¿Quién mató, o quién mandó a matar, al exgerente municipal de Lima José Miguel Castro? Superada la “confusión” sobre un posible suicidio, quedan los testimonios de su padre, el exdiputado del Partido Unificado Mariateguista y exdecano del colegio médico, cirujano Julio Castro Gómez, y su esposa Paula Maguiña Ugarte. Ambos –al igual que sus dos hijos y, aparentemente, un amigo del mayor– estaban en el departamento de Miraflores cuando en la madrugada del domingo 29 de junio se produjo lo que, todo indica, fue un brutal homicidio. Castro no solo gestionó el dinero que las constructoras brasileñas aportaron para la campaña del No a la revocatoria de Villarán y su fallida reelección. Se trató en realidad de una empresa familiar en la que participó su cuñada, Daniela Maguiña Ugarte, dirigente de la Asociación Amigos de la Municipalidad de Lima, que administró los fondos y contra quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel. El oxímetro que estaba muy cerca del cadáver, instrumento para medir la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca, añaden al terrible misterio.

Una violenta muerte, aún no esclarecida –del hombre de más confianza de Susana Villarán en tiempos en que la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima se vendió a dos empresas brasileras de la corrupción transnacional– aleja la posibilidad de esclarecer y sancionar una transacción colusoria que perjudica a millones de personas que están pagando, dólar a dólar, la millonaria coima que recibió un grupo de políticos que se vendían como íntegros, pero que terminaron ofreciéndose al mejor postor. Todo esto, con la ineptitud cómplice del Equipo Especial Lava Jato que nunca llegó a cerrar una colaboración eficaz.

La violenta y trágica muerte de José Miguel Castro Gutiérrez, apodado “Budían” por Jorge Barata, todavía es un misterio. Un misterio para la División de Investigación de Homicidios de la Policía y para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público que, pese a que ahora la criminalística cuenta con pruebas e instrumentos científicos exactos aún no han podido determinar fehacientemente si fue suicidio u homicidio. La inusual demora acrecienta las suspicacias y sospechas sobre las millones de razones que habría para acallar su voz. Para silenciar al principal testigo de cargo del caso más grave de corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya alcaldesa Susana Villarán recibió 11 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para entregarles a cambio contratos de concesiones obscenamente favorables a ellas, a costa del bolsillo de los desvalijados automovilistas que diariamente pasan por los peajes. Lo que sí fue sospechoso es que un sector de periodistas, opinólogos y medios insista en la teoría del suicido a las pocas horas de que el excongresista de izquierda Julio Castro Gómez, padre de “Budián”, encuentre su cadáver en el baño de su casa en Miraflores en la mañana del domingo 29 de junio.

TEORÍAS DEL SUICIDIO

El primer parte de la Comisaría de Miraflores se adelantó a etiquetar el caso como un suicidio a pesar de que el reporte del Serenazgo, que llegó primero a la escena de la muerte, describía que la herida en el cuello de José Miguel Castro era de 14 centímetros. Es poco probable que un suicida pueda hacerse un corte en el cuello de ese tamaño usan do un cuchillo de cocina o uno de pan tipo serrucho, que se encontraron en el baño junto al cadáver. Los expertos forenses consultados por diversos medios sostienen que el ángulo de cualquiera de las manos del supuesto suicida no le alcanzaría para degollarse, tampoco la fuerza ni la hemorragia profusa que le produciría de inmediato semejante tajo en el cuello. Contradiciendo esta elemental lógica forense periodistas experimentados, como César Hildebrandt, o la abogada Rosa María Palacios afirmaban categóricamente que se trataba de un suicidio. Decían que estaba profundamente deprimido, arruinado económicamente (con una deuda total de 998,511 soles reportada a las centrales de riesgo), separado de su esposa Paula Maguiña Ugarte, peleado con sus hijos e inestable emocionalmente. Esta narrativa machacona en ciertos medios, además, sostenía que una última visita de “Budián” a la fiscalía de José Domingo Pérez, que hace ocho años investiga el caso, habría detonado su decisión porque se le informó que su postulación como colaborador eficaz no había sido aprobada. Que entraría al próximo juicio, cuyo inicio está programado para el 23 de setiembre, en calidad de imputado con la posibilidad de ser sentenciado a 25 años de cárcel. Todo ello lo habría sumido en profunda depresión hasta tomar la terrible decisión de quitarse la vida usando dos cuchillos en el baño de su casa. Esta teoría sufrió un corte lacerante, similar al infringido en el cuello de Castro, cuando se conocieron las fotografías que mostraban el tamaño, la profundidad y trayectoria del corte o cortes en su cuello. No hay un solo médico forense que sostenga que esa herida se la puede causar un suicida. Es imposible. Esta constatación científica nos devolvió a la pregunta inicial y más simple: ¿quién mandó a matar a “Budián” y por qué razón?

TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

El abogado de la Municipalidad de Lima Martín De Luca que mantiene un millonario litigio arbitral con la gigante canadiense Brookfield, afirma que hay 2900 millones de razones (se refería al dinero en juego en la demanda de los nuevos dueños de la concesión) para terminar con la vida del hombre que tenía la llave para demostrar que los sobornos pagados a Susana Villarán se hicieron a cambio de beneficios indebidos en el contrato de concesión. Aunque en el 2022 José Miguel Castro participó en este litigio y lo que declaró no ayudó a los intereses del municipio. Esta declaración es parte de lo que, a nivel fiscal, han dado en llamar incongruencias o inestabilidad en sus declaraciones. Pero, el testimonio de “Budián” también podría comprometer a muchos personajes que deambularon en el entorno de Villarán durante los dos procesos financiados por la corrupción brasilera: la revocatoria de mandato (2013) y su intento de reelección (2014). Anel Townsend, Luis Gómez Cornejo, José Gabriel Prado y su propia cuñada Daniela Maguiña Ugarte, quien administró los fondos ilícitos entregados por las compañías brasileras de la construcción y la corrupción a través de la “Asociación Amigos de Lima Metropolitana”. Queda claro que no todo se gastó en la campaña y que, según lo ha declarado la propia Villarán, tampoco ella se quedó con el saldo. En esta trama de corrupción todos los que sabían el origen de los fondos fueron corruptos, pero unos lo fueron más. Aquellos que se guardaron el vuelto. Un dinero nada desdeñable si la torta por repartir era de más de 11 millones de dólares.

TEORÍAS DE LA FISCALÍA

El fiscal José Domingo Pérez tiene hace ocho años en su despacho el caso etiquetado como “Las Chalinas Verdes”. En todo este tiempo su actuación como titular de la acción penal ha sido errática, displicente y diríamos hasta obstruccionista de la justicia. No pudo resolver en todo este tiempo el pedido de colaboración eficaz del hombre que más sabía de esta trama de corrupción. En el roadshow que hizo, en los siguientes días de la muerte de “Budián”, ha esgrimido argumentos risibles tratando de justificar su ineptitud, cuando no su complicidad dolosa. Ha dicho, por ejemplo, que el problema ha sido el cambio en la Ley de Colaboración Eficaz aprobada en octubre por el Congreso. Una ley que, precisamente, pone plazos razonables a los trámites de colaboración eficaz y la obligación que los candidatos a colaboradores están siempre asistidos por un abogado. O que Castro tuvo muchos abogados que complicaron las negociaciones. Lo cierto es que no se aceptó su colaboración arguyendo que cambiaba de versión, era inconsistente, poco serio. Si todo lo que declaró el testigo de cargo más importante en el expediente secreto, como aspirante a colaborador, no ha sido homologado por un juez, simplemente no podrá usarse en el juicio. Tampoco se podrá conocer detalles de cómo se gastaron los 11 millones de dólares que ahora lo pagan, peaje a peaje, los automovilistas de Lima. Un fracaso estrepitoso más de la dupla Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales selectivos, politizados e ineptos comprobados.

TEORÍAS DE LA IMPUNIDAD

La muerte de José Manuel Castro es una pésima noticia para la investigación fiscal del caso más escandaloso de soborno a una alcaldesa en el Perú. La coima más millonaria a un alcalde de Lima, a una mujer elegida por voto popular. A una mujer de izquierda. Nadie recibió, en ejercicio de sus funciones, una coima tan grande para entregar a dos empresas mercantilistas un pingue negocio que lo están pagando y seguirán pagando miles de transportistas, microbuseros, taxistas y automovilistas que se mueven por las pistas entregadas en concesión por la “Tía regia”. La sanción para este tremendo daño moral, material y social infringido por Villarán y sus secuaces está cada vez más lejos. A pesar que ella aceptó, en una entrevista radial, haber recibido el dinero sucio de la corrupción brasilera, el fiscal José Domingo Pérez no ha sido capaz que acelerar la investigación e impulsar el proceso judicial. Pareciera que estaban esperando la prescripción o la amnesia colectiva para enterrar esa carpeta fiscal. Pero, en el camino, silenciaron al testigo de cargo más importante. Al que podía delatarlos. Derrumbar sus cínicos argumentos de defensa. Devolverlos a una celda. Terminar de sacarles las chalinas verdes y mostrarlos en su verdadera entraña delincuencial. Ese hombre está muerto. Vamos a ver si también murió la investigación de Pérez.