otro. También importa determinar al servicio de qué intereses se desarrolla esa relación.

Ese es el dilema que plantea la investigación dirigida por el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde respecto a la actuación de Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. No se trata únicamente de establecer si existieron filtraciones —una práctica frecuente en el periodismo de investigación—, sino de determinar si la relación entre periodistas y fiscales pudo haber excedido el intercambio legítimo de información y convertirse, como sostiene la hipótesis fiscal, en un sistema de contraprestaciones con eventual relevancia penal. La pregunta es incómoda porque involucra a figuras que durante años fueron identificadas con la lucha contra la corrupción. Pero precisamente por eso debe formularse sin devoción ni animadversión.

FISCAL INVESTIGANDO FISCALES

La tesis del fiscal Casaverde sostiene que Vela y Pérez habrían entregado información reservada o estratégica sobre investigaciones de gran repercusión política y que, como contraprestación, Gorriti e IDL-Reporteros habrían brindado respaldo mediático, defensa pública y, eventualmente, apoyo jurídico. A Gorriti se le atribuye el presunto delito de cohecho activo genérico; a los fiscales, el de cohecho pasivo específico. Se trata de tipos penales que habitualmente se aplican en investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados al ejercicio de la función pública, generalmente asociados a la contratación de obras o adquisición de servicios con dinero público. En este caso, según la hipótesis fiscal, la contraprestación investigada no habría consistido en dinero, sino en un eventual intercambio de información reservada por respaldo mediático, apoyo público y asistencia legal. El informe Casaverde solicita que la investigación avance al considerar que existe una «sospecha reveladora», estándar que no permite establecer responsabilidad penal, pero que, de acuerdo con la legislación procesal, resulta suficiente para justificar el inicio de una investigación preparatoria.

Respecto de la presunta entrega de información reservada a IDL-Reporteros por integrantes del Equipo Especial Lava Jato, existen tres testimonios que coinciden en señalar que la subdirectora del portal, Romina Mella, permaneció en diversas oportunidades durante varias horas en las oficinas del despacho de José Domingo Pérez. No solo Jaime Villanueva afirma haberla visto con una computadora portátil y un teléfono celular revisando carpetas fiscales; en el mismo sentido han declarado Miguel Girao y el fiscal adjunto Henry La decisión de un fiscal supremo de iniciar una investigación penal preparatoria contra Gustavo Gorriti –junto con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el exasesor de la Fiscalía Jaime Villanueva– ha reavivado la discusión sobre los límites del periodismo de investigación y la libertad de prensa. La cuestión de fondo es si la relación entre un periodista y sus fuentes puede, en determinadas circunstancias, desbordar el ejercicio legítimo del oficio hasta convertirse en un delito. Esa es, precisamente, la hipótesis que la Fiscalía busca esclarecer en una investigación que deberá sostenerse —o descartarse— sobre la base de pruebas y no solamente de indicios. Amenábar. A diferencia de Villanueva, Girao y Amenábar trabajaron en ese despacho bajo la dirección de Pérez. Amenábar también ha declarado que nunca se les informó que Mella era periodista y que asumieron que se trataba de una perito debido al tiempo que permanecía revisando exhaustivamente las carpetas. Según ese testimonio, sus visitas se producían después de las cuatro de la tarde, cuando la atención al público había concluido, circunstancia que la Fiscalía debería considerar relevante para la investigación. Casaverde solo ha considerado el testimonio de Villanueva. A ello se suma que diversas publicaciones de IDL-Reporteros firmadas por Mella contienen información proveniente de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y de documentos remitidos desde Brasil mediante mecanismos de cooperación judicial, aspecto que la investigación considera necesario esclarecer respecto de su origen y forma de obtención.

En cuanto al patrocinio legal brindado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a los fiscales Vela y Pérez, es un hecho público que abogados de esa ONG presentaron solicitudes de medidas cautelares a favor de ambos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público inició investigaciones sobre su actuación funcional. Esos hechos tampoco han sido merituados en el informe Casaverde.

