Una obra diseñada para reducir el riesgo de inundaciones en Cusco vuelve a quedar atrapada en una disputa contractual. El proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, valorizado en alrededor de S/200 millones, enfrenta un nuevo conflicto luego de que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) rechazara una ampliación de 158 días recomendada por la supervisión.
La controversia involucra al Consorcio Cachimayo, ejecutor de la obra, y al PNSU, entidad que administra el proyecto. El punto central es el tiempo perdido durante la paralización del frente Casuarinas, donde se encuentran componentes vinculados con los llamados tanques de tormenta.
El proyecto ya había acumulado más de 300 días de retraso en ese frente, según reportes y documentos citados en investigaciones periodísticas. En abril de 2025, pobladores de la zona se opusieron a los trabajos y retiraron del lugar a personal que realizaba labores de replanteo.
Cachimayo: 158 días en disputa
La supervisión, a cargo del Consorcio Concremat-Milla, recomendó el 24 de julio de 2026 ampliar en 158 días calendario el plazo contractual mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA.
El sustento señalado fue que parte del retraso estaba relacionado con el conflicto social que afectó el frente de los tanques de tormenta y que, según la documentación citada, no sería atribuible al contratista.
Sin embargo, el 8 de setiembre, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual rechazó la ampliación solicitada.
La decisión abrió un nuevo frente de controversia. Mientras la supervisión recomendó reconocer tiempo adicional, el PNSU adoptó una posición distinta.
El frente Casuarinas
El origen del problema se remonta a la oposición de vecinos a la construcción de los tanques de tormenta. Los pobladores cuestionaron su ubicación frente a sus viviendas y expresaron reparos relacionados con las condiciones del terreno y la presencia de napa freática.
La tensión aumentó en abril de 2025, cuando trabajadores fueron retirados del lugar durante labores de replanteo. El episodio terminó afectando el cronograma del proyecto.
Reportes periodísticos posteriores señalaron que documentos del PNSU y de la supervisión identificaron el conflicto social como una causa del retraso y no como un incumplimiento atribuible al Consorcio Cachimayo. Esa atribución, sin embargo, forma parte de la controversia contractual que ahora deberá resolver la entidad.
Una obra de S/200 millones
La segunda etapa del proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo comprende intervenciones en Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La infraestructura contempla colectores, sumideros y tanques de tormenta destinados a captar y conducir aguas pluviales para reducir el impacto de las lluvias intensas en la ciudad.
La magnitud de la intervención hace que el problema contractual tenga una dimensión adicional: cualquier nueva paralización podría retrasar la puesta en funcionamiento de una infraestructura concebida precisamente para reducir la exposición de la población a inundaciones.
El costo del retraso
El Consorcio Cachimayo sostiene que la paralización y los retrasos le han generado perjuicios económicos. Su representante, Juan Carlos Velázquez, señaló en una entrevista difundida por RPP que un peritaje especializado habría calculado en más de S/35 millones las pérdidas por improductividad.
Ese monto corresponde a la posición expresada por el contratista y deberá ser contrastado con la documentación contractual y la posición del PNSU. No constituye, por sí mismo, una obligación reconocida por el Estado.
La discusión también alcanza a la eventual responsabilidad por el tiempo perdido. Mientras el contratista sostiene que el retraso obedeció a circunstancias ajenas a su control, la decisión del PNSU de negar la ampliación mantiene abierta la controversia sobre quién debe asumir sus consecuencias.
¿Qué viene ahora?
El viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta Escribens, dispuso la conformación de una mesa de trabajo para abordar la situación de la obra.
La instancia tendrá que buscar una salida a una disputa que ya acumula varios meses y que ahora tiene como punto central el cronograma contractual.
Para el Estado, el desafío es evitar que una controversia administrativa termine afectando una obra de prevención. Para el contratista, la discusión pasa por determinar si el tiempo en que no pudo ejecutar determinados trabajos debe ser reconocido y cuáles serían las consecuencias económicas de no hacerlo.
Cachimayo enfrenta así una nueva cuenta regresiva. La obra fue concebida para reducir el impacto de las lluvias sobre cuatro distritos del Cusco, pero antes deberá superar un conflicto contractual que podría definir su continuidad.