Dina Boluarte se ganó a pulso su impopularidad. Cierto, llegó a Palacio en circunstancias extremas, tras el caos desatado en el gobierno de Pedro Castillo y con los muertos acaecidos en las protestas luego del intento de autogolpe. Pero no hubo encuesta, esquina ni conversación que no reflejara el consenso sobre el deterioro político de la expresidenta.
Su testarudez, la errática selección de funcionarios, el desastroso manejo de su comunicación y la frivolidad de sus escándalos –de las cirugías a los relojes Rolex– erosionaron cualquier vestigio de legitimidad. Era un gobierno que sobrevivía sin aliento, sostenido apenas por la inercia y por la conveniencia –además de sumisión– con un Congreso que también había hecho de la impopularidad su territorio natural.
Pero reconocer esa ruina no implica convalidar la forma en que fue destituida. La vacancia de Boluarte se consumó en cuestión de horas, sin garantías mínimas, con menos de una hora de aviso para ejercer su defensa. Y se produjo no a partir de un hallazgo jurídico, sino de un hecho policial –una balacera en un concierto– elevado a causal de “incapacidad moral”. Todo luego que el Congreso le archivara las denuncias constitucionales en todos los casos. Es, en rigor, la confirmación de que el Perú ha dejado de ser un régimen presidencial con contrapesos parlamentarios para convertirse en un parlamentarismo pervertido, en el que la estabilidad depende del humor del Congreso y no del mandato ciudadano.
En un parlamentarismo auténtico, el equilibrio se preserva: si el presidente no logra gobernar, tiene la potestad de disolver el Parlamento y convocar a elecciones. Aquí no. En el Perú, el presidente que pierde mayoría se va a su casa (o, peor, a la cárcel) pero los congresistas que lo destituyen se quedan. No asumen costo político alguno. El poder se ejerce sin responsabilidad. Es el retrato de un sistema donde los cuchillazos pesan más que las ideas, y donde las alianzas se quiebran con la misma rapidez con que se aprueban mociones de vacancia.
Boluarte lo vivió en carne propia. Le dio a Alberto Fujimori funerales de Estado –una decisión cargada de simbolismo y alto costo político–, pero ni eso contuvo la vacancia decidida por el fujimorismo tras la orden iniciada por Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori no ha opinado públicamente, pero tampoco necesitaba hacerlo: el golpe estaba dado. Lo mismo ocurrió con César Acuña, cuyo partido la acompañó hasta el borde del abismo y luego la empujó sin aviso. En este parlamentarismo irresponsable, los aliados matan sin mirar atrás. Y lo hacen con la naturalidad de quien cambia un gabinete o aprueba una exoneración presupuestal.
Como advirtió a CARETAS el jurista Víctor García Toma, este ciclo de descomposición institucional abre el riesgo de una ingobernabilidad crónica, incluso de un Estado fallido. No se necesita ser tan limitada como Boluarte para ser eyectada del poder: basta con estorbar a una mayoría oportunista. Los poderes presidenciales se concibieron precisamente para evitar la anarquía parlamentaria. Pero en el Perú esa anarquía ya es norma.
CARETAS fue escéptica ante el elusivo concepto de “dictadura parlamentaria”. Hoy parece un eufemismo amable frente a la descomposición del poder que vive el país. Una herida abierta que seguirá sangrando mientras no exista una reforma política capaz de devolver al sistema su equilibrio perdido y a la ciudadanía, su derecho a ser gobernada.
