La censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, marca un quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. A pesar de la campaña desde Palacio y desde sectores de la derecha para sostenerlo, Santiváñez fue censurado con 78 votos a favor, 20 abstenciones y 11 en contra. Para muchos, fue una muestra de que la presidenta Dina Boluarte ya no cuenta con el respaldo legislativo con el que se sentía segura hasta hace unas semanas.

El ministro, considerado uno de los más cercanos a Boluarte, había sido clave para cumplirle encargos políticos como el pase al retiro de mandos policiales críticos al gobierno, y su caída representa un mensaje directo a la mandataria. La campaña en su defensa estuvo marcada por un discurso anticaviar, que se ha convertido en consigna para el bloque que respalda al Ejecutivo. Sin embargo, ese discurso parece haber agotado su capacidad de cohesión. El nuevo ministro, Julio Díaz Zulueta, ya ha sido tildado de “caviar” por sectores que antes estaban del lado del gobierno, solo por haber publicado un libro con auspicio de IDL hace años.

El episodio ha hecho visible una creciente desconexión entre el Ejecutivo y una coalición parlamentaria que hasta hace poco parecía sólida. El voto de censura fue impulsado por una inusual alianza entre congresistas de derecha y de izquierda, donde coincidieron figuras como Jaime Quito y Alejandro Cavero. El centro político, otrora negociador, ha quedado desplazado por una polarización que solo parece servir a los extremos.

La censura también ha reactivado la posibilidad de una vacancia presidencial, impulsada esta vez por la congresista Susel Paredes. Aunque su iniciativa aún parece marginal, no hay que olvidar que fue ella misma quien impulsó la censura a Santiváñez junto a Diego Bazán y Quito. La coyuntura es distinta. El calendario constitucional ya está corriendo, y en abril de 2025 empieza el último año del periodo presidencial, cuando el Congreso podría cambiar a la presidenta sin convocar nuevas elecciones. El artículo 115 de la Constitución establece que quien presida el Congreso asume la jefatura del Estado si la vacancia se produce en el último año de gobierno. Boluarte se adelantó en casi tres semanas a la fecha límite para convocar elecciones y lo hizo el martes 25, flanqueada por las autoridades electorales.

Fuentes legislativas consultadas por CARETAS señalan dos posibles escenarios. El primero, que la actual Mesa Directiva liderada por Eduardo Salhuana sea sucedida por otra encabezada por Lady Camones, de Alianza para el Progreso. En ese caso, Boluarte podría tener garantía de continuidad, dado el vínculo entre Camones y César Acuña. Trascendió que Camones busca continuar su carrera en la gobernación regional de Ancash, mientras que Salhuana apunta al Senado. El segundo escenario contempla que la presidencia del Congreso sea asumida por José Williams, de Avanza País, sector que sí impulsaría la vacancia con la posibilidad de que él mismo asuma la presidencia de la República.

Al respecto, Fernán Altuve ha advertido que “Avanza País no debería estar en la próxima Mesa Directiva” y que ya cumplió su cuota de estabilidad. “Debe enfocarse en el proceso electoral”, afirma el también constitucionalista y socio político de Phillip Butters. Para Altuve, si persiste el desgobierno, la presidenta podría no terminar su mandato. “Fue una derrota innecesaria para el gobierno”, opinó sobre la censura. “No quiso escuchar que la permanencia del ministro era insostenible. Mostraron una tozudez improductiva desde Palacio, probablemente encabezada por la propia presidenta”.

Por su parte, Salhuana, ha rechazado cualquier intento de vacancia, recordando que “el plazo presidencial es de cinco años”. Aun así, también ha reconocido que el Congreso no entrega cheques en blanco y que es responsabilidad de Boluarte nombrar a un ministro del Interior competente, en medio de una crisis de seguridad agravada por el asesinato del músico Paul Flores y el despliegue de militares en Lima y Callao. “Lo que queremos ahora es transparencia y que la presidenta cumpla su mandato”, dijo, a la vez que recordó que el Congreso debe ejercer control político “con la prudencia que corresponde”.

Boluarte ha tenido seis ministros del Interior en poco más de un año de gestión. Su inestabilidad, el avance de investigaciones fiscales sobre su hermano Nicanor Boluarte y el uso recurrente de discursos anticaviar como única narrativa, la han dejado en un terreno frágil.

La pregunta ya no es si Dina Boluarte llegará a  2026, sino en qué condiciones, con qué Congreso y bajo qué narrativa sobrevivirá políticamente lo que queda de su mandato.