El gobierno de transición encabezado por el presidente José Jerí Oré ha prometido una guerra abierta contra la inseguridad ciudadana. Su urgencia: arrancar de raíz la red de extorsiones que en pocos meses mueve tanto dinero como las grandes economías ilegales del país –narcotráfico, trata de personas y minería ilegal–, un tumor que crece minuto a minuto y cobra vidas desde choferes de transporte público hasta comerciantes de a pie. En sus primeros días, Jerí juramentó un gabinete que llamó de transición y reconciliación nacional, presidido por Ernesto Álvarez Miranda y con un hombre clave en la primera línea: Vicente Tiburcio Orbezo, nuevo ministro del Interior. Exintegrante del GEIN y símbolo de mano firme, Tiburcio ha prometido “limpiar la casa policial” en un momento en que la corrupción ya no se oculta: la viste el uniforme, la protege la norma y la encubre el miedo.

El recientemente juramentado ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, en su primera entrevista a la prensa, lanzó un mensaje de ruptura: “No hay espacio para policías corruptos en la institución”. Desde RPP Noticias, el exintegrante del GEIN anunció una reforma inmediata en la Policía Nacional y una “limpieza total” dentro de la institución. Tiburcio pedirá facultades legislativas para reformar el régimen disciplinario –al que calificó de “blando y proteccionista”–, con el objetivo de expulsar de inmediato a los efectivos involucrados en delitos. También cuestionó el uso reiterado de los estados de emergencia: “Han representado más de lo mismo. Si se opta por ellos, debe ser con medidas adicionales y mensajes potentes para la ciudadanía”, advirtió. No obstante, reconoció que en la PNP aún hay buenos agentes: “Esos malos policías nos están haciendo daño. Pero también hay buenos agentes que están limpiando la institución desde dentro. No estamos solos en esta lucha”, sostuvo.

UNA CRISIS DE FONDO

El ministro da en el clavo. En lo que va de 2025, más de mil policías han sido detenidos por delitos que van desde la extorsión y el tráfico de drogas hasta la manipulación de pruebas. A la par, más de 1300 denuncias contra agentes permanecen bajo investigación en el Ministerio Público. Y según reveló la propia Inspectoría General ante el Congreso, más de 33 mil expedientes disciplinarios siguen sin resolución.

Las cifras, frías y contundentes, exponen una institución fracturada. Detrás del uniforme, la corrupción se ha vuelto una práctica tolerada por la lentitud de los procesos internos y el colapso normativo. El sistema disciplinario, como admitió el entonces inspector general Luis Veliz Noriega, “está colapsado”.

El deterioro institucional no es nuevo, pero se agravó con la inestabilidad política: el Perú ha tenido cerca de veinte ministros del Interior en el último quinquenio, lo que impidió políticas sostenidas de depuración.

CUATRO POLICÍAS MENOS CADA DÍA

El deterioro disciplinario dentro de la institución tiene cifras propias: entre 2021 y agosto de 2024, 4482 efectivos fueron dados de baja, un promedio de cuatro policías por día. El 95 % de ellos fueron suboficiales. Las causas van desde el abandono del puesto de trabajo hasta la conducción en estado de ebriedad, un reflejo del descontrol interno que agrava la crisis moral de la PNP.

LA INFILTRACIÓN DESDE LAS AULAS

Los informes reservados de Inspectoría revelan un fenómeno alarmante: las mafias financian estudios de cadetes policiales a cambio de lealtad futura. Al menos 18 aspirantes han sido vinculados a familiares investigados por narcotráfico o minería ilegal. “Antes el problema era la calle; ahora empieza en el aula”, confiesa un instructor de la Escuela Técnica de Puente Piedra.

POLÍTICA Y ABANDONO INSTITUCIONAL

Mientras el Congreso archiva proyectos de reforma, los recursos operativos se redujeron en 40 % en cinco años, y la confianza ciudadana en la PNP cayó del 42 % (2019) al 18 % (2025), según el INEI. La congresista Ruth Luque ha denunciado la “normalización” de la corrupción policial y el abandono estatal.

Los más golpeados son los honestos: 46 agentes han muerto en servicio, varios emboscados tras filtraciones internas.

BAJO EL MANTO DEL UNIFORME

La reciente desarticulación de “Los Piratas de Tarapoto” expuso con crudeza cómo el crimen se ha camuflado bajo el uniforme policial. Esta organización, integrada por agentes activos del grupo Terna y delincuentes comunes, operó entre 2020 y 2024 en San Martín, Tocache, Bellavista y Huallaga, ejecutando asaltos, extorsiones y tráfico de drogas con armamento oficial: fusiles FAL, pistolas Glock y chalecos de la propia institución. La Fiscalía Anticrimen Organizado vincula a 15 policías en actividad, entre ellos suboficiales como Roly Coral Rengifo y Oscar Zuta Heredia, bajo el mando de “Calicho” Gamarra y “Chato Silver”. Su estructura y jerarquía interna revelan una alianza perversa entre crimen y autoridad.

