El Ministerio de Salud, a través de un comunicado informó que luego de una minuciosa evaluación, la junta médica de especialistas del Instituto Nacional Perinatal (INMP) informó la decisión de aprobar la interrupción del embarazo en el «caso Mila» para evitar un grave daño en su salud física y mental. Asimismo, señala que se inició el procedimiento médico correspondiente, y se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la paciente.
El comunicado del INMP también precisa que, durante todo el proceso, desde la llegada, se mantiene la atención integral dentro del marco de las normas y leyes vigentes, priorizando el interés superior de la menor.
La menor ingresó al INMP, el pasado miércoles 9, procedente del Hospital Regional de Loreto, luego que la Junta Medica le negará el aborto terapéutico a la menor de 11 años quien contaba con 22 semanas de gestación producto del abuso sexual de su padrastro.
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Sin embargo, el caso de «Mila» a quien se le negó practicarle el aborto terapéutico, en una primera junta médica, no es el único. En 2001 Noelia Llantoy, con 17 años de edad, fue prohibida de abortar por médicos del Hospital Loayza. Días antes la ginecóloga de Noelia le había informado que llevaba un embarazo con un feto era anencefálico. Es decir, que nacería sin cerebro o sin una parte de este órgano y que moriría a las horas o días de nacido. La adolescente se vio obligada a continuar con el embarazo y cuatro días después del nacimiento, el bebé falleció.
Quince años más tarde, el Gobierno peruano por medio del Ministerio de Justicia, tuvo que pedirle disculpas públicas luego de un largo proceso donde el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obligó al estado peruano a encontrar formas para evitar que otras personas tuvieran que sufrir los mismos abusos.
Otro caso conocido es el de Liz Margot Chalco Palacios, quien fue violentada sexualmente siendo menor de edad, por una persona adulta en 2007, una junta medica del Hospital Daniel Alcides Carrión, le negó el aborto.
Por otro lado, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola Peñaranda sostuvo que en el Gobierno están comprometidos en velar la integridad y seguridad de niños y adolescentes del país.
«El Gobierno y el Estado están en la obligación de proteger la salud y la vida, especialmente, de los adolescentes y niños y en este caso una manera de proteger a esta niña ha sido esta intervención que fue decidida por una junta médica, lo que ha ocurrido es que se ha respetado la decisión de una junta medica se ha cuidado la salud y la vida de esta menor de edad», manifestó.
