Escándalo en San Martín: Fiscalía investiga presunto pago de S/40 mil por licitación en Moyobamba

El exadministrador del Gobierno Regional de San Martín, Juan Coronado, es señalado de recibir una coima a cambio de favorecer la adjudicación de chalecos y gorros para un proyecto de seguridad ciudadana.

por Edgar Mandujano

Fiscalía Anticorrupción abre diligencias urgentes

La Fiscalía Anticorrupción de Moyobamba inició diligencias de urgencia contra el exadministrador del Gobierno Regional de San Martín (Goresam), Juan Coronado, luego de que un medio local revelara un presunto pago indebido de S/40 000 destinado a favorecer la adjudicación de una licitación pública.

El caso gira en torno al Proyecto Regional de Seguridad Ciudadana Rural, que incluía la compra de chalecos y gorros para el personal operativo. Ante la denuncia pública, el fiscal provincial Walter Eladio Peña Aguirre lideró un operativo conjunto con la Policía Anticorrupción y la Contraloría General de la República para inspeccionar las oficinas de Logística y Tesorería del Goresam, recabando documentación clave para la investigación.


El audio que podría cambiar el rumbo de la investigación

Uno de los elementos más contundentes revelados hasta el momento es la existencia de un audio filtrado en el que se escucharía a Juan Coronado reconocer el cobro de S/40 000 por parte de un proveedor para asegurarle la buena pro de la licitación. Este material será evaluado como parte de las diligencias y podría convertirse en una pieza clave para sustentar las imputaciones.

Las autoridades señalaron que la información recabada permitirá establecer posibles responsabilidades penales y, dependiendo de los hallazgos, se dispondrá el inicio formal de la investigación preliminar contra todos los implicados.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción en el país. A través de un comunicado, la institución aseguró que este tipo de investigaciones buscan “la búsqueda de la verdad y la sanción efectiva de quienes infringen la ley”.

El caso genera gran expectativa en San Martín, ya que involucra recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana, un tema especialmente sensible para la población de la región. Los resultados de las diligencias podrían derivar en denuncias penales, inhabilitaciones y sanciones ejemplares para los funcionarios implicados.

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