El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, volvió a encender las alarmas sobre el avance del crimen organizado en el norte del país y exigió que el anunciado estado de emergencia para Piura, Sullana y, posiblemente, Talara, sea aplicado con medidas efectivas y no como un mecanismo administrativo sin impacto real. En declaraciones a Ampliación de Noticias, el gobernador sostuvo que la región enfrenta disputas entre bandas locales y organizaciones que operan desde Ecuador y Trujillo, lo que ha incrementado la violencia y la presencia de estructuras criminales más complejas.
Neyra aseguró que la situación ha alcanzado niveles críticos, especialmente en zonas urbanas y corredores económicos donde la inversión privada se ha visto amenazada por extorsiones, sicariato y enfrentamientos entre grupos por el control territorial. Bajo este panorama, la autoridad regional remarcó que la medida anunciada por el presidente José Jerí solo tendrá sentido si se ejecuta con inteligencia policial, equipos multidisciplinarios y un enfoque de intervención directa contra las bandas identificadas en la región.
¿Por qué Piura reclama un estado de emergencia “real”?
Neyra sostuvo que no basta con patrullar las calles para contener la ola delictiva: “Se trata de acciones concretas”, subrayó. Para el gobernador, declarar un estado de emergencia sin planificación operativa ni intervención estratégica solo prolonga el problema y permite que los delincuentes se reacomoden.
La autoridad recordó que el Gobierno anterior aplicó estados de emergencia en diversas regiones, pero sin resultados sostenibles. “Se declaraba la medida, se pasaba el tiempo y todo seguía igual”, señaló. Esta vez, insiste, Piura necesita una respuesta que incluya inteligencia operativa, detenciones focalizadas y el desmantelamiento de redes criminales.
¿Cuál es el punto central del reclamo? Que ya existen bandas plenamente identificadas por la Policía, pero aún no se ejecutan las incursiones necesarias para desarticularlas. Según Neyra, el trabajo preliminar está hecho; ahora se requiere fuerza operativa y decisión política.
Presencia de bandas extranjeras y reacomodo criminal en Piura
Uno de los puntos más reveladores de la entrevista de Neyra es la infiltración de bandas provenientes de Ecuador y Trujillo, que se habrían asociado con grupos locales para ampliar su control en actividades ilícitas como extorsión, sicariato y trata.
Este fenómeno refuerza la necesidad de una estrategia nacional, pues la dinámica criminal se ha vuelto más móvil y adaptable. “Cuando declaramos un estado de emergencia puntual, los delincuentes migran a otras provincias, esperan que termine la medida y luego regresan”, advirtió.
El gobernador alertó que este comportamiento explica por qué los estados de emergencia parciales no están funcionando: el crimen se desplaza, se esconde y vuelve a operar una vez que las restricciones desaparecen.
¿Qué diferencia plantea el Gobierno de José Jerí?
El presidente José Jerí anunció que declarará el estado de emergencia en Piura y Sullana, además de evaluar Talara. Según Neyra, el mandatario se comprometió a hacer que esta vez la medida sea “real”, es decir, acompañada de acciones efectivas, equipos especializados y operativos de inteligencia.
Para las autoridades locales, esta diferencia es clave: un estado de emergencia que solo incremente el patrullaje no resuelve la raíz del problema, mientras que uno orientado a intervenciones quirúrgicas sí podría frenar el avance de las bandas.
El reto está en implementar equipos mixtos, articulados entre la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, el Ministerio Público y unidades de investigación criminal. Neyra enfatizó que Piura ya hizo su parte y presentó diagnósticos; ahora el Gobierno central debe ejecutar.
¿Es necesario un estado de emergencia nacional?
Otra pregunta clave planteada por Neyra es si un estado de emergencia focalizado es suficiente para contener el avance delictivo. Su respuesta fue clara: no.
“Esto tiene que hacerse a nivel nacional. No puede irse haciendo por partes. Esa es la raíz del fracaso de los estados de emergencia”, sentenció. Para el gobernador, los delincuentes se adaptan rápidamente a las medidas regionales y migran temporalmente a otras zonas, lo que hace ineficaz cualquier esfuerzo fragmentado.
Un estado de emergencia integral permitiría cerrar rutas de escape, operar simultáneamente en varios frentes y evitar el efecto de desplazamiento criminal que se ha observado en los últimos años.
La demanda de inteligencia policial como eje central
El gobernador insistió, en varias ocasiones, que el elemento clave para reducir la criminalidad en el norte es la inteligencia policial, una herramienta que, según él, no se ha utilizado de manera adecuada en el pasado.
“Sin inteligencia podemos hacer de todo, pero iremos a ciegas”, afirmó. Según Neyra, Piura requiere equipos altamente calificados que desarrollen labores de seguimiento, infiltración y análisis de redes delictivas. Solo después, subrayó, se podrán realizar operativos con impacto real sobre las organizaciones ya identificadas.
Las autoridades regionales han pedido que este componente sea incluido, incluso antes del despliegue militar o policial, pues representa el pilar para cualquier intervención sostenible.
Un norte en tensión y la expectativa de cambios reales
La región de Piura enfrenta un año crítico. Entre disputas por hegemonía delincuencial, el crecimiento del sicariato y la expansión de bandas mixtas —locales y extranjeras—, la población exige resultados concretos y un Estado que responda con claridad.
Las declaraciones de Neyra apuntan directamente a la necesidad de cambios estructurales en la política de seguridad: operativos inteligentes, acción conjunta y un estado de emergencia que no se limite al despliegue de efectivos, sino al ataque directo de las organizaciones criminales que operan en la región.