Al cierre de esta edición, el gobierno de Dina Boluarte alistaba parches en el gabinete. Desde la semana pasada en la PCM se hablaba de entre 4 y 6 cambios. Parecían fijos Desarrollo Agrario y Riego (Ángel Manero), Vivienda (Hania Pérez de Cuéllar) y Cultura (Leslie Urteaga). La lista de posibilidades, sin embargo, era bastante más larga.
El primer ministro Gustavo Adrianzén ha pasado a ser el Alberto Otárola de estos tiempos. Boluarte, tan limitada para sacar adelante una agenda que le dote de una dosis de oxígeno, requiere de un urgente relanzamiento, pero todo indica que dejará esa cartera sin moverse.
A su vez, Adrianzén le reiteró su respaldo al ministro del Interior, José Santiváñez, jaqueado por los audios en los que le dice al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, alias “Culebra”, que la presidenta le solicitó el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
La permanencia de Santiváñez le valdrá más críticas a Boluarte. Pero resulta obvio que ese era uno de los principales objetivos cuando puso a un abogado con sus controversiales características. La Diviac, y el Efficop por añadidura, han buscado a como dé lugar mantener un perfil político al más alto nivel para asegurarse el ejercicio del poder, que es el sello de identidad de un sector del Ministerio Público desde que se impusieron las reglas de juego político-penales del caso Lava Jato.
La fiscal Marita Barreto, que estuvo casi desaparecida tras su participación en su primer caso de alto perfil –el de la mafia de Rodolfo Orellana– volvió a saltar a la palestra con la conformación del Efficop, para investigar la corrupción en las altas esferas del poder. Con Pedro Castillo tenía hectáreas allanadas de terreno. Con el hermano Nicanor, su abogado y compañía, sin embargo, no sucede lo mismo.
El escándalo de los relojes que el gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima le regaló a Boluarte es vergonzoso. Pero armar un gran caso de organización criminal a partir de la designación de algunos prefectos y subprefectos nunca fue viable. En la práctica, siempre han estado a la absoluta disponibilidad del Ejecutivo. De hecho, cuando cayó el gobierno de Pedro Castillo, el entonces primer ministro Otárola denunció que varios de esos funcionarios habían instigado las protestas que terminaron con docenas de muertos, y los cambiaron.
El artículo de Carlos Paredes en esta edición trae importantes revelaciones sobre este nuevo, presunto, montaje de Efficop. El “secuestro” del aspirante a colaborador eficaz, Iván Siucho, es prácticamente imposible de creer. Todo indica que se trató de una fuga hacia adelante luego que se cayera un negocio de venta de oro ilegal.
Peor aún, esta es al menos la tercera grave irregularidad similar que se detecta en el desarrollo de este caso. La primera fue la telenovela de Harvey Colchado como “agente encubierto”, que motivó al juez Richard Concepción Carhuancho a otorgar una detención preliminar contra Nicanor, su exabogado Mateo Castañeda y otros. Una sencilla línea de tiempo bastaba para sospechar de los móviles de Colchado y su amigo, el exministro Carlos Morán.
La segunda irregularidad fue la historia del suboficial de la Diviac que habría pretendido “sembrar” a Castañeda para que pareciera que el abogado le ofreció dinero a cambio de acceder a material de las cámaras de seguridad de la División. De nuevo, se trataba de una historia inverosímil. CARETAS advirtió en detalle sobre ambas.
Los tiempos del periodismo de filtración determinan que los sabuesos investigativos ya no sospechen de sus fuentes sacrosantas. Lo de Siucho es tan chapucero que los medios que mandaron la noticia a sus primeras planas han atemperado bastante su entusiasmo.
Además, en el tema está metida nada menos que Karelim López, la “insider” del círculo de Pedro Castillo y amiga de Bruno Pacheco que ya había tenido un papel de colaboradora eficaz. Estar ahora en el plan de armar muñecos suena a una secuela cinematográfica que va por su quinta parte y es muy mala.
