El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará como organismo rector del sistema penitenciario peruano, luego de que el Gobierno derogara el Decreto Legislativo 1710. El cual había dispuesto su fusión por absorción con otras dos entidades para crear una nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
La nueva norma, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, reconoce que el proceso de fusión previsto en febrero de 2026 no llegó a materializarse. Por ello, el Ejecutivo optó por mantener la estructura institucional del INPE y establecer disposiciones para fortalecer y modernizar su gestión.
El decreto lleva la firma de Luis Galarreta, primer vicepresidente encargado del despacho presidencial durante el viaje oficial de Keiko Fujimori a Asia.
¿Qué planteaba la norma que fue derogada?
El Decreto Legislativo 1710, promulgado durante el gobierno de José Jerí, había creado la SUNIR como ente rector de un nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
La propuesta contemplaba absorber al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) en una sola entidad.
Sin embargo, los considerandos del nuevo decreto señalan que ese proceso no se había materializado. Con la derogación, el INPE conserva su condición de organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía funcional, administrativa, económica y financiera.
Inteligencia penitenciaria y nuevas funciones del INPE
Uno de los principales cambios es la incorporación explícita de la inteligencia penitenciaria como ámbito de actuación transversal. Tanto dentro como fuera de los establecimientos de reclusión.
Esta función estará orientada a obtener, procesar y analizar información para anticipar amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad de los penales. La norma también define el control de riesgos como el conjunto de acciones de seguridad e inteligencia destinadas a prevenir conductas delictivas o violentas dentro y fuera de estos centros.
Entre las nuevas responsabilidades asignadas al INPE figuran:
- Administrar el Registro Nacional Penitenciario para la población intramuros y extramuros.
- Gestionar integralmente la vigilancia electrónica personal y la libertad vigilada postpenitenciaria.
- Desarrollar estrategias de asistencia postpenitenciaria en coordinación con entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, el INPE y el PRONACEJ tendrán un plazo de 90 días calendario para formular un indicador de reincidencia delictiva que permita medir la efectividad de los procesos de reinserción social.
Cambios en la organización y designación del jefe del INPE
El decreto establece una nueva estructura orgánica para el instituto, cuya Alta Dirección estará conformada por la Jefatura y la Gerencia General. También contempla un Órgano de Control Institucional, órganos de administración interna, órganos de línea y un Órgano de Inspectoría Penitenciaria.
La Gerencia General será la máxima autoridad administrativa de la entidad y dependerá jerárquicamente de la Jefatura.
La norma también establece las causales para dar por terminada la designación del jefe del INPE. Entre ellas figuran la renuncia aceptada, el fallecimiento, la inhabilitación para ejercer un cargo público, una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, la incapacidad permanente declarada por autoridad competente y la remoción por pérdida de confianza de quien lo designó.
El ejercicio del cargo estará sujeto, además, a las disposiciones vigentes sobre idoneidad en la función pública e incompatibilidades de los funcionarios.
¿Cuáles son los plazos para implementar los cambios?
El decreto dispone que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INPE sea aprobado en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma. La propuesta deberá ser presentada por el propio instituto y aprobada mediante decreto supremo, con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Además, el INPE tendrá un plazo adicional de 60 días hábiles para presentar ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) sus instrumentos de gestión en materia de recursos humanos.
La norma fue refrendada por Luis Galarreta, en su condición de encargado del despacho presidencial; Rafael Jorge Belaunde Llosa, ministro de Defensa y encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros; y Ernesto Julio Álvarez Miranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Visita el canal de CARETAS en WhatsApp
¿Te interesa estar al tanto de las últimas noticias del Perú y el mundo? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal por medio de este enlace: https://whatsapp.com/channel/0029Vb9kDQ93rZZkqNeGGD1q