La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un dictamen que propone la cancelación de licencia de conducir e inhabilitación para obtener un nuevo brevete a personas condenadas por delitos cometidos utilizando vehículos motorizados.
La iniciativa busca reforzar la seguridad ciudadana frente al aumento de delitos ejecutados con motocicletas y otros vehículos, especialmente casos de robo, extorsión y sicariato.
El proyecto se sustenta en el Proyecto de Ley 10465/2024-CR, presentado por la congresista Jeny López Morales, y fue aprobado con 15 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Cancelación de licencia apunta a delitos cometidos en motos
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis, señaló que la propuesta responde al contexto actual de inseguridad ciudadana y al incremento de delitos cometidos usando motocicletas y otros vehículos motorizados.
Según explicó, la iniciativa plantea que la sanción solo se aplique cuando exista una sentencia condenatoria firme, garantizando el respeto al debido proceso y evitando medidas arbitrarias.
Además, el dictamen incorpora criterios de gradualidad según la gravedad del delito cometido.
De esta manera, se diferencia entre delitos sin violencia, delitos con intimidación y aquellos que afectan la vida o integridad de las personas.
Congreso endurece medidas contra delincuencia motorizada
El avance del dictamen ocurre en medio del creciente debate sobre el uso de motocicletas en actividades criminales.
En los últimos años, distintas modalidades delictivas han utilizado motos lineales para facilitar fugas rápidas y dificultar la identificación de los responsables.
Por ello, el Congreso busca endurecer las sanciones administrativas para personas condenadas por este tipo de delitos.
Especialistas consideran que la medida puede tener un impacto preventivo, aunque también advierten que será clave fortalecer la fiscalización y el control para garantizar su cumplimiento.
También aprueban cambios sobre geolocalización y telecomunicaciones
En la misma sesión, la comisión aprobó otro dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1182, relacionado con el uso de datos de telecomunicaciones para la identificación y geolocalización de equipos móviles en investigaciones contra el crimen organizado.
La propuesta busca facilitar el trabajo de la Policía frente a delitos como extorsión, secuestro y estafas digitales cometidas mediante chips extranjeros o líneas no registradas.
El congresista Mori Celis afirmó que actualmente existen vacíos normativos que limitan el acceso rápido a información de localización en tiempo real, situación que —según sostuvo— genera espacios de impunidad.
Debate entre seguridad y derechos ciudadanos
Aunque las iniciativas fueron respaldadas por mayoría en la comisión, especialistas consideran que el debate continuará en el Pleno debido al impacto que podrían tener en derechos vinculados a privacidad y reinserción social.
Mientras algunos sectores consideran que las medidas responden al reclamo ciudadano de mayor seguridad, otros advierten sobre la necesidad de evitar excesos en el uso de mecanismos de control y vigilancia.
Por ahora, ambos dictámenes representan uno de los intentos más recientes del Congreso por endurecer las herramientas legales contra el crimen organizado y la delincuencia urbana.