La Contraloría General dio a conocer el operativo nacional de control “Discapacidad e Inclusión Social” cuyo objetivo es promover que las entidades públicas den cumplimiento a la normativa vigente respecto al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, accesibilidad y ejecución presupuestal; así como, al cumplimiento del incremento del empleo, educación, transporte y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y la dotación de material educativo adaptado para estudiantes con discapacidad visual.
La presentación de los alcances del operativo, denominado “Discapacidad e Inclusión Social”, se realizó ante representantes del Ministerio de Salud, Congreso de la República y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), y estuvo a cargo del contralor general, Nelson Shack, quien resaltó que el máximo ente del Sistema Nacional de Control busca contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad para su inclusión plena y efectiva en la sociedad.
Como parte de este importante despliegue de la Contraloría, los equipos de auditores se encargarán de supervisar los siguientes aspectos:
- Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RPDC) respecto a la población con discapacidad censada, a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.
- Implementación del Registro Nacional de Discapacidad a nivel Regional y Municipal. Limitaciones para el ingreso y/o desplazamiento de personas con discapacidad en entidades públicas (Accesibilidad física).
- Limitaciones en la asignación y ejecución del 0.5% del presupuesto para las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).
- Incumplimientos en la normativa de discapacidad respecto a la cuota de empleo, educación, transporte y accesibilidad, y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Problemática respecto a la educación básica regular para personas con discapacidad.
Problemáticas detectadas
Shack Yalta mencionó que la Contraloría realizó un análisis sobre la implementación y cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y se pudo identificar una serie de problemáticas vigentes, tales como que en el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS) existen componentes de gestión de la discapacidad que están asignados a diferentes entidades, lo cual retrasa la toma de decisiones, transferencias de información, coordinaciones operativas y otros trámites.
Otras problemáticas detectadas involucran a deficiencias en la ejecución de los programas presupuestales N° 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” y N° 129 “Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con discapacidad”, así como en el subregistro de personas con discapacidad, en la ejecución del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, en la asignación de recursos públicos a proyectos en materia de discapacidad, entre otras conclusiones.
El Contralor General explicó que el operativo se desarrollará entre noviembre 2023 y abril 2024, y permitirá que 1456 auditores de la Contraloría General, que tendrán el apoyo de 400 Monitores Ciudadanos de Control (MCC), intervengan más de 1800 entidades públicas de todo el país, a las cuales se realizarán servicios de control simultáneo y posterior.
“Como resultado del operativo, generaremos muchísima información que le va a servir al sistema y vamos a emitir muchas recomendaciones. Se movilizarán alrededor de 2000 personas, de los cuales casi 1500 son auditores, y como creemos que el control social es el mejor aliado del control gubernamental pues vamos a movilizar a los Monitores Ciudadanos de Control que nos van a apoyar en este operativo”, comentó.