No es un caso aislado: en mayo, una operación en Tingo María capturó a Jhon Jairo Arancibia, alias “JJ”, brazo armado del delincuente “El Monstruo” y número dos de Los Injertos del Norte, confirmando que las bandas han infiltrado logística, información y protección desde dentro. Desde “Los incorregibles” hasta “Los Piratas”, la corrupción policial ya no es una mancha, sino un sistema que erosiona la confianza ciudadana y pone en jaque el principio mismo de la ley.

A esa red de infiltración se suma un elemento más inquietante: el avance del crimen transnacional, que ha comprado la conciencia de cientos de agentes del orden. En distintas regiones del país se detecta la influencia directa de “La Dinastía Alayón”, “Los Gallegos”, “Los Hijos de Dios” y “La Cota 905”, todas de origen venezolano; de los “Bravos del Gota a Gota” (Colombia); y de los cárteles mexicanos CJNG y de Sinaloa, además de las mafias ecuatorianas Los Tiguerones y Los Choneros. En este tablero delictivo, la línea que separa al policía del delincuente se ha vuelto peligrosamente difusa.

EL UNIFORME COMO DISFRAZ

La Policía atraviesa una crisis que no se mide solo en números sino en legitimidad. La línea que separaba al guardián del criminal se ha vuelto difusa. Los casos de corrupción ya no son excepciones: son síntomas de una enfermedad estructural que carcome a la institución desde dentro. En este contexto, el comandante general Óscar Arriola anunció la presentación de un proyecto de ley para reformar el régimen disciplinario policial, con el fin de aplicar sanciones inmediatas a los agentes implicados en corrupción o crimen organizado. “Buscamos una respuesta rápida frente a hechos probados, más allá de la vía penal”, declaró. Arriola sostuvo que la propuesta, coordinada con el ministro Tiburcio, apunta a evitar la impunidad y recuperar la imagen institucional. “Podemos combatir el crimen organizado usando nuestra propia estructura, con eficiencia y compromiso”, afirmó.

Por: CARLOS PAREDES *

En la teoría de la sucesión constitucional, José Jerí Oré es un presidente interino. En la aguda crisis política, de gobernabilidad, de representación e inseguridad en la que está sumido el país, el joven congresista, accesitario de Martín Vizcarra, es el octavo presidente en nueve años. Más que eso, Jerí, esencialmente, es un presidente de transición. Su principal preocupación es llegar a julio de 2026 y asegurar que las próximas elecciones generales sean democráticas y transparentes. Es evidente que el principal problema del país es la desbordada criminalidad organizada que roba, asalta, extorsiona y mata a todos los que no cumplen con pagarles cupos o se resisten a ser avasallados. El crimen organizado ha tomado por asalto al Perú y sobrevive impune. Da la impresión de que el Estado claudicó a su básica tarea de asegurar el orden público y la seguridad ciudadana.

Luchar contra esta criminalidad será la estrategia que le permitirá sobrevivir al inquilino precario de Palacio de Gobierno.

Jerí parece estar consciente de esto porque ha inaugurado el régimen al que ha llamado de “transición y reconciliación nacional”. Así lo ha dicho en cada uno de los 19 juramentos de sus ministros la tarde del martes 14 de octubre en Palacio de Gobierno. No será nada fácil propugnar una reconciliación en medio de un país polarizado y con un grupo de peruanos dispuestos a tomar las calles pidiendo que se vayan todos. Gritando que la clase política no los representa. Exigiendo que presidan la transición las congresistas que ellos consideran “decentes” y ajenas a lo que llaman “el pacto mafioso del gobierno”. Aunque más de una tenga algunas cuitas de conflicto de intereses crematísticos o inconsistencias en su rol fiscalizador.

