Al menos 21 personas fueron baleadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, reveló ABC News basado en reportes periodísticos, declaraciones de legisladores y comunicados oficiales. De ese total, ocho tiroteos fueron mortales y tres de las víctimas fallecidas eran ciudadanos estadounidenses.
El episodio más reciente ocurrió el pasado 20 de septiembre en Austin, Texas, donde un agente de inmigración disparó contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un inmigrante venezolano de 28 años que trabajaba como repartidor de DoorDash. El hombre recibió un impacto en el torso y permaneció bajo custodia de ICE con una bala alojada cerca de la columna vertebral.
Agentes de ICE dispararon a al menos 21 personas en lo que va del gobierno de Trump
El recuento de ABC News comprende incidentes registrados durante el segundo mandato de Donald Trump y muestra que los disparos protagonizados por agentes federales de inmigración no se limitaron al reciente episodio de Austin. Ocho de los 21 tiroteos terminaron con la muerte de las personas alcanzadas por las balas; tres de estas víctimas tenían ciudadanía estadounidense.
Uno de los fallecimientos mencionados en las audiencias del Congreso corresponde a Renee Good, una mujer de 37 años de Minneapolis que murió tras recibir disparos de un agente de ICE en enero. Su madre, Donna Ganger, declaró el 22 de septiembre ante legisladores estadounidenses y cuestionó las circunstancias que llevaron al operativo.
Otro de los casos corresponde a Lorenzo Salgado, un mexicano de 52 años que murió tras recibir un disparo de un agente de ICE en Houston, en julio. Su hijo, Lorenzo Salgado Jr., afirmó ante el Congreso que la familia todavía no había recuperado las pertenencias de su padre y reclamó información oficial sobre lo ocurrido.
El aumento de los operativos migratorios durante el segundo mandato de Trump también ha provocado protestas y pedidos de mayor supervisión sobre las actuaciones de los agentes. Legisladores y autoridades locales han solicitado investigaciones independientes en algunos de los episodios, mientras el Gobierno federal sostiene que ICE debe cumplir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso.
Inmigración disparó a inmigrante en Texas
El caso de Wilber Garcés Pérez ocurrió el domingo 20 de septiembre en Austin. Según las autoridades, agentes de ICE lo intervinieron y se produjo una persecución a pie antes del disparo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el inmigrante había ingresado irregularmente a Estados Unidos y tenía una orden definitiva de deportación.
La versión de su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, es distinta. La defensa sostiene que el venezolano ingresó legalmente al país, había solicitado asilo y contaba con un permiso de trabajo. Garcés Pérez también afirmó que los agentes no se identificaron ni utilizaron luces o sirenas antes de que su vehículo fuera impactado y rechazó la versión de que hubiera escapado a pie.
Tras el disparo, el repartidor fue trasladado a un hospital y después quedó bajo custodia migratoria. Su abogada denunció que permaneció con la bala alojada cerca de la columna vertebral y que recibió atención médica insuficiente. Posteriormente, volvió a un hospital para recibir tratamiento.
El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió una investigación independiente sobre el episodio. El DHS informó que investigaba el tiroteo, mientras que autoridades locales reclamaron acceso a información que permita establecer cómo se produjo el uso del arma.
DHS justifica redadas y deportaciones
El DHS defendió las operaciones de ICE y sostuvo que la agencia tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso. Tras el tiroteo de Austin, la entidad rechazó los pedidos para que los agentes migratorios abandonen la ciudad y afirmó que mantendrá sus operaciones.
"El DHS nunca se disculpará por expulsar a estos criminales de nuestras comunidades, porque deportar a los inmigrantes ilegales salva vidas", exclamó Markwayne Mullin, secretario del DHS, vía X (antes Twitter).
Mullin también defendió públicamente las acciones de los agentes y sostuvo que ICE había detenido a inmigrantes que, según el Gobierno, representaban una amenaza para la seguridad pública. La administración de Trump ha presentado las redadas y deportaciones como parte de su política de control migratorio.
Piden disolver ICE
El debate sobre las actuaciones de ICE se intensificó el 24 de septiembre, luego de que Amnistía Internacional publicara un informe sobre las operaciones migratorias ejecutadas durante la Administración Trump.
La organización documentó presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales en operaciones realizadas en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D. C. El informe recoge denuncias sobre detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza, represión de protestas y otras actuaciones que, según Amnistía, forman parte de un patrón recurrente.
A partir de esas conclusiones, Amnistía Internacional pidió la abolición de ICE y sostuvo que la agencia requiere una transformación estructural para garantizar que el control migratorio respete los derechos humanos. La organización señaló que las prácticas documentadas no constituyen, según su investigación, hechos aislados.
La organización también destacó el papel de las comunidades migrantes y de las redes de apoyo que han documentado los operativos y las denuncias. Su informe se suma a los cuestionamientos formulados por familiares de personas fallecidas, legisladores y autoridades locales tras los recientes tiroteos protagonizados por agentes federales.