El Poder Judicial advirtió que la modificación de la Ley de Extinción de Dominio, que permite la confiscación de bienes provenientes de actividades ilícitas, podría dejar impunes más de 5,000 casos relacionados con la corrupción. El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio, explicó que el Proyecto de Ley 3577, aprobado en primera votación por el Congreso, limita la intervención de los bienes solo después de que se haya dictado una sentencia firme en el proceso judicial, lo que podría generar graves consecuencias para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Luján Túpez explicó que, si el Congreso aprueba esta ley, muchos de los procesos en curso, que incluyen delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y minería ilegal, quedarían afectados. Actualmente, la ley permite la confiscación de bienes durante el proceso, sin necesidad de una sentencia definitiva. Sin embargo, con la nueva legislación, los bienes ilícitos no podrían ser incautados hasta que el juicio haya concluido, lo que podría llevar años y generar impunidad. “Más de 5,000 procesos quedarían sin resolución si se modifica la ley”, alertó el magistrado.
El juez destacó que la actual legislación ha permitido recuperar más de 160 millones de dólares en bienes relacionados con delitos graves. Además, subrayó que la extinción de dominio impacta directamente donde más les duele a los criminales: en su economía. Al confiscar bienes vinculados a actividades ilícitas, como la corrupción, se les debilita financieramente, lo que contribuye a frenar su accionar delictivo. Según Luján Túpez, cambiar esta ley abriría un espacio para que los criminales sigan operando sin restricciones.
El magistrado también advirtió que, además de los perjuicios nacionales, la modificación de la ley podría afectar el estatus internacional del Perú. La falta de cumplimiento de compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado podría colocar al país en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que dañaría la reputación del país y afectaría negativamente la inversión extranjera.