EL TESTIGO JAIME VILLANUEVA

En un país acostumbrado a confundir una carpeta fiscal con una sentencia, resulta indispensable distinguir entre investigar y demostrar. Jaime Villanueva, principal testigo de cargo en esta investigación por presuntos hechos de corrupción (pero no el único), no es un testigo desinteresado ni infalible. Pero tampoco puede ser descartado, sin más, como un mitómano o un fabulador. Mucho menos como un desconocido para Vela, Pérez y Gorriti. Su propia trayectoria y diversos elementos ya conocidos muestran que mantuvo una estrecha relación personal con ellos, al punto de compartir almuerzos, cenas y viajes; incluso, Gorriti le dedicó uno de sus libros. Sin embargo, como ocurre con cualquier testigo, sus declaraciones requieren corroboración independiente. Será necesario verificar fechas, reuniones, mensajes, decisiones institucionales y publicaciones, así como recurrir a herramientas tecnológicas —como la geolocalización de teléfonos celulares o el análisis forense de equipos informáticos— para contrastar sus afirmaciones. Esas son, precisamente, las diligencias que, según el fiscal Casaverde, deben realizarse en una investigación preparatoria, para la cual ha solicitado la autorización necesaria al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

DE INVESTIGADOR A INVESTIGADO

Gustavo Gorriti ha sido durante décadas una destacada figura del periodismo latinoamericano. IDLReporteros reveló importantes tramas de corrupción, reconstruyó operaciones políticas y empresariales, y contribuyó a explicar el funcionamiento del mecanismo Lava Jato. Sus críticos, sin embargo, le reprochan haber mostrado un menor nivel de escrutinio respecto de figuras como Susana Villarán, Martín Vizcarra o Pedro Castillo.

Ese reconocimiento profesional no coloca a Gorriti ni al equipo de IDLReporteros al margen del escrutinio público si existen indicios que justifiquen examinar si la relación con determinadas fuentes pudo haber desbordado los límites propios del ejercicio periodístico. Gorriti, además, ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una activa participación en el debate público y ha mantenido vínculos con distintos actores políticos. Entre los antecedentes más citados se encuentran su cercanía con Alejandro Toledo en los estertores del régimen de Alberto Fujimori y su participación, junto con Rosa María Palacios, en la preparación de Pedro Pablo Kuczynski para el debate presidencial de 2016. Estos antecedentes suelen ser invocados por quienes sostienen que su actuación periodística estuvo acompañada de una participación política más activa. En esa misma línea, la investigación del fiscal Casaverde incorpora como contexto el denominado caso Cócteles, en el que Keiko Fujimori era investigada por presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales.

El poder periodístico no posee la capacidad coercitiva propia de un fiscal, pero sí puede contribuir a construir legitimidades, afectar reputaciones, instalar prioridades en la agenda pública e influir en el contexto en el que toman decisiones jueces, fiscales y dirigentes políticos. El Perú de este siglo ofrece diversos episodios que han alimentado ese debate.

FUENTES DE INFORMACIÓN, NO DE PODER

Un periodista puede cultivar fuentes de toda índole. Puede recibir documentos reservados. Incluso puede conocer con anticipación una diligencia fiscal o judicial cuando esa información permite revelar asuntos de interés público. Esa relación no es delictiva por naturaleza. Puede constituir una forma legítima de control democrático: la Fiscalía investiga y la prensa informa. La historia del periodismo de investigación está llena de filtraciones. Los Papeles del Pentágono, Watergate y las investigaciones sobre paraísos fiscales difícilmente habrían existido sin funcionarios dispuestos a revelar información protegida por el secreto institucional. Incluso casos como WikiLeaks o los Panamá Papers plantearon complejos debates sobre los límites entre el acceso a información reservada, el interés público y la protección de secretos. La deontología periodística no prohíbe recibir información confidencial. Lo que exige es independencia respecto de quien la entrega. La relación entre fuente y periodista no debe convertirse en un intercambio de favores o beneficios recíprocos, menos aún si persigue objetivos políticos o personales ajenos al interés público.

En ese contexto, es relevante que IDL-Reporteros no haya desarrollado investigaciones periodísticas sobre determinados hechos relacionados con los fiscales Rafael Vela y Marita Barreto, entre ellos el origen de los recursos utilizados para la compra de casas valorizadas en medio millón de dólares. Del mismo modo, una investigación preparatoria a nivel fiscal debería tomar en consideración diversas declaraciones públicas en las que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez defendieron abiertamente a Gustavo Gorriti frente a cuestionamientos formulados en su contra. Considerados en conjunto, estos elementos son parte de los indicios que sustentan la hipótesis del fiscal Casaverde.