Es así que el deterioro institucional del Ministerio Público queda totalmente claro. Que la fiscal Barreto siga despachando como si nada, con métodos semejantes, es difícil de comprender. Con el ministro del Interior estos fiscales y policías se encontraron a su par. Tan par que va a reuniones para que lo graben, así que, en lo desprolijo hermanos. Si se refirió con epítetos desafortunados a la presidenta, no importa. El miércoles 28 lo respaldó públicamente durante un acto oficial en El Agustino y para despedirse le dio un fuerte abrazo.
PROBLEMAS EN EL MEF
Llama la atención que los medios no mencionen a José Arista, titular del MEF, que ha visto deteriorarse su relación con buena parte del sector privado. Especialmente mal cayó el Decreto Legislativo 1623 que modifica el Impuesto General a las Ventas (IGV) para gravar los servicios de streaming y, en particular, la marcada reducción de topes para realizar Obras por Impuestos, cuando estos se habían incrementado apenas en febrero, junto con otras modificaciones para incentivar el formato. La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura llegó a expresar su sospecha por algún posible maquillaje recaudatorio.
Los gremios le han hecho saber al gobierno que no aceptarán la fusión del ministerio de la Producción con el de Comercio Exterior y Turismo, por el efecto negativo que, consideran, tendría en las inversiones y la balanza comercial. Más afines son a la posibilidad de unir MIDIS con Mujer y, probablemente, Educación con Cultura.
Los empresarios tampoco creen en el pronóstico de crecimiento de 3.2 % para este año, esbozado por el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual.
No son los únicos problemas de Arista. Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú, declaró a la prensa que esa junta estaba por renunciar si es que el Ejecutivo no tomaba decisiones para permitirles “extirpar” la política de gestión de la compañía. La junta general de accionistas de la estatal solicitó al gobierno contemplar la posibilidad de aceptar la quiebra o liquidación de la empresa por su insostenible situación.
Vía un comunicado, la junta explicó que el sobreendeudamiento de la empresa estatal “ha deteriorado al extremo sus ratios de solvencia y liquidez”. Stark denunció la inacción del Ejecutivo en los últimos tres meses luego de las propuestas iniciales de reforma. Guante que le cae a Arista.
Otra tarea vital que no puede pasarse un día es el proyecto de Presupuesto General de la República, que debe ingresar a la comisión correspondiente del Congreso el 31 de agosto.
Poca cobertura de prensa recibió el V Consejo de Estado Regional (CER) celebrado durante dos días en Arequipa la semana pasada. Asistieron los 24 gobernadores regionales y 18 ministros. Es en esos eventos donde se entienden las dinámicas de poder que van más allá de la dieta de denuncias que ofrecen los medios.
¿Y de qué se habló? De presupuesto.
"La mandataria ha dispuesto que para el año 2025 ningún gobierno regional tenga un presupuesto menor al que recibió en 2024”, informó Adrianzén. “De la misma manera, se viene trabajando para que los gobiernos locales puedan ejecutar al menos un proyecto en el ejercicio 2025. Estamos hablando de 1800 gobiernos municipales, aproximadamente 200 gobiernos provinciales y 26 gobiernos regionales".
La propia Boluarte anunció los principales acuerdos de la cita. Entre ellos, impulsar a través del MTC la conectividad regional en Huancavelica y Huánuco, y ampliar la concesión de la carretera IIRSA Norte, en el tramo Olmos-Mocce-Puerto Eten, en Lambayeque; y culminar, por medio del Mincetur, la ejecución de 10 proyectos de inversión turística en Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Junín, La Libertad, Ucayali y Tacna.
Y hubo estadísticas. Se informó sobre el cumplimiento del 68.8 % de los 32 compromisos anunciados en las cuatro primeras ediciones del CER. Para lo que toca de los acuerdos del primer CER, realizado en mayo de 2023, ya se ha cumplido con el 97.7 % de los acuerdos. El segundo, mientras tanto, tiene un cumplimiento del 96.8 %.
Es un gobierno impopular, carente de liderazgo e inmerso en un pantano de insatisfacción. Pero, así como cierra acuerdos con el Congreso, así muchos sean cuestionables, también negocia con las regiones. Eso no sale en las terribles encuestas y es parte de su estrategia de supervivencia.








