El Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) acordaron coordinar acciones urgentes para proteger a los jueces y juezas que enfrentan procesos vinculados a la criminalidad organizada. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y el comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola Delgado, se reunieron en el Palacio de Justicia para definir estrategias ante el incremento de amenazas y atentados contra magistrados en distintas regiones del país.
Amenazas en aumento: la justicia bajo fuego
En las últimas semanas, varios magistrados del Poder Judicial que lideran procesos contra bandas criminales han sido víctimas de amenazas extorsivas y atentados que ponen en riesgo su vida.
El más reciente ocurrió cuando una banda delictiva dejó una caja con explosivos y mensajes intimidatorios en la puerta del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Los destinatarios eran dos jueces de la Corte Superior de Lima a cargo de juicios emblemáticos contra organizaciones de alta peligrosidad.
Casos como este han encendido las alarmas dentro del sistema judicial. ¿Está el Estado peruano preparado para proteger a los operadores de justicia que enfrentan al crimen organizado?
Jueces en la mira del crimen
Las amenazas no se limitan a Lima. En regiones como La Libertad y Cañete, dos jueces de paz fueron asesinados tras negarse a ceder ante presiones y extorsiones de grupos delictivos.
A estos casos se suman las advertencias dirigidas al Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla, cuyos integrantes ya habían recibido amenazas de muerte meses atrás.
Este tribunal ha dictado 197 condenas contra organizaciones criminales, incluyendo 52 cadenas perpetuas contra miembros de la banda Los Michis, dedicada a extorsión, sicariato y secuestro. Su labor judicial ha sido reconocida como una de las más firmes en la lucha contra el crimen organizado.
Fiscalías también bajo amenaza
La violencia no se detiene en el ámbito judicial. Hace poco, una fiscal de Lima Este denunció haber sido amenazada por una organización conocida como Los Pepes de San Juan de Lurigancho, quienes le exigieron detener investigaciones a cambio de su integridad.
El caso evidencia la necesidad de un plan nacional de seguridad para proteger no solo a jueces, sino también a fiscales, procuradores y policías que trabajan contra estructuras criminales que han extendido su influencia en distintas jurisdicciones.
Reunión en Palacio de Justicia: un plan conjunto
Durante el encuentro entre Janet Tello Gilardi y Óscar Arriola Delgado, ambas autoridades coincidieron en que es urgente fortalecer los mecanismos de protección y diseñar una estrategia integral que garantice la seguridad de los operadores de justicia.
Tello expresó su preocupación por la vulnerabilidad de jueces y juezas que, a pesar de las amenazas, siguen emitiendo sentencias firmes contra redes delictivas.
La presidenta del Poder Judicial confió en que la Policía Nacional y el Poder Ejecutivo puedan liderar una política articulada que asegure la tranquilidad y protección del sistema judicial frente al avance del crimen.
El compromiso con la justicia
Janet Tello también exhortó a los magistrados a mantener su firmeza y compromiso con la justicia y el debido proceso, emitiendo sentencias proporcionales al daño causado por las organizaciones criminales.
“El Poder Judicial no se amedrentará ante las amenazas. Nuestra respuesta será más justicia y más rigor”, habría señalado, en una postura que busca reafirmar la independencia del sistema frente al crimen.
¿Podrá el Estado garantizar la integridad de quienes enfrentan al crimen desde los tribunales? La respuesta dependerá del grado de coordinación entre el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ejecutivo, así como de la rapidez con la que se implementen medidas efectivas de protección.
Desafíos en la seguridad judicial
El incremento de la criminalidad organizada en el Perú ha generado un clima de vulnerabilidad entre quienes imparten justicia. La falta de recursos logísticos y humanos para la protección personal de magistrados y fiscales es una constante que preocupa a las autoridades.
Se prevé que, en los próximos días, la Oficina de Seguridad Judicial presente un informe detallado sobre los puntos más críticos y las medidas que podrían adoptarse de inmediato.
La lucha contra el crimen organizado no solo se libra en las calles, sino también en los tribunales. Y hoy, más que nunca, los jueces y fiscales necesitan del respaldo del Estado para seguir cumpliendo su labor sin miedo.
Conclusión: justicia bajo resguardo
El encuentro entre el Poder Judicial y la Policía Nacional marca un paso crucial para blindar la independencia del sistema judicial y proteger a quienes enfrentan al crimen desde la primera línea.
Si bien las amenazas continúan, la coordinación interinstitucional puede convertirse en una herramienta decisiva para garantizar que la justicia prevalezca sobre la violencia.