Fiscalía inspecciona sede del Ministerio de Vivienda por presunto riesgo de colapso estructural

Fiscalía realiza diligencia en la sede del Ministerio de Vivienda tras un informe que advierte presuntas fallas estructurales.

por Edgar Mandujano

La Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro inició este martes una diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en San Isidro, luego de que un informe técnico difundido por televisión alertara sobre presuntas fallas estructurales que pondrían en riesgo la estabilidad del edificio ante un sismo de gran magnitud.

La diligencia está a cargo del fiscal provincial Óscar Díaz Alegre y tiene como finalidad verificar las condiciones del inmueble y prevenir la eventual comisión de delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales, en caso de que las deficiencias estructurales representen un peligro para los trabajadores y visitantes.

Riesgo de colapso en el Ministerio de Vivienda bajo investigación

La intervención fiscal se produce dos días después de que el programa Cuarto Poder difundiera un reportaje en el que reveló la existencia de un estudio de sismorresistencia que advertiría sobre un alto riesgo de colapso sísmico en la sede del Ministerio de Vivienda.

Según el informe periodístico, el edificio de 16 pisos y cuatro sótanos, adquirido en 2018 por el Estado al Banco de la Nación por US$ 33,5 millones, presentaría deficiencias de diseño que comprometerían su comportamiento frente a un terremoto de gran intensidad.

De acuerdo con el reportaje, el inmueble fue comprado sin que previamente se realizaran estudios estructurales para verificar el estado de sus columnas, vigas y demás elementos de soporte.

Un estudio técnico detectó fallas en la estructura

La investigación periodística reveló que en 2020 el Ministerio de Vivienda contrató un estudio de sismorresistencia elaborado por el ingeniero Carlos Cortijo Narváez, cuyo informe concluyó que la edificación incumple el Reglamento Nacional de Edificaciones debido a problemas de diseño heredados desde la construcción original del inmueble en la década de 1990.

El documento, de más de 250 páginas, identifica como punto crítico el sexto piso, donde la ubicación de la caja de ascensores habría generado una asimetría estructural capaz de provocar un fenómeno de torsión durante un movimiento sísmico.

Según el estudio, esta condición podría originar el denominado "piso blando", incrementando significativamente el riesgo de colapso progresivo de toda la estructura.

El edificio alberga diariamente a más de 700 trabajadores del Ministerio de Vivienda.

Reparación permanece paralizada

El reportaje también recordó que el Ministerio de Vivienda inició un proceso para reforzar estructuralmente el edificio mediante la instalación de disipadores sísmicos y otros elementos de protección.

En febrero de 2024 se adjudicó el diseño del expediente técnico al Consorcio REYCH, pero el contrato fue resuelto tras desacuerdos entre la empresa y el ministerio respecto al alcance del reforzamiento estructural y los plazos de ejecución.

La controversia derivó en un arbitraje administrado por MARC-PERÚ, situación que dejó paralizado el proyecto de reforzamiento.

Posteriormente, en febrero de 2026, el ministerio convocó un nuevo proceso para contratar a otra empresa que elabore el expediente técnico de emergencia, aunque hasta la fecha la intervención no se ha concretado.

Fiscalía busca prevenir posibles delitos

La inspección encabezada por la Fiscalía de Prevención del Delito tiene un carácter preventivo y busca verificar si las autoridades competentes han adoptado las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de quienes laboran o acuden al edificio.

Durante la diligencia se evaluarán las condiciones del inmueble y la documentación técnica relacionada con su estado estructural, a fin de determinar si existe un riesgo que requiera acciones inmediatas por parte del Ministerio de Vivienda.

La actuación fiscal se enmarca en las competencias del Ministerio Público para prevenir hechos que puedan derivar en responsabilidades penales cuando existan situaciones que comprometan la seguridad de las personas.

Hasta el momento, el Ministerio de Vivienda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la diligencia fiscal ni sobre las observaciones formuladas en el reportaje televisivo.

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