LA MADRE PUTATIVA DEL PRESIDENTE DE TRANSICIÓN

Rosa Patricia Li Sotelo es la hacedora política de Jerí. Controvertida, procesada penalmente e investigable presidenta de Somos Perú desde 2017, ha sido el brazo promotor y protector de la carrera política del accesitario José Jerí. Li Sotelo no es precisamente un referente de coherencia política o pulcritud en puestos públicos o manejo del erario. Ha negociado los votos de su bancada con los sucesivos gobiernos débiles de la última década. Apoyó al régimen de Castillo a cambio de una cartera ministerial, primero Cultura y después Trabajo, donde colocó a Alejandro Salas. Fue elegida alcaldesa de Punta Negra (2003-2006), pero no pudo completar su mandato porque fue acusada por cargos de corrupción. En 2011 la Corte Suprema confirmó su sentencia por peculado a cuatro años de prisión suspendida. También tiene un paso interrumpido como asesora del Congreso, en la bancada de Somos Perú, de donde fue expectorada porque se verificó que el título profesional de contadora que presentó era falso. Li solo logró el bachillerato por la Universidad Garcilaso de la Vega en 1985, antes que la Sunedu le suspenda la licencia. Precisamente, en su papel de contadora, estuvo involucrada en el sonado caso de evasión y falsificación fiscal de las empresas del empresario contratista Lelio Balarezo Young, dueño original de la estación de radio Antena 1 que, en los años noventa, relacionada a Alan García, nació con muchos recursos para ser competencia de Radio Programas. En este proceso penal, la madrina política de Jerí, fue incluida como una de las autoras del fraude, pero no terminó en prisión porque se acogió a la prescripción. Había pasado mucho tiempo desde que se cometió el delito hasta que se le juzgó.

Patricia Li compite ahora con José Luna en fichar congresistas tránsfugas para que su bancada crezca, cada voto significa mayor capacidad de negociación en un Congreso atomizado que empezó con ocho bancadas y ahora tiene 14. Su olfato electoral apunta a asegurar que su membresía partidaria no pierda la inscripción porque eso significaría perder su poder tras bambalinas. En ese propósito no ha tenido ningún rubor de invitar a postular por Somos Perú a Daniel Salaverry o Martín Vizcarra. Qué diría Alberto Andrade si regresase para ver en qué ha terminado el partido municipalista que fundó en plena autocracia del fujimorismo. La responsable de esta degradación es la madrina política del actual inquilino de Palacio de Gobierno. Todo indica que su opinión e interferencia serán determinantes en las decisiones de Jerí. Avisados estamos.

EL PRIMER Y PRINCIPAL PROBLEMA

No queda duda de que las organizaciones criminales transversales e internacionales han tomado control de buena parte de las ciudades. La industria de la extorsión creció de manera inversamente proporcional a los esfuerzos de las autoridades por reprimirla. No solamente es la indefensión de las víctimas del cobro de cupos a mano armada, es la impunidad con la que actúan estas bandas transnacionales que cada vez son más violentas y desfachatadas para cometer sus crímenes. Mientras nuestras autoridades se enfrentan unas a otras, no son diligentes o, lo que es peor, también son alcanzadas por su estela de corrupción, especialmente en la Policía, las bandas se consolidan logrando normalizar la extorsión. La gota que rebasó el vaso de esta crisis de inseguridad, el ataque al grupo Agua Marina en Chorrillos, provocó la vacancia exprés de Dina Boluarte.

Aunque queda claro que más que el detonante fue el pretexto. Sea como fuere, lo innegable es que la criminalidad desbordada es el problema más grave de la sociedad peruana. Y también la tarea más importante de quien esté al mando del país.

Para esa tarea, Jerí ha logrado convencer a Vicente Tiburcio como su ministro del Interior. Tiburcio es un destacado oficial de la Policía que desde que salió de la escuela, de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), ha trabajado combatiendo el crimen en todas sus modalidades. Integró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que logró capturar al genocida Abimael Guzmán en septiembre de 1992. Llegó a ser comandante general de su institución después de ser jefe de la Dircote y de la Dirincri. Pedro Castillo lo defenestró de la comandancia general porque se negó a proteger a sus sobrinos implicados en varios presuntos delitos. Sus excompañeros del GEIN, todos policías en retiro, se han ofrecido a apoyarlo trabajando planes estratégicos de inteligencia operativa policial. Vicente Tiburcio y Oscar Arriola pueden ser un binomio efectivo contra el crimen organizado. Ambos han demostrado, en el campo, que saben cómo hacerlo. Ahora necesitan que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial estén a la altura de su responsabilidad. No es tarea fácil con tanta precariedad material y moral.

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Autor del libro “El perfil del Lagarto”.

El exministro de Justicia José Tello advierte que el Congreso está diseñando un sistema electoral hecho a su medida. “Están apostando a una suerte de muerte global de partidos”, sostiene, al analizar los cambios recientes en la legislación electoral y la eliminación de las elecciones primarias abiertas —el espacio de competencia interna que debía ordenar la oferta partidaria antes de la campaña general—.

Según Tello, la supresión de las primarias ha tenido un efecto perverso: en lugar de reducir el número de organizaciones políticas, lo ha multiplicado. “Hoy tenemos 43 partidos inscritos. Si las primarias se hubiesen mantenido, no habría habido ningún problema porque había una primera criba. Ahora el escenario se ha vuelto inmanejable”, explica.

