El inicio de un nuevo régimen de control
Desde la medianoche del miércoles 22 de octubre, Lima y Callao entraron oficialmente en estado de emergencia. El anuncio fue realizado por el presidente José Jerí, quien aseguró que el país atraviesa “un punto de inflexión” frente al avance del crimen organizado. Según el mandatario, esta decisión busca recuperar el orden y la confianza ciudadana tras meses de incremento de homicidios, extorsiones y sicariato.
El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, publicado en edición extraordinaria de El Peruano, detalla que la medida tendrá una vigencia inicial de 30 días. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, que participarán en operativos conjuntos bajo mando policial.
¿Qué implica esta declaratoria? En la práctica, se trata de un régimen de excepción que permite suspender ciertos derechos fundamentales y ejecutar intervenciones inmediatas en zonas de riesgo.
Derechos constitucionales restringidos
El decreto establece la restricción o suspensión de cuatro derechos fundamentales:
- Libertad y seguridad personales.
- Inviolabilidad del domicilio.
- Libertad de reunión.
- Libertad de tránsito.
Esto significa que las fuerzas del orden podrán realizar detenciones, allanamientos y controles de identidad sin orden judicial previa, cuando existan indicios razonables. Asimismo, se exigirá permiso especial para la realización de eventos públicos y masivos, incluyendo actividades religiosas, deportivas o culturales.
Las autoridades municipales y regionales deberán coordinar con la PNP y las Fuerzas Armadas para autorizar estos eventos, priorizando la seguridad ciudadana. Aquellas actividades que no sean masivas podrán realizarse sin permiso previo, siempre que no alteren el orden público.
Patrullajes combinados y control territorial
Una de las principales acciones será el control territorial focalizado en zonas críticas de Lima y Callao. Se instalarán comandos de campaña temporales y se reforzarán los patrullajes combinados entre la PNP, las FF.AA. y los cuerpos de serenazgo.
El patrullaje sostenido se concentrará en paraderos, estaciones del metro, mercados, instituciones públicas y otros espacios con alta incidencia delictiva. Además, se intensificarán los operativos de búsqueda y captura de requisitoriados mediante el uso de mapas del delito y control de identidad.
También se autoriza el control de identidad en inmuebles y, de ser necesario, el descerraje de propiedades vinculadas a actividades ilícitas. En paralelo, se ordenó el control de extranjeros bajo el marco del procedimiento administrativo sancionador especial.
Restricción al transporte en motos lineales
El decreto dispone la prohibición del tránsito de dos personas adultas en motos lineales (vehículos categoría L3) durante el estado de emergencia. Esta medida busca reducir los casos de sicariato y asaltos al paso, modalidades delictivas que se han multiplicado en los últimos meses.
La PNP y los serenazgos realizarán operativos de intervención y decomiso de motocicletas con documentación adulterada, placas ilegibles o alteradas, y aquellas que incumplan las normas de tránsito. Los vehículos infractores serán trasladados a depósitos autorizados.
Control penitenciario y pruebas al personal del INPE
Otro eje clave del estado de emergencia es la intervención penitenciaria. El Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a funcionarios vinculados al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Se dispuso un apagón eléctrico en las celdas para limitar las comunicaciones ilegales, y una reducción de visitas: una por semana para los internos en régimen cerrado ordinario y una quincenal para los del régimen especial. Solo podrán recibir familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Asimismo, se iniciarán operativos contra telecomunicaciones ilícitas, con suspensión inmediata de las líneas telefónicas utilizadas en extorsiones, secuestros o amenazas desde los penales.
Operativos en mercados ilegales y control de insumos químicos
Las fuerzas del orden también ejecutarán acciones de fiscalización en mercados ilegales dedicados a la trata de personas, tráfico de drogas y comercialización de autopartes robadas.
El Comité de Fiscalización supervisará además el uso de insumos químicos destinados a la elaboración de drogas y la fabricación artesanal de pirotécnicos, con decomisos permanentes en puntos de venta no autorizados.
Refuerzo judicial y protección a fiscales y jueces
El Ejecutivo anunció que se fortalecerán las unidades de flagrancia, para permitir una respuesta más rápida del sistema judicial ante detenciones inmediatas. La PNP deberá garantizar la seguridad de jueces y fiscales involucrados en procesos de criminalidad organizada, muchos de los cuales han recibido amenazas.
El Gobierno afirmó que estas medidas buscan consolidar una presencia efectiva del Estado en los territorios controlados por bandas delictivas, sin descuidar el respeto a los derechos humanos.
Un desafío de legitimidad y resultados
El estado de emergencia ha generado apoyo y críticas. Mientras algunos sectores lo consideran necesario para frenar la ola de violencia, otros advierten que la militarización no resolverá las causas estructurales del crimen.