La incorporación de docentes penitenciarios a la Ley de Reforma Magisterial ya es una realidad tras la aprobación del Pleno del Congreso de la República. La medida busca reconocer e integrar a los docentes titulados que laboran en establecimientos penitenciarios dentro de la carrera pública magisterial, permitiéndoles acceder a beneficios laborales, incentivos y mecanismos de desarrollo profesional similares a los que poseen los maestros del sistema educativo nacional.
La propuesta legislativa fue aprobada en primera votación con 80 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. Posteriormente, el Parlamento decidió exonerarla de segunda votación, dejando expedita su promulgación. El dictamen reúne los proyectos de ley 5665/2023-CR, 6284/2023-CR, 9623/2024-CR, 11100/2024-CR, 11745/2023-CR y 13282/2025-CR.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani, sostuvo durante el debate que esta norma corrige una situación de desigualdad laboral que afectaba desde hace años a los profesores que desempeñan funciones educativas dentro de los penales administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La modificación alcanza a docentes de educación básica y educación técnico-productiva que trabajan en establecimientos penitenciarios, quienes hasta ahora permanecían fuera del marco de la Ley 29944, pese a desarrollar labores equivalentes a las del sistema educativo regular.
Incorporación de docentes penitenciarios a la Ley de Reforma Magisterial
Con esta reforma, los maestros del sistema penitenciario podrán formar parte oficialmente de la carrera pública magisterial. La iniciativa modifica el artículo 1 de la Ley de Reforma Magisterial para incluir a los docentes que prestan servicios en establecimientos penitenciarios administrados por el INPE, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La decisión legislativa responde a un antiguo reclamo del sector educativo penitenciario, cuyos integrantes denunciaban diferencias salariales y limitaciones para acceder a beneficios profesionales. Según los impulsores del proyecto, existía una brecha normativa que impedía reconocer plenamente el trabajo pedagógico realizado dentro de los penales.
Los parlamentarios que respaldaron la propuesta señalaron que la educación en establecimientos penitenciarios cumple una función clave en los procesos de resocialización y reinserción social de las personas privadas de libertad. En ese sentido, sostuvieron que fortalecer las condiciones laborales de los docentes permitirá mejorar la calidad educativa en dichos espacios.
Además, remarcaron que la labor de los profesores penitenciarios implica enfrentar contextos complejos y de alta exigencia, lo que hace necesario garantizar estabilidad laboral y acceso a capacitaciones permanentes.
Beneficios para docentes del sistema penitenciario
La incorporación de estos profesionales a la carrera pública magisterial permitirá que puedan acceder a escalas remunerativas, evaluaciones de ascenso, programas de capacitación y otros incentivos contemplados en la Ley de Reforma Magisterial.
Actualmente, muchos docentes penitenciarios trabajaban bajo regímenes especiales que no les otorgaban las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Con la aprobación de esta norma, el Estado reconoce oficialmente que las funciones pedagógicas desarrolladas en los establecimientos penitenciarios tienen el mismo valor que las realizadas en colegios públicos del país.
Entre los beneficios más relevantes destacan el acceso a procesos meritocráticos, evaluaciones de desempeño y mejoras remunerativas progresivas. Asimismo, se espera que la medida contribuya a fortalecer la estabilidad laboral de los docentes que trabajan en penales.
Especialistas en educación y derechos humanos consideran que esta reforma también puede tener un impacto positivo en la reducción de la reincidencia delictiva, debido a que la educación constituye una herramienta fundamental para la rehabilitación social.
Financiamiento de la norma aprobada por el Congreso
El dictamen aprobado incorpora cinco disposiciones complementarias finales. En la primera de ellas se establece que la implementación de la medida será financiada durante el actual año fiscal con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional Penitenciario.
Asimismo, se precisa que la aplicación de la norma no demandará recursos adicionales al Tesoro Público durante este periodo. Para los años fiscales posteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá garantizar los recursos necesarios dentro del marco de la programación multianual del presupuesto público.
Este punto fue uno de los aspectos centrales durante el debate parlamentario, debido a que algunos congresistas solicitaron precisiones sobre el impacto presupuestal de la medida. Finalmente, la propuesta obtuvo respaldo mayoritario tras considerarse viable financieramente.
El Congreso también destacó que la reforma no solo tiene un componente laboral, sino también social y de seguridad ciudadana, ya que busca fortalecer los procesos de educación y reinserción dentro de los centros penitenciarios.
Educación penitenciaria y reinserción social
La educación en establecimientos penitenciarios ha sido considerada durante años como uno de los pilares para la reinserción de personas privadas de libertad. Diversos estudios sostienen que el acceso a programas educativos dentro de los penales reduce los índices de reincidencia y facilita la integración social tras el cumplimiento de condenas.
En el Perú, miles de internos participan en programas de alfabetización, educación básica y formación técnico-productiva. Sin embargo, las limitaciones presupuestales y la falta de reconocimiento a los docentes habían generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos programas.
Con la aprobación de esta ley, el Parlamento busca fortalecer el sistema educativo penitenciario y brindar mayores garantías a quienes desempeñan labores de enseñanza en estos espacios.
La decisión también representa un respaldo institucional al trabajo de los docentes penitenciarios, quienes durante años reclamaron igualdad de condiciones frente a otros profesionales del sistema educativo nacional.
El siguiente paso será la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia y posterior implementación administrativa por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario.