El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la detención de cinco agentes penitenciarios del penal de Piura, presuntamente implicados en la fuga del interno Krisman Félix Nizama Ponce (31), quien se encontraba recluido por el delito de extorsión y bajo tratamiento psiquiátrico. El hecho ha generado una fuerte preocupación sobre las falencias en la seguridad penitenciaria y los controles internos en los establecimientos del norte del país.
La institución confirmó que las investigaciones iniciales apuntan a una posible colusión interna que habría facilitado la huida del recluso. El caso ha encendido las alarmas en el sistema penitenciario y motivado la intervención de las autoridades judiciales y del Ministerio de Justicia.
Cinco agentes bajo investigación
Según el Comunicado N.º 56-2025 difundido por el INPE, fueron detenidos los agentes penitenciarios Percy Elvis Salón Villa, Walter Ángelo Caicay Reyes, Julio Ronald Chumacero Niño, José Armando Trujillano Samamé y Juan Carlos Santos Hinostroza, por el presunto delito de favorecimiento de fuga.
De acuerdo con las primeras diligencias, el interno Nizama Ponce habría aprovechado una supuesta debilidad en los controles de seguridad para escapar del establecimiento penal por un forado en la parte inferior de la puerta de acceso al tópico médico, lugar donde debía recibir su tratamiento psiquiátrico.
La versión oficial indica que la fuga se produjo durante el turno de vigilancia de los agentes ahora detenidos, quienes permanecen bajo investigación del Ministerio Público.
Interno recibía tratamiento psiquiátrico
Fuentes penitenciarias señalaron que Krisman Félix Nizama Ponce se encontraba recluido en el penal de Piura cumpliendo una condena por el delito de extorsión, pero que había sido diagnosticado con una condición psiquiátrica, motivo por el cual tenía autorización para recibir atención médica especializada dentro del recinto.
El interno debía trasladarse bajo supervisión constante, sin embargo, el forado en la puerta del tópico fue utilizado para su fuga, lo que evidenciaría una grave falla de seguridad y supervisión.
Hasta el momento, el INPE no ha precisado si existían antecedentes disciplinarios previos en los agentes detenidos ni si se habían reportado irregularidades anteriores en el penal.
Reacción del INPE y medidas inmediatas
En su comunicado, el INPE aseguró estar brindando todas las facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. Además, anunció la adopción de medidas inmediatas para reforzar la seguridad interna y externa en el penal de Piura, uno de los establecimientos con mayor índice de incidentes en los últimos años.
“El INPE reitera su compromiso con el principio de autoridad en todas las cárceles del país”, señala el documento oficial. Asimismo, se informó que las unidades de inteligencia penitenciaria y la Policía Nacional han intensificado la búsqueda del interno fugado, con apoyo de las comisarías de la región.
De manera paralela, se han dispuesto operativos de control en las salidas de la ciudad y carreteras cercanas al penal, ante la posibilidad de que Nizama Ponce haya recibido apoyo externo.
Preocupación por seguridad penitenciaria
La fuga en Piura reaviva el debate sobre la crisis estructural del sistema penitenciario peruano, marcada por el hacinamiento, la corrupción y la precariedad del personal de seguridad. Expertos en temas penitenciarios advierten que la falta de capacitación, bajos salarios y deficiencias tecnológicas facilitan los actos ilícitos dentro de los establecimientos.
En el caso del penal de Piura, informes recientes ya habían advertido sobre condiciones de infraestructura deterioradas y escaso control perimetral, lo que incrementaba los riesgos de fuga y violencia interna.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que evaluará la creación de un comando de supervisión penitenciaria para los penales del norte, a fin de prevenir incidentes similares.
Contexto regional y antecedentes
El penal de Piura ha sido escenario de diversos hechos irregulares en los últimos años. En 2024, se reportó la captura de un grupo de trabajadores implicados en el ingreso de objetos prohibidos, y en 2023 se desbarató una red que coordinaba extorsiones desde el interior del recinto.
Con este nuevo caso, la situación se agrava y evidencia la urgencia de modernizar los protocolos de control penitenciario. Las autoridades judiciales de Piura han dispuesto que los cinco agentes involucrados sean puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, que evaluará la imputación de cargos.
Mientras tanto, la búsqueda del interno continúa en marcha con apoyo de unidades especializadas en rastreo y control de fronteras.
Un llamado a la reforma penitenciaria
El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma penitenciaria integral en el Perú. Organismos de derechos humanos y entidades de la sociedad civil han insistido en la urgencia de dignificar el trabajo penitenciario, implementar tecnología de vigilancia y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.
El caso de Piura es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a penales de todo el país, donde las mafias internas, los actos de corrupción y la falta de recursos debilitan la autoridad del Estado y ponen en riesgo la seguridad nacional.
En tanto, el INPE continúa con las investigaciones internas y no descarta más detenciones si se comprueba que existió complicidad o negligencia en otros niveles de mando.