El Congreso de la República aprobó una medida clave para las universidades públicas del país, al autorizar que, de manera excepcional durante el año fiscal 2025, puedan realizar modificaciones presupuestarias internas para financiar sus gastos de gestión y operatividad. La norma, sustentada en el Proyecto de Ley N.º 10997/2025-CR presentado por el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), fue respaldada por una amplia mayoría con 92 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
Universidades podrán reestructurar fondos sin pasar por el MEF
¿Qué significa esta aprobación? El artículo único de la norma autoriza que las universidades públicas realicen modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a recursos existentes en partidas de gasto como retribuciones, complementos en efectivo y contribuciones a la seguridad social.
Esto implica que las casas de estudio podrán trasladar recursos internos sin requerir autorizaciones adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un alivio para las universidades que afrontan restricciones en su ejecución presupuestal. La medida busca, según la exposición de motivos, dar flexibilidad para mantener la operatividad institucional, pagar servicios básicos, cubrir compromisos de gestión y garantizar el funcionamiento académico durante el próximo ejercicio fiscal.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, explicó que “en todo el sector público existen saldos presupuestales que no se pueden utilizar por la rigidez del presupuesto 2025, y uno de ellos son las universidades públicas”. Con esta disposición —precisó— se busca liberar recursos que ya existen en los pliegos, pero que no podían ser utilizados con rapidez por trabas administrativas.
La ley beneficiará directamente a docentes y trabajadores universitarios
Durante el debate, el Pleno del Congreso incorporó propuestas de los legisladores Eduardo Salhuana Cavides (APP), Elizabeth Medina Hermosilla (SP) y Alex Paredes Gonzales (SP), quienes resaltaron la necesidad de asegurar los pagos de docentes y trabajadores administrativos, así como de garantizar la continuidad de los servicios académicos.
La primera disposición complementaria final de la norma autoriza, además, un incremento de remuneraciones para los docentes ordinarios y contratados de las universidades públicas. Este aumento se concretará mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y de Educación, a propuesta de este último, y se aplicará a partir del mes de diciembre de 2025.
Este punto fue destacado como uno de los principales logros del acuerdo legislativo, al responder a una demanda histórica del magisterio universitario, que desde hace meses exige mejoras salariales y estabilidad presupuestaria en la educación superior pública.
Medida excepcional con exoneraciones normativas
El texto aprobado también dispone que estas modificaciones presupuestarias quedan exoneradas de las restricciones establecidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (Ley 32185) y en varios artículos del Decreto Legislativo 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
De esta manera, los pliegos presupuestarios universitarios podrán emitir resoluciones internas para redistribuir sus recursos, previa opinión favorable de sus Oficinas de Presupuesto y Recursos Humanos, o las que hagan sus veces.
El objetivo, remarcan desde la Comisión de Presupuesto, es que las universidades no dependan de procedimientos lentos para atender necesidades urgentes, sobre todo en contextos donde los fondos asignados por el Estado resultan insuficientes o se ejecutan con rigidez.
Más disposiciones complementarias en favor de la gestión universitaria
El texto sustitutorio aprobado por el Congreso incluye cinco disposiciones complementarias finales y una modificatoria, orientadas a reforzar la gestión institucional. Entre ellas se considera la posibilidad de que las universidades puedan optimizar el uso de sus recursos de autogeneración, implementar proyectos de inversión y fortalecer los servicios académicos y de investigación.
El Congreso precisó que la aplicación de la ley será exclusiva para el año fiscal 2025, con la posibilidad de evaluar su ampliación si los resultados son positivos. La medida fue exonerada de segunda votación, por lo que queda lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo en los próximos días.
Con esta decisión, el Parlamento busca garantizar la estabilidad financiera de las universidades públicas y darles margen de maniobra para enfrentar sus gastos de gestión en un contexto económico nacional que sigue afectando la inversión en educación superior.