La Fiscalía atribuye precisamente ese tránsito a Gustavo Gorriti. Según la declaración de Jaime Villanueva, el director de IDL-Reporteros no habría sido un receptor pasivo de información, sino una persona con influencia sobre algunos integrantes del Equipo Especial Lava Jato. De acuerdo con esa versión, habría participado en conversaciones relacionadas con nombramientos, allanamientos y estrategias de investigación. Se trata, por ahora, de una hipótesis fiscal sustentada en indicios y cuya corroboración exige la práctica de diligencias aún pendientes. Si esas afirmaciones llegaran a confirmarse con prueba suficiente, obligarían a revisar la imagen pública construida en torno al papel desempeñado por Gorriti, Vela y Pérez en la lucha contra la corrupción.

PABLO SÁNCHEZ, LA GÉNESIS DEL CASO

El episodio en el que Gustavo Gorriti, tras una llamada telefónica al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, logró que se interrumpiera una diligencia voluntaria de exhibición en la redacción de IDL-Reporteros constituye uno de los antecedentes más citados para ilustrar la influencia que llegó a ejercer sobre altas autoridades del Ministerio Público. Ese episodio quedó registrado en video y el propio Pablo Sánchez reconoció haber dispuesto la suspensión de la diligencia tras recibir la llamada. La Junta Nacional de Justicia tomó ese hecho en consideración dentro del proceso que culminó con su no ratificación.

A partir de ese antecedente, las investigaciones desarrolladas contra Fuerza Popular u otros actores políticos no deben considerarse necesariamente falsas por esa sola razón. Pero sí cabe preguntarse si algunas de ellas pudieron haber estado expuestas a influencias externas que afectaran su conducción. Una investigación puede contener evidencia auténtica y, al mismo tiempo, presentar deficiencias en la forma en que fue dirigida. El problema no consiste únicamente en determinar si los investigados eran culpables o inocentes, sino también en examinar quién decidió investigarlos, con qué prioridades, mediante qué métodos y bajo qué relaciones externas.

El sesgo tampoco se demuestra porque un medio publique más sobre una organización política que sobre otra. El periodismo no tiene la obligación de distribuir sus investigaciones con simetría matemática; su línea editorial puede legítimamente establecer prioridades. La situación cambia si esa selección responde, no al criterio editorial, sino a una relación de dependencia o intercambio con quienes ejercen el poder de investigar y acusar. La línea editorial de un medio no debería verse condicionada por intereses particulares, agendas personales o vínculos incompatibles con la independencia periodística. Esa es, precisamente, una de las hipótesis que la investigación del fiscal Casaverde busca esclarecer.

EL RIESGO DE CRIMINALIZAR EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

También debe considerarse el riesgo inverso. Las investigaciones contra periodistas pueden utilizarse para intimidarlos, descubrir sus fuentes o castigar publicaciones incómodas. En un país donde distintos sectores del poder han intentado desacreditar a quienes investigan casos de corrupción, cualquier proceso penal contra un periodista exige un escrutinio especialmente riguroso. Criminalizar la proximidad entre periodistas y fuentes produciría un periodismo dócil, dependiente de comunicados oficiales e incapaz de fiscalizar al poder de turno.

Por eso, la respuesta no puede ser corporativa. No basta afirmar que toda investigación contra Gorriti constituye una persecución política, como tampoco basta invocar las sospechas formuladas en su contra para anticipar una responsabilidad penal. Defender la libertad de prensa no implica conceder inmunidad ética o penal a los periodistas; exigir transparencia en el ejercicio del periodismo tampoco supone aceptar la intimidación estatal.

La pregunta fundamental no es si Gorriti tenía fuentes en la Fiscalía. Evidentemente las tenía, como debe ocurrir con cualquier periodista que investigue el poder. La cuestión es si conservó frente a ellas la independencia necesaria para ejercer plenamente su oficio. Si se limitó a recibir información, verificarla y publicar asuntos de interés público, estaremos ante el ejercicio legítimo —y necesario— del periodismo de investigación. Si, por el contrario, llegara a acreditarse que aconsejó, coordinó, orientó actuaciones o intercambió algún tipo de protección por acceso privilegiado a información, habría cruzado una frontera profesional que incluso podría tener responsabilidad penal. En ese escenario, dejaría de ser únicamente un narrador privilegiado de tramas de corrupción para convertirse también en uno de sus protagonistas.