La llegada a Pataz es una prueba de voluntad. Desde Lima se vuela a Trujillo, capital de La Libertad. Desde ahí, una avioneta ligera surca los Andes durante una hora hasta un aeródromo precario. Luego, tres horas por carretera maltratada: curvas cerradas, tramos sin pavimento, pendientes que bordean abismos. No hay mejor metáfora del abandono estatal que esta ruta a lo que debería ser el epicentro aurífero del Perú.
En el distrito de Parcoy, el corazón minero de Pataz, CARETAS acompañó al economista y precandidato presidencial Hernando de Soto, en su visita a la zona días después del asesinato de 13 trabajadores de seguridad vinculados a la minera Poderosa. El crimen conmocionó al país por su brutalidad, pero también por su puesta en escena: los sicarios grabaron la ejecución. “Es la primera masacre minera que todos vimos en tiempo real. Esto no es un rumor, no es un parte policial. Es terrorismo y es un mensaje directo: nos están declarando la guerra”, afirma De Soto.

UN PUEBLO EN SILENCIO
La escena al llegar es inquietante. En la plaza central, apenas se ve gente. Las calles están vacías, las tiendas cerradas. “Parece un pueblo fantasma”, compara el fotógrafo. Pero la explicación llega rápido: la población está en las bocaminas, dispersa en los cerros. Pataz alberga más de 5000 operaciones informales e ilegales, según estimaciones extraoficiales. Y aunque representa una fuente de ingresos vital, también ha sido terreno fértil para la infiltración del crimen organizado.
En toda la ruta no se ven policías. Ni militares, a pesar del año que llevan en Estado de Emergencia. Apenas serenos municipales. Aquí no hay autoridad. Hay oro, pero no hay Estado. La sensación de abandono es total. El miedo, palpable. Nadie habla de más. Nadie quiere ser el siguiente.
UNA EJECUCIÓN GRABADA
La empresa afectada, Minera Poderosa, ha enfatizado que los 13 asesinados trabajaban para una compañía contratista formal y que no se trató de una disputa por ocupación informal, sino de un ataque planificado contra la continuidad del proceso de formalización. En un comunicado reciente, Poderosa recordó que tiene 286 contratos de explotación suscritos con pequeños productores mineros, muchos de ellos en proceso formal y geo-referenciados, en línea con la legislación vigente. La compañía afirma haber invertido recursos en acompañar técnicamente a estos socios, con el objetivo de integrarlos al circuito formal y hacerlos sostenibles.
EL DIAGNÓSTICO DE DE SOTO
De Soto, sin embargo, considera que la violencia es el síntoma de un problema más estructural. “La minería ilegal y la informalidad no son lo mismo. La ilegalidad es una elección, la informalidad es una condición impuesta por el sistema”, sostiene. Su propuesta no se limita a más presencia policial, sino a cambiar el enfoque legal y económico con el que el Estado regula el territorio.
Uno de los puntos que plantea es la necesidad de integrar el derecho al subsuelo con el derecho a la superficie. “En los países desarrollados, tú accedes a la minería desde la superficie. Si eres dueño del terreno, puedes negociar. En el Perú, no. Aquí se entra por abajo y el que gana no es el que vive ahí, sino el que tiene acceso a abogados y ministerios en Lima”.

De Soto alerta que la figura de la “concesión ociosa” es solo una parte del problema. Lo que realmente está en disputa es el control del territorio y la falta de una arquitectura legal que permita que pequeños productores accedan al capital, a los mercados y al crédito. “Estos no son criminales, son pequeños capitalistas discriminados. Si el Estado no les reconoce un camino, otros sí lo harán: los ilegales, los extorsionadores, los armados”.
De Soto vuelve a su idea matriz del “capitalismo popular”. La pobreza, insiste, no es falta de iniciativa sino falta de derechos de propiedad. En el caso minero, eso se traduce en la ausencia de concesiones claras, propiedad superficial reconocida y títulos que sirvan para obtener financiamiento. “¿Qué pasa si le das a esta gente el mismo trato que a un minero de Texas? Que deja de ser invisible. Que entra al sistema. Que se vuelve un actor económico, no un objetivo policial”.

CAPITALIZAR, NO CASTIGAR
Su modelo parte de capitalizar a los informales, no solo regularlos. Propone:
• Georreferenciar operaciones y titulares.
• Conceder títulos transitorios con metas de progresividad.
• Crear mecanismos de crédito garantizados por oro producido.
• Integrar a los pequeños mineros a cadenas de valor exportadoras.
Para él, el sistema actual es inoperable: está fragmentado entre ministerios (Energía y Minas, Ambiente, Agricultura) y trabado por normativas contradictorias. “Lo que tenemos es una burocracia que no sabe dónde está parada. Literalmente. No tiene presencia, ni reglas claras, ni legitimidad. Eso lo aprovechan otros”.
LA TENSIÓN LATENTE
El caso Poderosa ha evidenciado la fragilidad del proceso de formalización incluso cuando se intenta cumplir la ley. En entrevista previa con CARETAS, el analista Iván Arenas señaló que la masacre fue una represalia deliberada contra los avances formales. “No fue una masacre cualquiera, fue una advertencia”, afirmó.
El problema, entonces, no es solo con los informales no registrados, sino con todo el modelo institucional que pretende integrar economía y legalidad sin entender la dinámica real del territorio. En Pataz, como en otras zonas, la tierra vale oro, pero la ley no pesa.

DE VUELTA ALCENTRO DEL MAPA
Para la minería formal, el Reinfo ha sido un fracaso, convertido en paraguas contra la corrupción. Propone aplicar mayor control en los puntos que evidencian el volumen del oro ilegal, como las plantas de cianuración (el consumo de energía es un claro indicativo).
Poderosa insiste en que seguirá apostando por la vía de la formalización en alianza con los mineros artesanales. Pero también reconoce que las condiciones de seguridad y gobernanza se encuentran al límite. De Soto, por su parte, cree que el momento exige reformar el Estado desde la periferia: “No puedes gobernar desde Lima lo que no entiendes. Hay que ir, mirar, escuchar. Eso es lo que hemos hecho aquí”.
Lo que ocurra en Pataz marcará una pauta. La elección presidencial de 2026 será el siguiente escenario. La batalla, sin embargo, ya empezó en el territorio.























