El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó una nueva Política Antisoborno para reforzar la lucha contra la corrupción y fortalecer la transparencia en obras públicas, programas de vivienda y proyectos de saneamiento a nivel nacional.
La medida incorpora estándares internacionales de integridad y busca mejorar los mecanismos de prevención, detección y control frente a posibles actos de soborno o manejo irregular de recursos públicos.
Ministerio de Vivienda endurece controles anticorrupción
La nueva política fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 200-2026-VIVIENDA y actualiza el Sistema de Gestión Antisoborno del sector bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 37001:2025.
Con ello, el ministerio busca reforzar la vigilancia en áreas sensibles como contrataciones públicas, subsidios habitacionales, ejecución de obras, proyectos de inversión y programas financiados con cooperación internacional.
Desde el sector señalaron que el objetivo es garantizar que los recursos destinados a viviendas, agua potable y saneamiento lleguen correctamente a las familias beneficiarias y no se vean afectados por actos de corrupción.
Nueva Política Antisoborno prohíbe pagos indebidos
La nueva Política Antisoborno establece una prohibición absoluta frente a cualquier tipo de soborno, pago irregular o beneficio indebido dentro de los procesos administrativos y operativos del ministerio.
Además, incorpora medidas más estrictas para detectar conflictos de interés y fortalecer los mecanismos de supervisión y control interno.
Otro de los cambios importantes es el fortalecimiento de los canales de denuncia y la protección a trabajadores, funcionarios o ciudadanos que reporten posibles irregularidades.
El documento también establece evaluaciones permanentes para medir la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno y asegurar el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia.
Vivienda busca garantizar transparencia en obras públicas
El Ministerio de Vivienda informó que la implementación de esta política se realizará junto a la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con el objetivo de consolidar una cultura institucional basada en responsabilidad y confianza ciudadana.
La estrategia también incorpora criterios vinculados al cambio climático y situaciones de emergencia, contextos donde suelen ejecutarse proyectos de rápida intervención y mayor uso de recursos públicos.
Con esta actualización, el sector busca fortalecer la transparencia en obras públicas y reforzar la vigilancia sobre programas que impactan directamente en miles de familias peruanas.
Corrupción y obras públicas siguen bajo vigilancia
La aprobación de esta nueva política ocurre en un contexto donde distintas entidades públicas vienen reforzando sus mecanismos de control interno y cumplimiento normativo para reducir riesgos de corrupción.
Especialistas señalan que la aplicación de estándares internacionales como la ISO 37001 permite mejorar la trazabilidad de procesos, fortalecer auditorías y reducir riesgos en contrataciones y ejecución de proyectos.
El Gobierno busca que estas medidas contribuyan a mejorar la confianza ciudadana en la gestión pública y garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado.