La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró que se confirme la sentencia de 17 años de prisión efectiva impuesta a tres efectivos de la Policía Nacional del Perú por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en agravio de Azul Rojas, ciudadana trans y activista de la comunidad LGTBIQ.
La decisión de la Fiscalía ratifica la sentencia emitida el 15 de diciembre de 2025, que declaró acreditada la responsabilidad penal de los agentes por los hechos ocurridos en 2008, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.
Fiscalía logró ratificar la condena a policías
El caso fue sustentado por la fiscal superior Rosario Quico Palomino, titular de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, quien consiguió que se confirme la condena contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León.
Según informó el Ministerio Público, la resolución ratifica los hechos acreditados durante el juicio oral y mantiene la pena privativa de libertad impuesta a los tres sentenciados.
La decisión constituye un nuevo avance judicial en uno de los casos más emblemáticos sobre violencia policial y vulneración de derechos humanos contra personas de la comunidad LGTBIQ en el Perú.
Se acreditó detención arbitraria y agresiones contra Azul Rojas
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, el Poder Judicial determinó que los efectivos policiales realizaron una detención arbitraria de la víctima y posteriormente ejercieron actos de violencia física y psicológica.
Asimismo, el tribunal concluyó que Azul Rojas fue víctima de violación sexual agravada, conducta que fue calificada como un acto de tortura debido a las circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la participación de agentes del Estado.
La resolución también considera acreditado que las agresiones estuvieron motivadas por la identidad de género y orientación sexual de la agraviada.
Un caso ocurrido en 2008
Los hechos materia del proceso ocurrieron en el año 2008 en la ciudad de Trujillo, cuando Azul Rojas fue intervenida por los tres policías.
El caso permaneció durante varios años en distintas instancias judiciales y administrativas hasta que el Ministerio Público impulsó la investigación especializada bajo el enfoque de derechos humanos.
La sentencia de primera instancia fue emitida el 15 de diciembre de 2025 y ahora ha sido confirmada por la instancia superior, consolidando la responsabilidad penal de los condenados.
Caso emblemático en materia de derechos humanos
La investigación ha sido considerada un precedente relevante para la protección de los derechos de las personas LGTBIQ frente a actos de violencia cometidos por agentes estatales.
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos destacó que la confirmación de la condena reafirma el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar las graves vulneraciones a los derechos fundamentales, especialmente cuando las víctimas pertenecen a poblaciones históricamente discriminadas.