El resultado es un embalse de candidaturas que volverá a fragmentar el voto y a reproducir el caos de 2021, cuando 2,3 millones de peruanos quedaron sin representación porque sus votos fueron a partidos que no superaron la valla electoral.

DISEÑO A MEDIDA

Tello sostiene que el Congreso está legislando con un claro sesgo de autoprotección. “Están preparando un sistema que beneficie a los partidos que hoy tienen presencia parlamentaria y aspiran a quedarse en el poder”, advierte.

El nuevo marco electoral, que incorpora mayores requisitos de inscripción y eleva las exigencias de adherentes, funcionará —según el exministro— como una barrera de entrada para nuevas fuerzas políticas.

Actualmente, se requieren 534 mil firmas válidas para inscribir un partido, equivalente al 3 % del electorado que votó en la última elección. Pero existe un proyecto que busca elevar esa cifra al 10 %, lo que supondría cerca de 2,5 millones de adherentes.

“Eso no es casualidad”, remarca Tello. “El objetivo es quedarse con un grupo reducido de partidos –ocho, con suerte–, cerrar el club y dejar fuera a cualquier nuevo actor”.

LA NUEVA MATEMÁTICA ELECTORAL

El eje de esa ventaja está en la elección del nuevo Senado, donde los partidos competirán con listas nacionales en duplas, y la distribución de escaños se hará mediante la cifra repartidora.

Tello recuerda que este método –el mismo que en 2016 permitió que Fuerza Popular obtuviera 78 curules con solo el 32 % de los votos– premia la concentración y castiga la dispersión. En un escenario con más de 40 partidos, como el que se perfila tras la eliminación de las primarias, los votos se pulverizan y bastará un porcentaje mínimo para asegurar varios senadores.

El nuevo Senado estará conformado por 60 miembros elegidos en una sola circunscripción nacional, lo que refuerza la ventaja de las agrupaciones con estructura territorial y maquinaria política.

La cifra repartidora divide los votos válidos entre el número de escaños, asignando los primeros lugares a los partidos que logran concentrar más apoyo inicial. En la práctica, esto magnifica el peso de los primeros y deja sin representación a millones de votantes dispersos entre pequeñas organizaciones.

“Si tienes a 43 partidos compitiendo, el voto se divide –añade Tello–. Y los que ya tienen estructura e imagen, los del Congreso, se quedan con todo.”

El efecto será doble: una representación concentrada y una alta tasa de votos perdidos, que favorece directamente a las bancadas instaladas en el poder.

En palabras del exministro, “la mayoría de partidos no superará la valla electoral”, y eso asegura que el próximo Congreso, pese a su descrédito, se parezca mucho al actual.

A ello se suma un detalle clave: los actuales congresistas, con visibilidad nacional, encabezarán las duplas.

“Los que van a la reelección irán como número uno en el Senado”, advierte Tello. “Tienen ahí una posibilidad real de lograr el efecto: su nombre arrastra el voto de lista, y la mayoría de partidos pequeños no pasará la valla”.

“Todo está diseñado para que quienes hoy están en el poder sigan siéndolo”, dice. “El voto se va a fragmentar, y eso les favorece. Con menos competencia real, los mismos partidos podrán mantener su representación, aunque con menor legitimidad”.

El fenómeno se amplifica con la eliminación de las encuestas en la víspera de los comicios, que –según Tello– evita el “voto estratégico”: ese mecanismo por el cual los ciudadanos cambian su preferencia al final para apoyar a un candidato con opciones reales de pasar la valla.

“En 2021, ese voto estratégico ayudó a reducir la dispersión. Sin él, tendremos más fragmentación y más votos desperdiciados”, advierte.

EL GOLPE AL SISTEMA

El escenario que describe el exministro es alarmante: un Congreso que podría representar a un número cada vez menor de electores, mientras millones de votos quedan fuera de toda representación política.

“Si esto sigue así, no serán 2,3 millones, sino muchos más los peruanos sin voz en el Parlamento. El Congreso será aún menos representativo y más distante de la ciudadanía”, afirma.

Para Tello, se trata de un diseño deliberado. “Han eliminado las primarias, endurecido los requisitos de inscripción y manipulado las fórmulas de representación. Todo apunta a consolidar un sistema cerrado”, dice. “Y eso, en democracia, siempre es un riesgo”.

Tello considera que la reforma electoral, en lugar de fortalecer la representación, ha cerrado el sistema.

Se eliminaron las primarias abiertas –que permitían a la ciudadanía participar en la selección de candidatos–, se endurecieron las condiciones para inscribir partidos y se impuso un modelo que combina cifra repartidora, voto de lista y duplas encabezadas por congresistas conocidos.